Pedro Sánchez, poder soberano
«Sánchez aspira a desplazar al pueblo español, de forma que su voluntad y necesidad sean ley irrevocable de obligada aplicación por los tribunales»
Ilustración de Alejandra Svriz
Nada mejor para superar el estrés postelectoral que un buen masaje. Aunque la familia política de Pedro gustaba de relajarse en saunas, el líder del Ejecutivo decidió destensar dejándose entrevistar en la televisión pública por la presidenta de su club de fans, Silvia Intxaurrondo, y por otro señor que pasaba por allí.
El primer sentimiento que genera el visionado de eso que algunos insisten en llamar entrevista es el de la indignación, pues que tal espectáculo de genuflexión grotesca y acrítica con el poder se financie con nuestros impuestos provoca arcadas. Pero el sucedáneo del Aló Presidente emitido por RTVE nos dejó entrever la verdadera cara de Pedro Sánchez, que cuando se relaja y no se ve forzado a impostar, muestra su verdadero Yo.
Entre las perlas que soltó, destaca la proferida al ser preguntado por la aplicación de la Ley de Amnistía por parte de los jueces: «Todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados». Huelga recordar que no es esto lo que declara la Constitución española, en cuyo artículo 1, apartado segundo, se establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Ya ve, querido lector, que de nuestra Carta Magna en modo alguno puede desprenderse que los poderes del Estado emanen de una institución en la que, oh casualidad, Pedro goza de mayoría. Por algo menciona exclusivamente al Congreso y no a las Cortes Generales: porque en el Senado es el Partido Popular el que goza de mayoría absoluta.
La falacia en la que Sánchez sustenta esa abominable máxima es bien simple: el pueblo, que es soberano, votó para que él formase gobierno, ergo él es el único representante democrático del pueblo y cualquiera que se le oponga ha de ser reputado enemigo de la democracia y, por lo tanto, del pueblo. En honor a la verdad, no es un pensamiento en absoluto original, si bien es cierto que estos mantras mesiánicos propios de líderes populistas eran, hasta hace pocos años, extraños a la idiosincrasia política europea. En España, lamentablemente, forman ya parte de la estrategia discursiva de la Moncloa.
Algunos sostendrán que la barrabasada proferida en la entrevista evidencia las carencias formativas del presidente en materias como la de Derecho Constitucional. Otros afirmarán que, a ese desconocimiento, debe sumarse su falta de cultura democrática. Pero, en mi opinión, Pedro sabía perfectamente lo que decía y para qué lo decía: la finalidad que persigue recurriendo a este eslogan fraudulento no es otra que la de arrogarse una legitimidad democrática de la que carece para intervenir el Poder Judicial y controlar de una vez y para siempre a los incómodos jueces.
«Se trata es de reeditar la maniobra con la que asaltó el Tribunal Constitucional»
En la entrevista-masaje del miércoles, Sánchez anticipó los argumentos en base a los que intentará arrebatar al Consejo General del Poder Judicial su potestad de efectuar los nombramientos de determinados magistrados para que pase a realizarlos la mayoría parlamentaria que conformó con los independentistas y los filoetarras el pasado 23 de julio. Afirmó que el lawfare -herramienta de la ultraderecha para conseguir en los tribunales lo que no pudo conseguir en las urnas- existe. Así que no queda más remedio que tomar medidas para democratizar la justicia y asegurar que los jueces sirvan al Congreso, del que emanan sus poderes, y no a la causa fascista y derechista.
Analizado fríamente, de lo que se trata es de reeditar la maniobra con la que asaltó el Tribunal Constitucional mediante la colocación como magistrados de su exministro de Justicia y de un alto cargo de Moncloa. Gracias al dedazo divino y a la inestimable colaboración de Conde Pumpido, el Constitucional pasó de ser un instrumento de la ultraderecha para amordazar al Parlamento, a convertirse en la instancia superior que dirime primorosamente y con total imparcialidad las cuestiones sobre la aplicación de las leyes. Si sirves al régimen, sirves al pueblo.
Por supuesto que los eslóganes que agita su corte mediática de aduladores como pretexto para justificar el asalto no se sostienen: que los actuales vocales son okupas porque su mandato está caducado como consecuencia del bloqueo del PP. Una cantinela muy resultona para repetir en las redes sociales pero que, desde el punto de vista jurídico, carecen de fundamento. Primero, porque la obligación de convocar los plenos para la renovación del CGPJ no recae en los populares, sino en los presidentes del Congreso y del Senado. Segundo, porque el CGPJ no está caducado -palabra con la que se pretende restarle legitimidad- sino en funciones, tal y como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tercero, porque el colapso y caos organizado en la judicatura por la imposibilidad de cubrir vacantes se debe, en buena medida, a la vergonzosa reforma perpetrada por el PSOE para evitar que un CGPJ en funciones pueda realizar nombramientos.
«A partir de ahora, lo que va a ser un reflejo de las mayorías parlamentarias ya no será la composición del CGPJ, sino la propia justicia»
Pero todo lo anterior no nos debe hacer olvidar que, de acuerdo con la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, la composición del CGPJ no puede ser un reflejo del reparto de escaños en el Congreso. Cierto es que, desde 1985 hasta la fecha, esta advertencia de aquel Tribunal de Garantías ha sido ignorada porque los pactos para renovar al organismo siempre respondían a la dinámica de partidos, pero Sánchez pretende ir un paso más allá asumiendo las competencias para nombrar jueces, de forma que, a partir de ahora, lo que va a ser un reflejo de las mayorías parlamentarias ya no será la composición del CGPJ, sino la propia justicia.
Sánchez aspira a desplazar al pueblo español y asumir él la condición de sujeto soberano y, como tal, constituyente, de forma que su voluntad y necesidad sean ley irrevocable de obligada aplicación por los tribunales y cumplimiento por los ciudadanos. El papel de los jueces quedará relegado al de resolver las disputas entre particulares o las de éstos con la administración, pero en modo alguno a cuestionar las actuaciones del gobierno ni sus normas, pues hacerlo equivaldrá a atacar los fundamentos de la democracia española, convertida en el disfraz perfecto para la recién inaugurada dictadura constitucional.
