O democracia española o autocracia sanchista
«La acción de la justicia le está cercando. Los medios que no temen enfrentarse al poder siguen haciendo su trabajo. Sánchez necesita actuar con celeridad»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Pedro Sánchez es tan acaparador del protagonismo político que incluso se ha convertido en el centro de los mayores casos de corrupción que se han dado bajo su presidencia. La corrupción, en España, la protagonizan habitualmente comunidades y ayuntamientos, y organismos públicos. Pero, con la destacada excepción del caso GAL y los fondos reservados, no suele afectar a los ministerios. No digamos, al mismo presidente del Gobierno.
El caso Koldo afecta a varios ministerios, y a dos expresidentes autonómicos que Pedro Sánchez ha llevado a presidir el Congreso, una, y al ministerio de Política Territorial, el otro. En el centro del mismo está quien era el número dos de Sánchez en el PSOE. Por otro lado, la mujer de Sánchez se ha convertido en Midas, lo que toca lo convierte en oro. Mientras, su hermano convierte su sueldo público, de un puesto para el que no trabaja, en una fortuna pasmosa, justo durante los años en los que Pedro ha ejercido de presidente. Y tributa como un youtuber, pero no en Andorra, sino en Portugal.
Esta centralización de la corrupción en torno a Pedro Sánchez no deja de ser sorprendente. Pero tiene una lógica que es tan implacable como su propio protagonista. La corrupción, el saqueo de los fondos públicos, el intercambio de favores públicos por beneficios privados, tenía una función política clara.
Más allá de que lo que llamamos corrupción no es tal, el reparto ilegal vinculado a la gestión pública jugaba un propósito político específico. Antes, el gran beneficiario de la corrupción, además de sus protagonistas, era el partido político. El partido podía ampliar su acción política, colocar a más fieles, comunicar con más profusión en las campañas electorales, y mejorar sus opciones de control de los distintos gobiernos.
Pedro Sánchez ha vaciado por completo al PSOE. El Partido Socialista es un cascarón vacío. Muestra su caparazón institucional, al que están adheridos muchos militantes y dirigentes socialistas, pero no tiene vida propia. Por otro lado, la propaganda electoral hace tiempo que no tiene ninguna influencia en la opinión pública. Los mecanismos para asegurarse el voto son otros. Se puede comprar al duopolio televisivo, por ejemplo.
«Todo el esfuerzo está encaminado al puro mantenimiento del poder»
La propia acción política del Gobierno ha cambiado fundamentalmente su carácter. Toda acción política de cualquier gobierno tiene que lidiar con la opinión pública. Es más, el grueso de las medidas políticas son grandes compras de votos a distintos grupos sociales, para que refrenden la gestión con el voto en los siguientes comicios. Pero siempre hay de fondo un cierto proyecto político que, con mayor o menor coherencia, une la acción de gobierno. Pedro Sánchez ha cambiado eso. Hay un revestimiento ideológico de la acción política, pero ésta no se encamina a favorecer un proyecto que no se ve por ningún lado. Todo el esfuerzo está encaminado al puro mantenimiento del poder.
Pero todo ese poder no es suficiente. Por algún motivo, una parte de la sociedad no está de acuerdo con Pedro Sánchez. Hay españoles que no tragan con la compra de diputados a costa de nuestra democracia y nuestra Constitución. O no aceptan ver que la fundada sospecha de corrupción yace en su cama.
No es sólo la sociedad en general, sino aquellos que él ve como sus enemigos: los jueces y los periodistas que se aferran a su trabajo. Recuerdo de nuevo que Pablo Iglesias señaló en el Congreso de los Diputados tres enemigos del Gobierno cuando él se convirtió en vicepresidente: los jueces, los medios de comunicación y las manifestaciones en la calle. El barman Iglesias ni está ni se le espera, pero su modelo político lo ha asumido Pedro Sánchez de la pe a la pa. Sánchez todavía no ha prohibido las manifestaciones en la calle, y en realidad no parece que le fuera de mucha ayuda. Pero no va a permitir el ejercicio independiente de la labor de los juzgados y de algunos medios de comunicación. Nos lo dijo en la carta que mandó antes de la pentahémera, los cinco días en que amagó con dimitir. Va por ellos. Va por nosotros. Contra los jueces y los medios de comunicación.
Este miércoles, el socio de Sánchez, Gabriel Rufián, ha expuesto su visión sobre cómo sería una república de Catalunya, ¡república democrática, vive Dios! Y le ha prestado su modelo para el conjunto de España. Le dice: «Más allá de enviar cartas a la ciudadanía, tiene el BOE». Rufián trata a Sánchez como si fuera un déspota. El otro no se inmuta, claro. Para acabar con «la máquina del fango», le propone Rufián al déspota: «Votemos aquí vocales del Consejo General de Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la máquina del fango. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir (…). Hagámoslo, si se quejan, por algo será».
«Por si no queda claro a estas alturas: Sánchez ha dicho que quiere controlar el poder judicial»
A Sánchez le ha parecido fetén. Ha corrido a RTVE a contarlo. Le da al PP hasta fin de mes para aceptar el cambio de mayoría en el CGPJ. De otro modo, aplicará el programa que ya ha pactado con Rufián et al. El presidente ha expresado ante Silvia Intxaurrondo y otro periodista más barato, con total naturalidad, qué es lo que piensa de los jueces. El Partido Popular está «controlando el poder judicial». Ese control es un «incentivo perverso». Consiste en «nada más y nada menos que los nombramientos: la facultad de poder nombrar los magistrados y las magistradas que posteriormente van al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia». Y él va a acabar con eso. Será el Congreso de los Diputados, donde él y sus socios tienen una mayoría escasa pero funcional. «La justicia está politizada porque está secuestrada y controlada por el Partido Popular», dice, y quiere sustituir al PP por su propio partido y los de sus socios. Por si no queda claro a estas alturas: ha dicho que quiere controlar el poder judicial.
Claro, que dice que en el Congreso que él controla reside la soberanía nacional. Como si la Constitución que le ha hecho presidente no dijera que la soberanía reside en el «pueblo español», sujeto político que en esta tesitura resulta de lo más incómodo.
Por otro lado, ha anunciado que también va a regenerar nuestra democracia asegurando, desde el poder, «la veracidad de las informaciones». ¡Él! ¡Va a asegurar que los medios de comunicación informen con veracidad! ¡Un presidente que ha sobrepasado los límites morales de Felipe González! Y todo para que los medios no documenten las actividades lucrativas de su mujer ni desvelen toda la corrupción que le rodea. Y para evitar que esas informaciones no acaben motivando la acción de la parte de la Justicia que aún no controla.
Le ha dado una patada al Tribunal Supremo como última instancia del poder judicial, y ha colocado ahí al Tribunal Constitucional, que no es un tribunal de casación. El Constitucional es un tribunal político. Está formado por juristas, no necesariamente por jueces, y vigila la adecuación de las leyes a la Constitución. Pero se concibió como un «legislador negativo» por algo; porque es un organismo político. No importa. Lo controla como si fuera el CIS, y con eso le vale.
Todo se acelera. La acción de la justicia le está cercando. Los periodistas y los medios que no temen enfrentarse al poder siguen haciendo su trabajo. Necesita actuar con celeridad. Quizás sea demasiado tarde para él. Pero si logra implantar una autocracia y la sociedad no reacciona, acabará siendo demasiado tarde para nosotros.
