El cohete de Tintín
«La gasolina que impulsa el cohete de la economía lleva mucho tiempo adulterada, apoyada en una mejora del paro en base al empleo público y en subsidios públicos»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz
El presidente del Gobierno de España declaraba hace unos días que la economía española va como un cohete; lo que supone una subida de nivel respecto a hace unos meses cuando decía que la economía de nuestro país iba como una moto. Apoyaba este cambio en que la economía española, según la nueva previsión de la Comisión Europea, puede crecer el 2,1% este año, el triple que la media europea.
El problema es que puede ser el famoso cohete de Tintín. La economía crece más, pero los españoles somos cada vez mas pobres. Al presidente se le olvidó que en términos de renta per cápita, esa que divide el PIB entre la población de un país, España lleva años retrocediendo en nuestra comparación con Europa. No hemos alcanzado todavía el nivel de renta per cápita anterior al COVID y, la productividad ha caído un 4,7% frente a un crecimiento en la media de la UEM del 4% entre 2018 y 2022.
La gasolina que impulsa la moto o el cohete lleva mucho tiempo adulterada, apoyada en una mejora del paro en base a la creación de empleo público y en el ingente volumen de todo tipo de subsidios y ayudas públicas. Subsidios y ayudas financiadas con los recursos que previamente el Gobierno ha «extraído» de los particulares y empresas por la vía fiscal.
La economía española cayó en el año 2020 un 11,2%, lo que representó la mayor contracción de todos los países desarrollados, y no recuperó el PIB pre covid hasta finales del año 2022; es decir, se perdieron tres años de crecimiento. Fuimos el último país en recuperar el nivel de PIB anterior al COVID. Es cierto que nuestro crecimiento se situará en el 2,1% para 2024, lo que representa una cifra superior a la media de la UE. Pero hay que tener presente que nuestro nivel de partida en 2020 era muy inferior por la caída antes mencionada. Es la ventaja de poder hablar de crecimiento en términos porcentuales; un crecimiento en gran medida insano por depender excesivamente del gasto público.
Existen numerosos factores que van a propiciar que ese cohete tenga un aterrizaje forzoso. Elementos que están «gripando» la supuesta moto de la economía española.
«Es cierto que nuestro crecimiento se situará en el 2,1% para 2024, lo que representa una cifra superior a la media de la UE. Pero hay que tener presente que nuestro nivel de partida en 2020 era muy inferior»
La inflación ha repuntado en los últimos meses por la elevación del precio del gas natural fundamentalmente, situándose en el 3,6%, casi un punto por encima del IPC medio de la Zona euro. Además, la tasa de paro se ha elevado al 12,5%, lo que nos pone a la cabeza del paro en toda La Unión Europea. Datos absolutamente objetivos con los que resulta imposible justificar que nuestra economía va como un cohete, como afirmó Pedro Sánchez.
El modelo económico español, al igual que en los años sesenta se sigue apoyando en el turismo, un modelo de riqueza intensivo en mano de obra y bajos salarios, más propio del siglo XX. España ha sido incapaz de evolucionar hacia un modelo en el siglo XXI cuyo crecimiento se apoye en la tecnología y la innovación. El futuro no tiene mejor aspecto. Afortunadamente los visitantes extranjeros siguen batiendo récord, generando unos ingresos anuales superiores a los 100.000 millones de euros, lo que permite que la balanza por cuenta corriente sea positiva; no hay que olvidar que las exportaciones, salvo el turismo, no se están comportando satisfactoriamente
«España ha sido incapaz de evolucionar hacia un modelo en el siglo XXI cuyo crecimiento se apoye en la tecnología y la innovación»
La política económica del Gobierno actual, está penalizando claramente la competitividad empresarial, y generando una gran inseguridad jurídica que lastra la inversión tanto nacional como extranjera; asimismo el riesgo regulatorio es creciente con tomas de participaciones por la SEPI de empresas privadas, como es el caso de Telefónica o Indra con el objetivo fundamental de conseguir su control.
La política fiscal sigue incrementando el gasto público y la deuda, poniendo en peligro la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, muy especialmente las pensiones. Respecto a la reforma de éstas, según la Comisión Europea y la OCDE, no garantiza la sostenibilidad del sistema, puesto que también penaliza la creación de empleo, al incrementar las cotizaciones sociales y por tanto los costes laborales. Además, se ha perdido en parte el carácter contributivo del modelo al establecer para los trabajadores con mayor nivel de renta, un impuesto que no computa para la percepción de la pensión.
El nivel actual de los impuestos es claramente confiscatorio, desincentivando decisiones de inversión, trabajo y ahorro. De hecho, las comunidades autónomas con menores tipos impositivos, como la Comunidad de Madrid, son las que más recaudan y generan más crecimiento y empleo. A nivel estatal se establecieron por sorpresa impuestos injustificados sobre la banca, las eléctricas y las grandes fortunas. La política de gasto público y de incremento de la presión fiscal está teniendo un efecto muy negativo sobre el potencial de crecimiento de nuestra economía.
Se están modificando las normas del mercado de trabajo, lo que penaliza enormemente la competitividad empresarial y la creación de empleo. La reforma laboral, ha incrementado la rigidez del mercado de trabajo, por lo que la ley de Okun se ha elevado, es decir, hace falta más crecimiento económico para generar empleo neto. Las cifras de empleo se han distorsionado con la proliferación de los trabajadores con contrato fijo discontinuo que se encuentran sin actividad, que no computan como parados y que en muchos casos sus empleadores han desaparecido, sobre todo en el sector servicios.
La elevación del Salario Mínimo Interprofesional ha encarecido los costes laborales, lo que ha destruido empleo, por ejemplo, en el servicio doméstico, favoreciendo el desarrollo de la economía sumergida.
Actualmente el coste mínimo de un trabajador para un empresario, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, es de 21.400 € al año, lo que penaliza la creación de nuevos puestos de trabajo. La reducción de la jornada laboral legal semanal manteniendo los salarios, representa un fuerte incremento de los costes laborales, que penalizará claramente la competitividad de las empresas y lastrará la actividad productiva.
El absentismo laboral crece en el año 2020 del covid hasta un 7% de la jornada y se sigue manteniendo en estos niveles sin que se tomen las medidas necesarias para reducirlo, lo que está obstaculizando la producción y la productividad.
La política energética presenta importantes debilidades. Las tensiones diplomáticas con Argelia nos impiden recibir gas de este país a través de gaseoductos, lo que complica y encarece el abastecimiento. Además, puede ser un grave error el cierre del parque nuclear actualmente en explotación, que está ya amortizado, lo que permite obtener una energía barata y que garantiza la base de la producción eléctrica por operar 24 horas al día la mayor parte del año. Hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares como se ha efectuado en otros muchos países de nuestro entorno. La energía es uno de los costes más importantes para muchas de nuestras empresas, cuyo aumento perjudica su competitividad. Asimismo, es incomprensible que no se pueden explorar ni explotar yacimientos nacionales de materias primas energéticas, como es el caso del fracking para poder obtener gas natural a precios competitivos.
El parón del Plan Hidráulico Nacional y el derribo de presas está incrementando los problemas de abastecimiento de agua en una parte de nuestro territorio nacional, como actualmente en Cataluña.
La política de vivienda, limitando la subida de los alquileres y penalizando al propietario de éstas, ha provocado la contracción de la oferta de viviendas para el alquiler, y ha encarecido enormemente los alquileres en aquellos lugares donde se ha aplicado. No se garantiza la propiedad privada de la vivienda, puesto que se incentiva las ocupaciones ilegales penalizando a los propietarios de las viviendas no garantizando los desahucios inmediatos.
La empresa privada es un agente económico fundamental para la producción eficiente de bienes y servicios, para crear empleo y generar riqueza. Sin embargo, el actual Gobierno está penalizando la función empresarial y lastrando la competitividad de las empresas con costes crecientes de todo tipo: laborales, energéticos, fiscales, etc.
Una economía libre de mercado como era la nuestra, se ha convertido desgraciadamente en El cohete de Tintín, lastrada por una política económica inadecuada que penaliza la actividad de un tejido empresarial que en la mayoría de los casos es muy eficiente.
