La singularidad española
«Un sistema de financiación a la medida priva al Estado de los recursos necesarios para ejercer sus funciones esenciales, como la cohesión social y territorial»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Hay que combinar la singularidad catalana y la hucha de las pensiones con el cumplimiento de las exigencias fiscales de Europa. Quizás dejar de usar eufemismos sería un comienzo para lograr ese objetivo. Allí donde dice singularidad debe leerse concesión de privilegios y donde dice hucha, agujero. Porque lo que negocia el Gobierno con sus socios independentistas catalanes es la posible concesión de un régimen fiscal similar al del País Vasco y Navarra (la recaudación del 100% de sus impuestos) que abriría un roto en la financiación de las comunidades autónomas y desmantelaría la solidaridad interterritorial que, entre otras cosas, garantiza la cohesión social del país. Y porque el gasto público en porcentaje del PIB que se destina a las pensiones ha crecido de forma vertiginosa desde la última reforma que asegura su actualización con el IPC. Menos ingresos, si finalmente el Gobierno cede y reduce la contribución catalana a las arcas comunes, y más gastos, vista la evolución de las pensiones, al tiempo que España ha de cumplir las reglas de rigor fiscal que, tras el largo paréntesis de la pandemia y la crisis inflacionista, han sido reinstauradas en la UE.
Además, una vez digerido el empacho de elecciones, las generales del 23-J en 2023, cuyos resultados no permitieron la formación de un gobierno a noviembre, las gallegas en marzo, las vascas en abril, las catalanas en mayo, y las europeas en junio, la renuncia del Gobierno a presentar unos prepuestos generales para su aprobación en el Congreso, incumpliendo sus obligaciones constitucionales (art. 134), supone un obstáculo adicional para la consolidación de las cuentas públicas. El Banco de España advertía hace poco de que la incertidumbre en las políticas económicas en ausencia de presupuestos se ha convertido en el principal aspecto que condiciona la actividad económica. ¿Y qué sentido tiene gobernar si la presentación de la Ley que define la acción del Gobierno y condiciona la de los agentes económicos y sociales ha sido descartada para evitar la humillación y el chantaje de sus socios de investidura?
Los compromisos asumidos por el Gobierno para asegurarse su investidura (y la de Salvador Illa en Cataluña ahora), la evolución del gasto en pensiones a tasas que triplican las de los últimos años, la incertidumbre que expresan los empresarios sobre la evolución de la economía, cuyo mejor reflejo es la falta de inversión privada… ¿Y el Gobierno no considera necesario elaborar unos presupuestos? Felipe González recordaba hace poco que provocó la convocatoria de nuevas elecciones generales en 1996 por no tener suficientes apoyos para aprobar los presupuestos. Por otro lado, el Gobierno de Zapatero prorrogó en 2012 los del ejercicio anterior alegando que no quería interferir las elecciones celebradas en noviembre de 2011. Y Rajoy, ante la imposibilidad de formar gobierno, prorrogó sus cuentas dos ejercicios (2016, 2017 y parte de 2018). En ambos casos se dio la circunstancia de la inminente convocatoria de elecciones generales. A lo que hay que sumar el retraso que supuso el desafío independentista en la aprobación de las cuentas en 2018. No es el escenario al que se enfrenta hoy el Gobierno de Sánchez.
Pero veamos los números. La AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, obligada a informar sobre los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas (AAPP) y ante la ausencia de la presentación de unos Presupuestos Generales para 2024, señalaba en su informe del pasado mes de abril que en ausencia de una estrategia fiscal que permita tomar medidas adicionales de contención del gasto para reducir el déficit este se situará en el 3% del PIB y por encima de ese umbral (3,2% del PIB) en los siguientes años. Advertía del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional por parte de la Administración Central y todas las comunidades autónomas y mostraba su preocupación por la debilidad de la inversión, a pesar de los proyectos ligados al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos NextGen europeos, y por el estancamiento de la productividad.
«Las pensiones es el otro gran agujero negro de la evolución del gasto. Se llevan más de cuatro de cada diez euros de los presupuestos y su peso en las cuentas públicas va en aumento detrayendo recursos de otras partidas»
El Gobierno espera que los ingresos fiscales sigan subiendo en 2024, pero no lo harán tanto como en el año anterior. En parte porque se ha moderado el efecto de la inflación sobre la recaudación. Las cifras del primer trimestre publicadas por la Agencia Tributaria muestran un crecimiento conjunto del 7,5% en las cuatro principales figuras impositivas (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, Impuestos Especiales). Aun siendo un crecimiento notable, se encuentra por debajo del 8,9% de aumento esperado para el total de ingresos en 2024, así que, aunque queda más de medio año por delante, estas cifras generan por sí solas dudas de que los ingresos permitan recortar el déficit hasta el citado 3% en 2024.
En un escenario en el que las negociaciones sobre la singularidad de Cataluña se concretaran en su salida del régimen común, el agujero fiscal se situaría entre los 20.000 y 30.000 millones de euros, según los cálculos de los distintos centros de estudios económicos. Un sistema de financiación a la medida limitaría la contribución de esta comunidad a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes, privando al Estado de los recursos necesarios para ejercer sus funciones esenciales, entre las que destaca la cohesión social y territorial. Causas a las que el PSOE, al desistir en gobernar otras comunidades autónomas y concentrar su acción de gobierno en contentar a sus socios separatistas, hoy parece haber renunciado.
Por la parte del gasto, hay que contar con los 15.000 millones de euros del total de los 110.000 que Cataluña debe al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un importe que podría multiplicarse por tres, como ya han señalado la mayoría de los gobiernos autonómicos interesados en alcanzar un acuerdo para la condonación de su deuda en un porcentaje similar al catalán al resto de las comunidades autónomas endeudadas con el Estado. La deuda de las comunidades del Régimen Común (todas menos País Vasco y Navarra) asciende a la friolera de 320.000 millones de euros.
Las pensiones es el otro gran agujero negro de la evolución del gasto. Estas prestaciones se llevan más de cuatro de cada diez euros de los presupuestos generales y su peso en las cuentas públicas va en aumento detrayendo recursos de otras partidas claves. En 2023 crecieron por encima del 8% con respecto a 2022 (una tasa tres veces superior a la registrada en los últimos 15 años). El envejecimiento de la población, el descenso de la tasa de mortalidad, la bajísima tasa de natalidad, sólo presionarán al alza este gasto. Según los cálculos de Fedea, el patrimonio neto negativo del sistema a finales de 2021 alcanzaba la cifra de 2,49 billones de euros, 2,04 veces el PIB de ese ejercicio. Esa deteriorada solvencia del sistema preocupa a estos expertos que temen que la carga se traslade a generaciones futuras y piden a los gobernantes medidas correctivas.
Y aquí estamos, con promesas a socios de Gobierno que amenazan con provocar un boquete en los ingresos, con el empeño de mantener unos compromisos de gasto están comprometiendo el bienestar de las próximas generaciones y sin presupuestos que ayuden a encajar todo ello y aseguren el cumplimiento de los compromisos fiscales adquiridos con nuestros socios europeos. No resulta fácil creerse eso de que la economía va como un cohete. Pero oye, parece que somos excepcionales, particulares, peculiares, excelentes… Son sinónimos de «singular». Debe tratarse de la singularidad española (y no sólo la catalana). Tal vez vayamos como un cohete, pero no hay que descartar que finalmente se descubra que se trataba de uno de feria.
