Soberanía fiscal en Cataluña, servidumbre para el resto
«Sánchez ha entregado la estructura de la financiación autonómica de España a cambio de la Generalitat y de desviar la atención de la agenda judicial de su mujer»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Menos mal para el conjunto de los españoles que los independentistas de ERC no le han pedido a Sánchez la entrega a Cataluña de los barcos de la Armada, las divisas del Banco de España, los edificios de las embajadas o la plaza de Cibeles. De haber sido esa su exigencia para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalidad, Sánchez se lo hubiera dado también. En realidad, les hubiera dado cualquier cosa, lo que fuera. Lo hubiera hecho por su enfermiza adicción al poder y, por qué no decirlo, porque ahora mismo estando su mujer, su hermano y él mismo en dificultades con la Justicia necesita apuntarse un tanto político y para sus entendederas qué mejor que ver a Salvador Illa en el sillón de Jordi Pujol.
Por ello casi hemos de agradecer a nuestra suerte que los soberanistas catalanes se hayan contentado con la financiación singular pese a su carácter monstruoso pues se trata de un instrumento que es contrario a los principios de igualdad y de solidaridad establecidos en la Constitución, injusto para el resto de las Comunidades Autónomas -14- incluidas en el régimen común, nocivo para la eficacia de la gestión del sistema tributario estatal y devastador para la financiación de los servicios públicos básicos en los territorios de España con menor capacidad financiera.
Para constatar la gravedad de lo exigido fieramente por ERC y concedido servilmente por Sánchez basta con retrotraerse unos meses, a los días y semanas posteriores a la suscripción por dicho partido y el PSOE del acuerdo para investir a Sánchez presidente del Gobierno español. En el documento figuraba como pretensión independentista que el Gobierno catalán gestionara, liquidara, recaudara e inspeccionara el 100% de los impuestos pagados en Cataluña.
Ante la alarma provocada y las críticas de muchos, saltaron ipso facto los portavoces socialistas y los tertulianos de cámara del Gobierno Sánchez -repasen la videoteca- argumentando: 1) Que la cuestión figuraba en el documento «solo» como pretensión unilateral de ERC y no como un acuerdo bilateral; y 2) Que, por lo anterior, se trataba «solo» de una petición de máximos y que frente al vicio -de ERC- de pedir estaba la virtud -socialista- de no dar.
Con el paso del tiempo, los socialistas y sus correveidiles seguían negando que la cesión ante ERC fuera a llegar tan lejos. Ante la insistencia soberanista, el PSOE se sacó de la manga la idea de un consorcio Estado-Generalitat que gestionara los impuestos pagados en Cataluña que, evidentemente, era ya ceder a la pretensión independentista si bien que de una manera pretendidamente disimulada. Al final, los de ERC lo han querido todo -el 100% de los impuestos- y sin disimulo alguno -nada de consorcios- pues necesitan contentar a sus radicalizadas bases. Y Sánchez ha cedido, como era de esperar, lo ha hecho ante el 100% de las exigencias soberanistas. Es resumen, el vicio independentista de pedir se ha mantenido inalterable pero la virtud socialista de no dar se ha disuelto como un azucarillo. El resultado es que, como vamos a exponer, las consecuencias del acordado cupo a la catalana serán varias y ninguna buena para el interés general.
«El concierto catalán acordado entre PSOE y ERC es contrario a los principios de igualdad y solidaridad que establece la Constitución»
Hemos dicho que el concierto catalán acordado entre PSOE y ERC es contrario a los principios de igualdad y solidaridad que establece la Constitución. Es así, porque supone una clara desigualdad entre los residentes en Cataluña y los que residen en el resto de las 14 comunidades autónomas del régimen común sin que en este caso exista el paraguas constitucional que ampara las excepciones vasca y navarra basadas en el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales.
Hemos afirmado que es injusto para las otras Comunidades del régimen común. Así es porque como nadie exige un cambio para empeorar, puede afirmarse sin duda alguna que con el importe de la cuota -cupo- que devolverá Cataluña al Estado, la dimensión de los recursos que se quedará será mayor que la obtiene actualmente con el régimen común y, matemáticamente, ese aumento será a costa de los que les toque a las otras 14 comunidades autónomas.
Hemos mantenido que es nocivo para la eficacia en la gestión del sistema tributario estatal. No hay duda, la base de datos de la AEAT puede dejar de percibir, o percibir de aquella manera, la información fiscal relativa a las operaciones y agentes económicos de lo que representa el 20% del PIB español. Y en todo caso, la homogeneidad de los criterios aplicados en la gestión impositiva existente hasta ahora pasará a ser cosa del pasado.
«La separación de Cataluña del régimen común abre un auténtico boquete en la financiación de la educación y la sanidad en algunas regiones»
Finalmente, hemos asegurado que la aplicación del cupo a la catalana será catastrófica para la cobertura financiera de los servicios públicos básicos y desgraciadamente no hay otro calificativo posible. Cataluña es hoy una de las tres comunidades que aportan al fondo común autonómico que tiene dicho fin -Madrid y Baleares son las otras dos-, de modo que su separación del régimen común abre un auténtico boquete en la financiación de la educación y la sanidad en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón por poner solo tres ejemplos. Pensar que el futuro cupo que pague Cataluña –a acordar bilateralmente con el Estado- tenga un resultado financieramente equivalente a su actual aportación a la caja común es creer que los de ERC han dado la batalla que han dado para quedarse igual que estaban. No es creíble ni para el que asó la manteca.
Como síntesis de lo escrito puede afirmarse que Sánchez ha entregado la estructura básica de la financiación autonómica de España a cambio de la presidencia de la Generalitat y de desviar la atención social y mediática de la difícil agenda judicial que tienen él y su familia. Todo un hombre de Estado, sí señor.
