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Guadalupe Sánchez

Limitar el poder

«Sánchez está dispuesto a arrasar con los elementos que cuestionan la legalidad de su producción legislativa y silenciar a quienes están dispuestos a contarlo»

Opinión
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Limitar el poder

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz

El liberalismo está sometido a la caricatura constante por parte de quienes se han arrogado la potestad de decidir qué es lo mejor para usted. Pero a pesar del empeño en hacer pasar a quienes lo predican por egoístas extremistas carentes de empatía cuyo objetivo es el de acaparar capital pisoteando al prójimo, lo cierto es que la casa común de todos los liberales es, como bien sostiene el profesor Rodríguez Braun, la noción de poder limitado. Algo que molesta particularmente a los socialistas que, tras el parapeto de conceptos biensonantes e indeterminados tales como la justicia social o el bien común, aspiran no sólo o acaparar todo el poder, sino a imponernos su visión del mundo y cargarnos la factura. 

La limitación del poder es la causa y consecuencia de la igualdad ante la ley sobre la que se cimenta el Estado democrático liberal y de Derecho moderno, que asume la condición de garante de los derechos del individuo frente a otros modelos que los subordinan siempre a la agenda estatal. Esta máxima liberal aparece plasmada en el constitucionalismo contemporáneo a través del principio de legalidad, que somete a todos los ciudadanos -y muy especialmente a los poderes públicos- al imperio de la ley. Y presenta implicaciones institucionales de primer orden, pues es precisamente para garantizar su implementación y efectividad por lo que aparecen conceptos como el de la neutralidad institucional o emergen los contrapoderes independientes, técnicos y especializados como el judicial. 

Cierto es que la socialdemocracia surgió como un modelo de compromiso que pretendía conjugar ambas visiones: libertad individual y la mal llamada ‘justicia redistributiva’, que acepta la pobreza como un mal estructural que se puede paliar pero no erradicar creando las condiciones adecuadas para ello. Pero la experiencia en países como la Argentina peronista o la España sanchista viene demostrando que el equilibrio es imposible, porque el socialismo tiende siempre a desplazar primero -y aniquilar después- a la libertad.

«La convivencia, la diversidad, la lucha contra el cambio climático o la apelación a la soberanía popular son los tótems de nuevo cuño en los que se viene fundamentando la aprobación de normas que garantizan impunidad a políticos delincuentes»

Las consecuencias de la deriva socialista de la socialdemocracia se traducen tanto en el abandono de la neutralidad en pos del seguidismo político mediante la colocación en los cargos públicos de personas afines, como en la aprobación de normas que persiguen la instauración de privilegios legales y/o judiciales sustentados siempre en objetivos tan biensonantes como falaces: la convivencia, la diversidad, la lucha contra el cambio climático o la apelación a la soberanía popular son los tótems de nuevo cuño en los que se viene fundamentando la aprobación de normas que garantizan impunidad a políticos delincuentes, cuestionan la presunción de inocencia e imponen restricciones a la libertad.

Dado que el éxito de tales iniciativas legislativas es imposible allá donde la justicia ejerce efectivamente como contrapoder, se va abonando el terreno de la desconfianza hacia los jueces y magistrados, ya no poniendo en tela de juicio la calidad jurídica de sus resoluciones sino, directamente, atribuyéndoles una intencionalidad política a sus decisiones: el llamado lawfare.

En este punto de cocción exacto es en el que se encuentra España, ya que Sánchez está dispuesto a arrasar con los elementos del sistema que cuestionan la legalidad de su producción legislativa -jueces independientes- y silenciar a quienes están dispuestos a contarlo -prensa crítica-. Culminará así el proceso de colonización que emprendió hace cinco años, semanas después de su investidura, con el nombramiento de su ministra de Justicia como fiscal general. 

Lo peor es que buena parte de la sociedad española está dispuesta a dejarlo hacer y a que nuestro país toque fondo, porque la alternativa a que otros decidan por ti es tener que decidir tú, y los discursos empoderantes con los que gustan adornarse terminan donde empieza la responsabilidad individual, tan denostada en estos tiempos aciagos de mansedumbre, mesianismo y relativismo moral.

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