La españolidad de las empresas en el marco europeo
«Cada operación corporativa tiene implicaciones sobre el crecimiento de la economía, pero sobre todo en el territorio donde están los órganos de dirección»
Telefónica. | Alejandra Svriz
Los últimos acontecimientos en torno a la OPA de Talgo y la entrada del Estado en Telefónica para responder a la intención de tomar hasta un 10% por los saudíes de STC reabren el debate sobre la «españolidad» de las compañías. El concepto de «españolidad» no se refiere tanto a la presencia mayoritaria de accionistas radicados en territorio español, sino a que el control, gestión y órganos de decisión de la compañía sean efectivamente conducidos desde España.
Es éste un valor intangible fundamental para la economía española, ya que allá donde se dirige una empresa se convierte en un demandador de empleo cualificado, servicios auxiliares necesarios que colaboran en la gestión (ingenieros, servicios técnicos, financieros, consultores…), diseño de mercados y cadenas de valor globales para conectar producción y demanda o necesidad de tejer alianzas con otros sectores, directivos y propietarios, entre otros. A ello se añade desde la pandemia el fenómeno de la relocalización de ciertos centros de producción de bienes y servicios de carácter estratégico que están alejados de su matriz.
Desde el punto de vista de la política macroeconómica, cada vez que se produce una operación corporativa en la que está implicada una empresa española debemos valorar no sólo el volumen económico que supone la operación, sino también qué efectos tiene sobre la «españolidad» de la compañía resultante. España es un país de micro, pequeñas y medianas empresas (más del 99% del tejido productivo) y no tiene el marco más «amistoso» para hacer crecer de manera relevante el número de empresas medianas y grandes cada año. Es un gran defecto que se agravó ya en 2016 con la decisión inconstitucional sobre las bases imponibles negativas y las deducciones por doble imposición, y que en las siguientes legislaturas ha seguido empeorando.
Con lo cual, cada operación corporativa que se plantea tiene implicaciones importantes sobre el crecimiento de la economía, pero con carácter especial, sobre el territorio donde están los órganos de dirección, los centros de producción y la cadena de proveedores-clientes que tiene. Más aún cuando algunas de las empresas implicadas necesitan reestructurarse, sanearse o, incluso, reconvertirse. Éste es un rasgo notable en buena parte del tejido productivo español. Tomando los últimos datos del Banco de España en sus Proyecciones Macroeconómicas 2024-2026, la inversión empresarial está aún casi un 10% por debajo del nivel prepandemia y la facturación se espera que vuelva a caer en el primer trimestre de 2024, siguiendo la tendencia casi ininterrumpida del último año.
«Una España por suerte internacionalizada, pero que en muchas ocasiones tiene que jugar con las ‘cartas marcadas’»
Por tanto, aunque el consumo (sobre todo público, aunque también privado) sostenga la tasa de crecimiento de la economía española durante 2024, existe un problema de fondo en el mundo empresarial, en su contribución al crecimiento presente (se espera para 2024 apenas un 0,4%) y, sobre todo, para el crecimiento futuro. Y la solución de este problema pasa por el concepto de «españolidad» y las posibles alternativas que ofrece el mercado.
En este sentido, la apertura de las empresas españolas al mercado internacional y la libre competencia en las últimas cuatro décadas ha sido extraordinariamente positiva, habiendo erigido multinacionales con una sólida «españolidad», pero también medianas y pequeñas compañías integradas en cadenas globales de valor. Uno de los principios básicos de este juego es el de la «reciprocidad»: al igual que las empresas españolas entran en mercados extranjeros comprando otras empresas, en España deben entrar empresas foráneas para hacer operaciones corporativas con españolas.
Precisamente, en la reciprocidad (o, más bien, en la ausencia de ella) es donde se juega el partido más importante en la actualidad. Dentro del marco europeo de la competencia, los supervisores y reguladores permiten (cuando no auspician) operaciones corporativas que son de todo menos «libres» yendo a los límites de la libertad de mercado y ésta siendo secuestrada por innumerables actores dañinos tanto por su conducta económico-financiera como por sus objetivos. Desde empresas de titularidad estatal que juegan con costes financieros privilegiados hasta compañías supuestamente privadas que, en realidad, son submarinos de Estados enemigos, pasando por fondos «activistas» cuyo objetivo es trocear y desmantelar compañías para generar plusvalías rápidas.
Ante esta situación, la obligación de la política económica (y del regulador de competencia) es, por un lado, obligar a la transparencia de los actores entrantes, debiendo ser identificados los propietarios, gestores, historial de inversiones y conducta en el mercado. Por principio, la información es asimétrica en el mercado de tomas de control empresarial. Pero sí existen mecanismos que deben ser puestos en marcha para conocer hasta donde se pueda, colaborando con la labor de la prensa libre. Y, por otro lado, la necesidad de incentivar la existencia de mercados secundarios que ofrezcan alternativas a cada operación corporativa, liquidez para las acciones y versatilidad para mantener el control de la gestión desde España.
No sólo sirve para Talgo, Telefónica, la vergonzosa actitud alemana ante el rescate de Gamesa. Es un elemento cada vez más necesario en una España por suerte internacionalizada, pero que en muchas ocasiones tiene que jugar con las «cartas marcadas».
