Márchese ya, señor Sánchez

Según testimonios de los presentes en la declaración de Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente se mostró altivo y desafiante ante el juez. Esta actitud adelantaba que Sánchez no sólo se acogería a su derecho a no declarar, sino que además recurriría a la abogacía del Estado para cursar una querella por prevaricación contra el juez. 

La consigna que corrió veloz entre los medios y periodistas afines para que la difundieran al unísono es que esta querella no se interponía a título personal, porque Sánchez no es el ciudadano Sánchez, un particular que mira por su propio interés: es el presidente. Sus acciones representan a millones de españoles porque, como él mismo ha reconocido, su persona es indisociable de la institución que representa. Así pues, la defensa no le correspondería sólo a él. Sería un deber compartido por el pueblo porque, al atacar a su presidente, el propio pueblo habría sido desafiado por la fascista oligarquía judicial. 

La partidización se ha constituido en la más grave de todas las dolencias que afligen al régimen del 78. Desde hace demasiado tiempo usar la misma vara de medir, independientemente del origen del asunto chusco que se trate, es un imposible. Un mismo acto siempre es denunciado como execrable o defendido como legítimo en función de la filiación política. En esto todos los partidos funcionan de forma bastante similar demostrando una ferocidad muy peligrosa con los disidentes, muy especialmente con los propios.

Sin embargo, este sesgo ha alcanzado sus cotas más sublimes con el Partido Socialista, de tal forma que de la desesperante partidización se ha pasado a un sectarismo estomagante que aspira a convertir las charranadas y abusos de poder en causas populares que, lejos de ser castigadas, deben ser defendidas por el pueblo contra toda decencia y evidencia.

En una sociedad de ciudadanos que se respetaran a sí mismos y no se prestaran a representar el papel de tontos útiles, el juicio político de Sánchez, a la vista de los hechos contrastados, hace tiempo que se habría resuelto. Sánchez estaría ya dimitido. A partir de ahí, la judicialización del caso Moncloa — ya no es el caso Begoña porque involucra al presidente y a su entorno palaciego— tendría como fin dirimir responsabilidades penales, no las intrínsecamente políticas, porque las segundas, como digo, ya se habrían sustanciado. 

«No hace falta ser de derechas, basta con ser decente para exigir que Sánchez dimita sin que medie ningún juez»

Cargar todo el peso de la prueba sobre la idoneidad de Sánchez como presidente en las pesquisas de un juez limita el alcance de la verdad a la verdad jurídica y tal limitación, en esta España partidizada hasta la náusea, abre la puerta a que el enorme poder que se concentra en la Moncloa acabe retorciendo la Justicia, como ha sucedido ya con el Tribunal Constitucional, hasta reducirla a simple fedataria de la voluntad su inquilino.

No hace falta ser de derechas, basta con ser decente para exigir que Pedro Sánchez dimita sin que medie ningún juez. Lo que conocemos y que, por cierto, no ha sido desmentido por los interesados (ambos se han acogido a su derecho a no declarar) no hace sino ratificar la necesidad de que Sánchez abandone la Moncloa. Tal vez no declarar sea pertinente, desde el punto de vista de la estrategia de la defensa jurídica de un particular, no lo sé, no soy leguleyo, pero desde el punto de vista del ejercicio del poder, que exige transparencia, es condenatorio.

Cargar todo el peso de esa vigilancia del ejercicio del poder sobre los hombros de un juez al que el poderosísimo PSOE acosa por tierra, mar y aire, es impropio de una sociedad mínimamente vigilante y exigente. Los hechos son tan abundantes como tozudos y, para aquellos que han perdido la memoria junto con la dignidad, los resumo a continuación muy someramente porque hacerlo exhaustivamente daría lugar a un texto inacabable.

Reunión en La Moncloa con el rector de la Complutense:

Begoña Gómez mantuvo una reunión en La Moncloa con el rector de la Universidad Complutense de Madrid. Y lo hizo acompañada de su marido, el presidente del Gobierno. Este encuentro, cuando menos, levanta sospechas de conflicto de intereses y uso de instalaciones oficiales para asuntos personales o profesionales. 

Apropiación indebida del ‘software’ de su cátedra:

Se ha denunciado que Begoña Gómez podría estar involucrada en la apropiación indebida de software desarrollado para la cátedra que dirige en el Instituto de Empresa (IE). De hecho, según informaciones contrastadas provenientes de la propia universidad, tal cosa en efecto habría sucedido. Esto ha generado acusaciones de uso indebido de recursos y falta de transparencia en su gestión. 

Connivencia de altos ejecutivos:

Existen acusaciones de que altos ejecutivos de empresas importantes, como el CEO de Telefónica, han esponsorizado o apoyado de manera indebida la cátedra que Begoña Gómez dirigía. Se sabe a este respecto que la mujer del presidente del Gobierno fue recibida por Pallete en su despacho. No es una opinión ni un chismorreo, mucho menos un bulo, es un hecho contrastado. Esto ha sido visto como un posible caso de tráfico de influencias y favoritismo empresarial.

Nombramiento en el Instituto de Empresa (IE):

El nombramiento de Gómez en el IE, y específicamente en la dirección del África Center, genera críticas y sospechas de nepotismo. Discutir si este nombramiento obedece a los méritos propios Begoña Gómez o fue favorecida por su condición de esposa del presidente del Gobierno resulta ocioso a la vista, precisamente, de los méritos de la interesada.

Contratos y relaciones profesionales:

También las relaciones profesionales y contratos de Begoña Gómez en el sector de la consultoría han sido escrutadas por posibles conflictos de intereses, especialmente en cuanto a si sus actividades profesionales se beneficiaron indebidamente del cargo de su marido.

Actividades empresariales:

La participación de Gómez en ciertas empresas y su implicación en actividades de consultoría han sido examinadas por posibles irregularidades y falta de transparencia, generando dudas sobre la ética de sus prácticas empresariales.

Conclusión:

Las acusaciones y controversias en torno a Begoña Gómez y Pedro Sánchez destacan preocupaciones sobre el uso de influencias políticas para beneficios personales, posibles conflictos de intereses y la transparencia en su vida profesional. Que todo esto, una parte o ninguna, sea constitutivo de delito dependerá de las pesquisas judiciales, pero políticamente sin necesidad de mayores averiguaciones es absolutamente escandaloso. Si en vez de Sánchez y Begoña se tratara de otro binomio de cualquier otro partido, mi juicio no variaría un ápice. Exigiría la inmediata dimisión del presidente, independientemente de su filiación política. 

Que quienes dependen del actual Gobierno para asegurarse su plato de lentejas o en no pocos casos vivir a cuerpo de rey se pasen su dignidad y la de todos por la piedra es hasta cierto punto comprensible o cuando menos esperable. Pero que millones de españoles corrientes lo hagan simplemente por ser de izquierdas evidencia que, para ellos, la izquierda ya no es una ideología, ni siquiera un sustitutivo de la religión: es una enfermedad del alma. Una dolencia que convierte a quien la padece en alguien tan malvado que defiende con vehemencia que el bien debe obrarse con el mal.