El coste de hacer a Illa 'president'
«Con cupo o con el modelo de Illa, Cataluña será privilegiada con una mejora de su financiación que supone que el resto de comunidades verá empeorar la suya»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ya sabemos el alto precio que nos costó que unos independentistas catalanes -los de la ERC– invistieran a Sánchez presidente del Gobierno en 2019 y le mantuvieran en su puesto durante la legislatura pasada. Aparte de regar abundantemente con dinero público las arcas de la Generalitat, hubo entre otras cosas que indultar a un conjunto de políticos condenados por la comisión de graves delitos, modificar el Código Penal a satisfacción de los delincuentes, o instaurar un nuevo impuesto que tapara la incapacidad de los gobernantes separatistas para aplicar una fiscalidad eficaz.
Conocemos asimismo que para lograr la nueva investidura de Sánchez en 2023, más difícil que la anterior pues a la necesaria bendición de ERC se añadía como imprescindible también la de Junts, el precio pagado ha sido la aprobación de una ignominiosa ley de amnistía. Y somos conscientes de que inevitablemente Sánchez deberá pasar por la taquilla cada vez que el Gobierno quiera sacar adelante una votación en el Congreso de los Diputados. Pero la última novedad surgida en el panorama político es que Sánchez también está dispuesto a pagar el precio que sea preciso para comprar la presidencia de la Generalitat a favor de su exministro Illa.
Sin perjuicio de la existencia de otras exigencias independentistas como la celebración de un referéndum sobre la soberanía catalana o la entrega de un poder judicial autónomo, parece que ERC pudiera decantarse porque el precio a cobrar ahora a Sánchez por investir a Illa se concrete en el estatus de Cataluña en el modelo de financiación autonómica. Y parece que Sánchez ha aceptado el juego. En estos momentos ambas partes coinciden en señalar como solución el establecimiento de una financiación singular para la región pero sucede que, hasta ahora, el modo en el que cada parte entiende la singularidad difiere radicalmente.
Para ERC, la financiación singular consiste en conceder a Cataluña un sistema de cupo a imagen y semejanza del configurado en el concierto vasco o en el convenio navarro. Consciente de la inconstitucionalidad de esta propuesta, del hachazo que supondría para el sistema de financiación común sacar del mismo a una región que supone el 20% del PIB español, y de la rebelión que podría producirse en sus propias filas por el visible privilegio que supondría a favor de Cataluña. Sánchez ha negado hasta ahora la solución del cupo y defiende una singularidad diferente. ¿Cuál? Era un misterio hasta hace unos días, pero Salvador Illa ha proporcionado la pista.
Así es, Illa ha empezado a desvelar sus cartas -las de Sánchez- al declarar que es una injusticia que Cataluña sea la tercera comunidad en aportación a la caja común del sistema de financiación autonómica y solo la décimo cuarta en la recepción. Menuda afirmación, ahí es nada. En definitiva, Illa ha cuestionado la condición de Cataluña como aportante neta al modelo, propugnando implícitamente que Cataluña deje de serlo. De ese modo, y de un plumazo, ha atacado frontalmente al principio de solidaridad interregional por el que las comunidades más ricas, en realidad aquellas cuyos residentes tienen una mayor renta per cápita, contribuyen a que las menos ricas, aquellas cuya renta por habitante es menor, puedan financiar los servicios públicos básicos.
«Cuando se trata de comprar el poder, el PSOE de Sánchez está dispuesto a sacrificar cualquier cosa»
Debemos ser conscientes, la pretensión de Illa consiste cortar el cauce que conduce a que lo recaudado a los contribuyentes catalanes con alto nivel de renta se emplee para cubrir las necesidades primarias de los ciudadanos de renta baja que residen en Cantabria, Asturias o Extremadura por poner solo tres ejemplos. Valiente muestra de progresividad de alguien que presume de ser progresista. Si ERC acepta este precio que se le está ofertando, los españoles residentes en las 12 comunidades que son receptoras netas de fondos del sistema verán mermada la financiación de su sanidad o educación públicas. Y de generalizarse el modelo de Illa a las otras dos comunidades que son aportantes netas al sistema común -Madrid y Baleares- la provisión de los servicios públicos sufriría un crack financiero general en la mayor parte del territorio español. Puede entenderse que ese final no le importe un bledo a un independentista catalán, pero que apueste por él un autodenominado progresista ¡manda huevos!, que diría Federico Trillo.
En el fondo, la reflexión de Illa y la propuesta implícita que incorpora es un torpedo en la línea de flotación del principio constitucional de progresividad fiscal que proyectado a nivel regional se traduce en la solidaridad entre regiones, otro principio que también está presente en la Constitución. Utilizando el simplón argumento que utilizan los progresistas para defender la progresividad fiscal «que los que más tienen, más paguen» es evidente que Illa está dispuesto a quebrarla con tal de ser presidente. Es un buen discípulo de su jefe, pues cuando se trata de comprar el poder, el PSOE de Sánchez está dispuesto a sacrificar cualquier cosa, la que sea, para acceder a él y mantenerlo.
En cualquier caso, sea con cupo o sea con el modelo alumbrado por Illa, con mayor o menor visibilidad, Cataluña será privilegiada con una mejora de su financiación, lo que supone sí o sí que el resto de las comunidades verá empeorar la suya, pues estamos ante un juego de suma cero. Los de La Moncloa, expertos en manipular ideas, conceptos y medidas, ya esgrimen que todas las Comunidades mejorarán y que ninguna ha de perder. Manipulación evidente, pues lo que destina a las Comunidades sale del Estado y consecuentemente, el posible incremento para las Autonomías que se decrete reducirá los fondos del Estado. En definitiva, la Comunidad que no mejore tanto como lo haga Cataluña estará perdiendo y como ninguna lo hará en dicha dimensión -si no, al tiempo, – todas las demás perderán en términos relativos. Es decir, perderán.
Y una cuestión adicional que conviene tener en cuenta. Aunque no se instrumente la solución del cupo, en los pasillos del Ministerio de Hacienda se habla con fuerza de la posible constitución de un futuro consorcio Generalitat-Estado que sea el responsable de gestionar el sistema tributario estatal en el territorio de Cataluña. Su constitución supondría el principio del fin de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que, bajo la apariencia de compartirlas, en realidad perderá sus actuales competencias en la segunda región más poblada de España. Dejará así en la práctica de ser estatal sin perjuicio de que el efecto emulación provoque una sucesiva exigencia de soluciones similares en otros territorios que en la medida en la que vayan siendo atendidas -así ha sido la historia- irán reduciendo la dimensión y relevancia de la AEAT hasta su definitiva desaparición.
«La deuda perdonada per cápita a los residentes en Cataluña superará a la que se perdone como media al resto de españoles»
Otro ejemplo de privilegio a Cataluña, relacionado con el anterior, y que parece ya comprometido por Sánchez estriba en el compromiso de asunción por el Estado de parte de la deuda de las Comunidades Autónomas, sea exclusivamente la instrumentada mediante una condonación parcial de lo adeudado al Fondo de Liquidez Autonómica -propuesta inicial- o incluya también la asunción de parte de la deuda mantenida con otras instituciones. En cualquiera de los dos casos, lo condonado y/o asumido sería un porcentaje determinado -se habla del 20%- de lo adeudado por cada Comunidad. He aquí la gran injusticia, pues los importes condonados variarán notablemente entre una comunidad y otra, resultando beneficiada la que se encuentre más endeudada que, casualmente, es Cataluña. De modo que también aquí será privilegiada la Generalitat siéndolo en los términos que pasan a exponerse.
Veamos, en Cataluña reside el 17,6% de los españoles, pero su deuda con el FLA supone el 40% de lo adeudado por el conjunto de las comunidades en tanto que su deuda total representa el 28% del endeudamiento global del conjunto de las Autonomías. Quiere decirse que, en uno u otro caso, la deuda perdonada per cápita a los residentes en Cataluña superará significativamente a la que se perdone como media al conjunto de los españoles. Un nuevo privilegio absolutamente injustificado, salvo para que Sánchez siga en La Moncloa o Illa presida la Generalitat.
