Proteger a los jueces independientes
«Los ciudadanos recuperarán la confianza total en la independencia judicial cuando vean a magistrados y jueces tanto conservadores como progresistas»
Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Llevamos meses, muchos meses, hablando de la injerencia del poder ejecutivo, y también del prisionero poder legislativo, en el poder judicial. Las designaciones de exministros o burócratas del Palacio de la Moncloa como miembros del Tribunal Constitucional, las aberraciones vividas en la fiscalía general del Estado y por supuesto la parálisis durante cinco años del Consejo del Poder Judicial, nos han creado un marco en el que sentimos que el Estado de derecho en España está en una situación en descomposición con difícil salida.
Es el momento de hablar también de la actitud de los propios jueces y magistrados que han permitido y permiten hablar del mangoneo del gobierno en sus decisiones y también del mangoneo del Partido Popular en aquellos que fueron designados o nombrados bajo la etiqueta de «conservadores» frente a los «progresistas» resultantes del apoyo del PSOE o directamente del gobierno.
«El poder judicial viene marcado y obligado por el entramado de esas mismas leyes entendidas y pensadas dentro de un Estado de derecho democrático»
Esos beneficiados por la designación de los dos partidos políticos que han venido marcando la alternancia en el gobierno en las últimas décadas, deberían, antes de convertirse en unas figuras a semejanza de los sumisos diputados y senadores que siempre votan según la disciplina de partido, recuperar la independencia intelectual y jurídica que se les presupone ante los casos que les llegan. Deberían siempre actuar independientemente de lo que piensen los partidos que los nombraron, aunque es lógico que la mayoría de las veces coincida. No vamos a eliminar las consideraciones jurídicas y personales que definen a cada uno de ellos, pero sí se puede cuestionar que es imposible para la supervivencia de un Estado de derecho que prime en ellos siempre el mandato del gobierno al pensamiento en todos y cada uno de los casos que se produzcan.
También es momento de considerar, tras el acuerdo del PSOE y PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial en muy esperanzadoras las normas que obligan a que los nombramientos vengan respaldados por dos tercios del consejo. Estoy convencido de que en cada uno de los nuevos veinte miembros del CGPJ hay una capacidad intelectual y una valentía jurídica como para no votar, por lo que les presupongan o directamente les indiquen. Creo que los ciudadanos solo recuperarán la confianza total en la independencia judicial cuando vean a magistrados y jueces conservadores y a magistrados y jueces progresistas, rompiendo la obligada disciplina de voto que se les presupone en bien de la independencia judicial.
«La autocracia que quería Puigdemont para su ‘república catalana’ ha sido asumida por el presidente para la permanencia de su autocracia en la Moncloa»
A diferencia del poder ejecutivo y del legislativo, cuya propia esencia es la creación, modificación o derogación de leyes, el poder judicial viene marcado y obligado por el entramado de esas mismas leyes entendidas y pensadas dentro de un Estado de derecho democrático. La actuación de cada uno de los jueces y magistrados en el órgano judicial que sea solo puede ir marcado por el propio mandato de las leyes democráticas vigentes en nuestro ordenamiento constitucional. La prueba más evidente la hemos vivido hace muy poco. El entendimiento por parte del Tribunal Supremo que la malversación no podía ser amnistiada se ha basado en la aplicación del espíritu de la propia ley de amnistía. Un hecho relevante que pone de manifiesto como el espíritu de las leyes debe de ser entendido y aplicado siempre en toda su magnitud y en todo su detalle.
Es cansino que durante años los independentistas hayan estado siempre acusando a nuestros jueces, de parciales, de hacer política con sus sentencias. De los políticos entendemos siempre su manipulación maniquea en favor de sus intereses. En el caso de los separatistas catalanes, incluso conocimos su propósito en su entelequia independentista de un poder judicial nombrado y siempre supeditado al poder personalista de la Generalitat. Estaba en su programa la creación de un estado sin separación de poderes, dependiente siempre de los caprichos del Muy Honorable President. Son los mismos independentistas que se rasgan las vestiduras ante cualquier sentencia que les haya hecho cumplir las leyes. Es cierto que han conseguido, con sus siete votos, en los últimos tiempos controlar y chantajear al poder ejecutivo hasta unos extremos parecidos al secuestro. Lo que creo que pocos esperaban es este «síndrome de Estocolmo» artificial que ha convertido al partido socialista, o al menos a sus dirigentes políticos, en el mayor defensor de los ideales antidemocráticos de los independentistas. Todo por la gloria del poder de Sánchez, hasta el punto de que la autocracia que quería Puigdemont para su «república catalana» ha sido asumida por el presidente para la permanencia de su autocracia en la Moncloa.
Y ese es el mayor peligro que acecha ahora a la democracia española. Un presidente que, tras convertirse en César de su propio partido eliminando toda crítica interna, ha invadido el poder legislativo barriendo todos los procedimientos de tiempo y control de los proyectos legislativos con el uso y abuso de los procedimientos de urgencia, evitando la generación de los informes de los tradicionales órganos consultivos del estado en la elaboración de las leyes.
Ese mismo presidente y su gobierno, y no hay mejor ejemplo que el triministro Bolaños, se permite no ya cuestionar las decisiones judiciales, sino incluso afirmar su falta de independencia. El despropósito es tal que antiguas figuras de la magistratura como los actuales ministros de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, como Fernando Grande-Marlaska, hacen declaraciones vomitivas en las que pareciera que estamos en una república bananera sin Estado de derecho. Fueron magistrados reputados que se han rebajado intelectualmente hasta las alcantarillas dialécticas en defensa de la esposa de su líder.
El caso Begoña Gómez es un escándalo que ya marca todo el respeto que tiene el poder ejecutivo por el judicial. Un caso que en cualquier país democrático ético hubiera supuesto la dimisión del presidente de gobierno o al menos la explicación de los hechos, Sánchez lo ha convertido en un acto de fe para todos sus seguidores. Para el marido de la investigada son todos bulos. Y por eso, en vez de dar explicaciones, prepara un plan contra los medios de comunicación, mediante la aplicación torticera de un Reglamento de la Unión Europea que intenta defender a los periodistas y que en manos de Pedro Sánchez puede acabar convirtiéndose en todo lo contrario: en el control de los periodistas mediante el control económico de los medios de comunicación.
Entramos en un verano complejo. Control de los medios y control de los jueces parece que son los dos únicos puntos del plan de gobierno. Con una ley de amnistía frenada en la malversación, y con la amenaza de nuevos parones por los delitos de terrorismo o alta traición, todo apunta a que los recursos llegaran a un Tribunal Constitucional muy deteriorado en su imagen por ese 7 a 4 con el que decide todo lo que le llega. La decisión de convertirse de facto en el último tribunal de casación por encima del Supremo en el caso de los ERE vuelve a poner de manifiesto la necesidad de la independencia intelectual y judicial de los jueces por encima de órdenes o insinuaciones del gobierno. Necesitamos jueces que más allá de su ideología personal, conservadora o progresista, asuman que determinadas medidas descomponen de manera peligrosa el ordenamiento jurídico que emana de la Constitución. Necesitamos proteger a los jueces independientes.
