'Evita' Sánchez y las reglas no escritas
«Si no ha contagiado al PSOE ante sus votantes la cuerda de condenados que lo sostienen, mal lo va a hacer la posible corrupción privada de una consultora»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Se ha dolido Sánchez en su segunda Carta a la Ciudadanía –escrito ya a modo de intítulo, pues parece que en adelante será su forma de relación con la opinión pública-, de que su esposa y él hayan tenido conocimiento, «a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada».
Estando la esposa del presidente personada en la causa, siendo su situación procesal la de investigada desde hace casi dos meses y sabiendo Sánchez de tal circunstancia cuando hizo pública su primera Carta a la Ciudadanía (quienes no lo sabíamos éramos los ciudadanos), mal puede creerse que se hayan enterado de la citación por los medios de comunicación, pues a través de su procurador recibe directamente del juzgado la notificación de las resoluciones que se dictan.
El segundo lamento del presidente se refiere a que la citación a declarar se haya «anunciado» -dice- «solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño», por cuanto existiría una «regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos» que en este caso no se habría respetado.
A pesar de que la invocación de reglas no escritas ha despertado el cachondeíto fino de no pocos opinadores, como si tal cosa no existiera, tiene razón el presidente, siquiera parcialmente. No en que haya habido en la citación ninguna vulneración o infracción normativa, sino, por un lado, en que sí que existen normas no escritas (hay nada menos que una jurisdicción especial cuyo Derecho se integra por completo de normas no escritas: el Tribunal de las Aguas de Valencia); y, por otro lado, tiene razón en que sí que ha existido la lamentable práctica –no atendida ahora por el juez Peinado-, seguida frecuentemente desde el Tribunal Supremo a los Tribunales Superiores de Justicia de acompasar el devenir procesal de sus actuaciones a los avatares electorales, para no contrariar así a los dos principales partidos con cargos implicados en causas judiciales.
Dicha práctica no deja de ser el torcido tributo que un poder del Estado rinde a otro, hurtando de paso a los ciudadanos el conocimiento cabal de quién le representa y/o le quiere representar, impidiendo que ejerza su voto con toda la información disponible. Por emplear la propia terminología del presidente en su segunda misiva: no es que las resoluciones judiciales desfavorables al político sean «susceptibles de condicionar el voto», es que lo deberían determinar, evitando así que la elección del candidato sane sus delitos y lo coloque por encima de la ley. Es lo que Sánchez llama en su segunda epístola «una respuesta en las urnas». Precisamente para evitar tal aberración es por lo que son legalmente inelegibles los condenados por determinados delitos y todos los que lo sean a privación de libertad.
«Su marido y el partido que lidera la vienen utilizando electoralmente como una suerte de Evita, pero del tipo ‘luxury'»
En el caso de Begoña Gómez, si bien es cierto que no ostenta representación política ni se presenta a las elecciones -ni podría pues reclamar para sí esa suerte de sordina judicial- no puede negarse que su marido y el partido que lidera la vienen utilizando electoralmente como una suerte de Evita, pero del tipo luxury; impostando para ella el arquetipo de mujer profesional, del entorno académico universitario además, que no precisaría depender económicamente de su marido. Haciendo de la necesidad virtud, nos colocan el relato de que los hechos por los que se la investiga no son más que su actividad de profesional toda la vida, cuando no pasa de ser una bachiller recién abonada al indefinido y gaseoso oficio de «consultora».
El perjuicio pues que parece invocar Sánchez es el del contagio que para su partido se derivaría de la calificación procesal de su esposa como «investigada» por corrupción privada y tráfico de influencias. Ya se sabe que la condición de investigado cierne sobre el afectado una sombra de sospecha que debilita ante la opinión pública su honorabilidad y la presunción de inocencia: la llamada pena de banquillo.
Con la expresión procesal «investigado» pasa como con los eufemismos que han ido sucediendo a aquellos términos que, por describir una realidad desagradable, consideramos caducos por ofensivos o políticamente incorrectos; como si por sustituir las palabras fuera a desaparecer la realidad incómoda que designan. Como la reforma constitucional para sustituir el término «disminuido» por «persona con discapacidad». Antes de «investigado», la denominación para esa misma situación procesal en las diligencias previas era la de «imputado»; lo que supuso en su día un alivio de imagen respecto del término que de forma equivalente designaba en el sumario al «procesado». Con el paso del tiempo ha acabado por imponerse en el acervo colectivo la realidad: que el investigado es un encausado por la justicia penal, lo mismo que un procesado. El cambio de denominación resulta ya ineficaz, irrelevante.
«Cuando se declara investigado a alguien, lo que se está haciendo es permitirle ejercer con la máxima plenitud su derecho de defensa»
Si se tiene en cuenta que cuando se declara investigado o procesado a alguien lo que se está haciendo es permitirle ejercer con la máxima plenitud su derecho de defensa (conocer la acusación, asistencia letrada, derecho a no declarar ni declararse culpable, pedir diligencias de prueba, etc.) el debate terminológico en el contexto mediático e imagológico deviene entonces ridículo. Repárese que en este delirante juego de eufemismos hay quien usa el inexistente y cacofónico término de «desimputado»: eso sí que es una norma no escrita y no la que llora Sánchez.
Sepa pues «la ciudadanía» que la esposa de Sánchez, al ser citada como investigada, simplemente se ha beneficiado de la plenitud de sus derechos procesales, lo cual no ha de empañar su sex appeal electoral como Evita a lo fino del PSOE: si no ha contagiado al PSOE ante sus votantes la cuerda de condenados por sedición y el prófugo que lo sostienen, mal lo va a hacer la posible corrupción privada de una consultora que representa a la mujer empoderada del siglo XXI.
