THE OBJECTIVE
Javier Santacruz

El peligro europeo para las empresas españolas

«Es imperativo buscar por parte de las autoridades de competencia las mejores soluciones para el consumidor y el mercado relevante»

Opinión
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El peligro europeo para las empresas españolas

Europa y España. | Ilustración de THE OBJECTIVE

La cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo es propicia para traer al debate público cuestiones de fondo que condicionan el crecimiento de las economías europeas. Algunos elementos son destacados en los programas electorales de los partidos concurrentes a los comicios, si bien, parecen estar más preocupados por las dinámicas políticas nacionales que por la evaluación y proposición de nuevas líneas en el proyecto europeo. A pesar de ello, uno de los leitmotiv de las últimas semanas es la música (pero también la letra) que deja el ya denominado informe Letta elaborado por el ex primer ministro italiano por encargo del Consejo Europeo

Puede considerarse, sin temor a equivocarnos, la contribución más efectiva hecha hasta la fecha para defender las tesis del dimisionario comisario de Mercado Interior Thierry Breton, cuya obsesión al frente de esta importante cartera los últimos cinco años ha sido la construcción de un mercado más integrado a nivel europeo. Su aproximación ha sido mediante un método top-down, es decir, generando una regulación creadora de negocios e impulsora de nuevas actividades que aún está por ver si será así o no.

«Es más que evidente la fragmentación financiera, energética, digital o científica no sólo entre países sino incluso dentro de los mismos países»

Más allá de la efectividad real de paquetes regulatorios tan ambiciosos como las Digital Acts, Letta pone el foco en la necesidad perentoria de un mercado único. Y dentro de esta urgencia, señala dos problemas fundamentales: por un lado, la falta de integración de mercados estratégicos como el financiero, el energético, las telecomunicaciones, las infraestructuras o la investigación científica, entre otros. Y, por otro lado, la escala apenas nacional de las empresas y proyectos de inversión, debiendo saltar de ser «campeones nacionales» a «campeones europeos».

Con respecto al primer eje, es más que evidente la fragmentación financiera, energética, digital o científica no sólo entre países sino incluso dentro de los mismos países. Estas grandes diferencias se han hecho más patentes en los últimos cuatro años conforme la pandemia levantó en la práctica el mecanismo de supervisión de ayudas de Estado y, por consiguiente, la capacidad de algunos países de ayudar a sus empresas en una proporción muy superior a otros. Lo mismo ha sucedido con algunas reformas como la del mercado interior de la electricidad, donde los pasos dados para la construcción de interconexiones y unión de mercados mayoristas han sido muy limitados.

Pero lo más preocupante viene con el segundo eje: la consideración de que la solución es crear «campeones europeos». Dada la actual situación de mercado interior, donde las reglas de la competencia están totalmente desvirtuadas con un poder creciente de intervención por parte de los Estados y la presión incesante de compañías tanto americanas como chinas apoyadas por ayudas públicas en sus países de origen, estimular la aparición de «campeones europeos» no es la mejor idea, ya que se convertirán en un eufemismo de grandes grupos empresariales cuya cabecera será o francesa o alemana, y muy posiblemente ambas de titularidad pública. 

¿Sería de recibo que cualquier empresa española competitiva a nivel europeo e internacional quedar subsumida en un grupo francés o alemán sólo con la excusa de crear un «gran campeón europeo»? La respuesta es un rotundo «no». Es imperativo buscar por parte de las autoridades de competencia las mejores soluciones para el consumidor y el mercado relevante, no autorizando la primera operación que pase por la mesa (por ejemplo, el caso Talgo, Naturgy o Banc Sabadell).

Puede parecer una buena solución de urgencia poner dinero público encima de la mesa tanto en forma de fusiones o adquisiciones como en fortalecer los accionariados de «campeones» ya existentes para frenar la presión de los dos bloques geopolíticos que más amenazan a Europa. Sin embargo, a medio y largo plazo, sin un intenso proceso de inversión en innovación y sometiéndose a la disciplina que da la competencia, el problema, lejos de desaparecer, se incrementará más si cabe porque los competidores extranjeros van a una velocidad mayor y una capacidad de resistencia más importante que los europeos

La cuestión clave es la inversión. Y no vale cualquier inversión. Requiere esquemas regulatorios flexibles que potencien la productividad, la innovación y la internacionalización. Lejos de lo que considera Letta como una desventaja competitiva la posición inversora internacional de la Unión Europea, es una fuente de rentabilidad esencial para los inversores europeos que tienen diversificadas sus inversiones entre Europa y fuera de ella. Precisamente, aplicando lo que los economistas llamamos paridad cubierta de intereses, para hacer más atractiva la inversión en Europa es necesario generar un entorno de tipos de interés reales superiores a los de Estados Unidos (aquí no consideramos los de China por no tener un mercado de capitales abierto) generando expectativas de apreciación del tipo de cambio euro dólar. 

Es el momento, en suma, de estabilizar el mercado interior volviendo a las reglas de la competencia y buscando una mayor integración donde se premie la eficiencia y la innovación, encomendando a las autoridades comunitarias la neutralización de operaciones que desvirtúen la competencia, especialmente cuando hay dinero público de por medio. Necesitamos estadísticas de ayudas de Estado más precisas y con más frecuencia. Sólo en 2022 se gastaron en la UE-27 227.980 millones de euros en ayudas de Estado (1,4% del PIB europeo), donde los desembolsos más importantes correspondieron a Alemania (32,3% del total), seguido de Francia (19,6%) e Italia (12,1%). Muy atrás está España (7,5%). Alemania incrementó antes del COVID un 242% las ayudas de Estado con respecto a 2012 en una media en torno a los 50.000 millones anuales.

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