La amnistía, el precio de Sánchez

En 1977, nada más ser elegidas, las primeras Cortes democráticas aprobaron la Ley de la Amnistía, con la que se cerraba solemne y formalmente el enfrentamiento de las dos Españas, cuya manifestación más trágica y terrible había sido la Guerra Civil. Aquello fue el abrazo fraternal de todos los españoles, los de izquierda y los de derecha, los que habían estado con Franco y los que habían estado con el Frente Popular de la II República. Fue la manifestación más emocionante y rotunda del «nunca más», de la voluntad de que nunca más las diferencias políticas de los españoles los llevaran a un enfrentamiento violento.

Fue una amnistía celebrada por todos los españoles, y no solo por los políticos, que llevaba consigo también el compromiso de todos de no utilizar lo ocurrido durante aquellos 41 años como arma dialéctica de unos contra otros. Todos sabían que unos y otros habían cometido errores y horrores y que lo mejor, y lo más cristiano, era el perdón y el olvido y, por supuesto, la voluntad de reparar en lo posible a los que podían haber sufrido más durante ese tiempo.

Mañana se va a aprobar definitivamente en el Congreso de los Diputados otra ley de amnistía, pero esta vez no va a haber ningún abrazo fraternal de ningún español con otro, ni va a ser recibida y entendida por el conjunto de los españoles como el final de una etapa trágica de errores de unos y otros.

Dejemos, por ahora, el dilema jurídico de si en nuestra Constitución, la que nació de aquel abrazo de la amnistía de 1977, cabe una amnistía. Ya sabemos que la inmensa mayoría de juristas de prestigio que han estudiado el caso niegan esa posibilidad, aunque también sabemos que Sánchez ya se ha encargado de articular un Tribunal Constitucional en el que el prestigio de algunos de sus componentes consiste en haber sido y seguir siendo fieles seguidores suyos.

Vayamos al fondo de la cuestión, que no es otro que la certeza universalmente aceptada de que amnistiar a todos los que tomaron parte en el proceso que llevó a la declaración de la república catalana en octubre de 2017 es el pago que Sánchez ha entregado a los golpistas de entonces para que le invistan presidente del Gobierno. Ni más ni menos.

«Durante la campaña electoral, tanto su líder como los candidatos socialistas expresaron que nunca votarían una ley de amnistía»

Todo quedó meridianamente claro la noche del 23-J, cuando se conocieron los resultados y se comprobó que la suma de los escaños del PP, Vox y UPN no llegaban a esa mitad más uno, 176, que otorga la mayoría absoluta. Por eso, inmediatamente, Sánchez y su gente, que habían perdido las elecciones, empezaron a saltar de alegría porque sabían que, si se unían a todos los demás, es decir, a comunistas, separatistas, independentistas, golpistas y filoterroristas, su investidura estaba hecha. Como también sabían que, para que todos sus socios independentistas la apoyaran, tenían que concederles la amnistía. Es decir, el borrado y el olvido de todas las operaciones que, desde 2012 hasta ahora, los separatistas catalanes en sus varias familias (ERC, Junts y la CUP) habían llevado a cabo. Operaciones que, según la Justicia de un Estado de derecho como España, habían incurrido en gravísimos delitos que van desde la sedición a la malversación, pasando por la desobediencia y hasta por el terrorismo.

De manera que la amnistía que mañana se va a aprobar no solo es una aberración jurídica y una norma inconstitucional. Es la manifestación más escandalosa de la peor de las corrupciones, la de utilizar el poder, en este caso el Poder Legislativo, para lograr un beneficio personal, el de Sánchez de seguir en La Moncloa y el de todos los socialistas y comunistas que, gracias a él, ocupan puestos y sueldos en la Administración del Estado.

Pero es que, además, la votación de mañana en el Congreso va a plantear a los 121 diputados socialistas que allí se sientan un profundo dilema moral. Todos ellos fueron elegidos el 23-J por ciudadanos que los votaron libremente en razón de unos programas y unos proyectos que los candidatos socialistas presentaron a los españoles. Y en esos programas y proyectos no solo no estaba la amnistía, sino que, durante toda la campaña electoral, tanto su líder como ellos mismos expresaron con rotundidad que nunca, nunca, votarían una ley como esa, que declaraban solemnemente que era inconstitucional.

Mañana van a votar lo contrario que prometieron. ¿Tendrán todos ellos la conciencia tranquila? ¿No sentirán, como le ha pasado a Javier Lambán en similar ocasión en el Senado hace unos días, una llamada de sus conciencias que les pueda llevar a votar de acuerdo con lo que prometieron, o al menos a ausentarse de la votación? Pues no, Sánchez y los golpistas pueden estar seguros, ni uno solo de los diputados socialistas va a desobedecer a su jefe, aunque para eso tenga que violentar su conciencia o aunque le dé vergüenza saber que ha mentido a sus electores.

«Sánchez quiere utilizar la amnistía como otro elemento más de ese muro que está construyendo para dividir a los españoles»

Este servilismo absoluto de los diputados hacia su jefe es una de las consecuencias perversas de la actual ley electoral española, que hace que el único compromiso de un cargo electo no sea el que debería tener con su propia conciencia y con los ciudadanos que le han votado y a los que representa, sino el que tiene con el jefe («el puto amo») que le ha puesto en la lista y que, por consiguiente, le puede quitar en la próxima, si se le ocurre desobedecerle.

La aprobación de esta siniestra amnistía no conduce a ningún abrazo entre españoles -no olvidemos que los golpistas del 17 ya han declarado sin rubor que lo volverán a hacer-, sino todo lo contrario. Porque, además, Sánchez la quiere utilizar como otro elemento más de ese muro que está construyendo para dividir a los españoles en buenos, los que le hacen la ola, y malos, los que defendemos el abrazo de la amnistía de 1977 y la Constitución que nació de aquello.

Por otro lado, Sánchez tiene que saber que mañana va a quedar claro que la iniciativa política de esta legislatura no está en sus manos. Lo invistieron los independentistas para que sacara adelante una ley como esta, que les concede impunidad y que les coloca en situación de repetir su golpe. Aprobar esta ley es la demostración más palpable del sometimiento total del sanchismo a sus socios, es decir, que desde ahora solo saldrán adelante las propuestas de sus socios. La retirada de la ley del suelo la semana pasada es el perfecto anuncio de lo que va a pasar a partir de mañana: independentistas, comunistas y filoterroristas marcarán la agenda a los sanchistas, que harán lo que aquellos les manden para seguir así en el poder y en los sueldos.