Acuerdo PSC-ERC: choque frontal con la Constitución
«El pacto representa un paso hacia la desconexión de Cataluña, alineándose con el nacionalismo catalán, y choca frontalmente con la Constitución española»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El reciente acuerdo rubricado entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), bendecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marca un hito en la política catalana con trascendencia nacional. Este pacto se compromete en cuatro aspectos clave para avanzar hacia una mayor soberanía autonómica, aunque no sin controversia y claros desafíos constitucionales.
Ambas formaciones se han comprometido a resolver el «prolongado conflicto político» mediante un amplio consenso en la sociedad catalana sobre su futuro, apostando por el diálogo y la negociación con el Estado para alcanzar un acuerdo refrendado por la ciudadanía (de aquel territorio). El acuerdo también propone la creación de un sistema de financiación singular que permita a Cataluña avanzar hacia la plena soberanía fiscal, estableciendo una relación bilateral con el Estado para la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Sin duda, un paso audaz para una comunidad dentro de un país que no contempla tales autonomías financieras, quebrando el principio constitucional de «solidaridad» expresado en su artículo 138.
Además, el compromiso se centra en reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, incluyendo un acento especial en el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán y la acción exterior de la Generalitat. Finalmente, el acuerdo garantiza la continuidad de políticas públicas que promuevan un sistema productivo y servicios públicos que busquen la prosperidad compartida, asegurando el bienestar y las oportunidades para toda la ciudadanía.
Parece como si el nacionalismo catalán tuviera carta blanca del PSC para escribir a su antojo, o más bien como si la debilidad de Illa y del propio presidente Sánchez les hubiera llevado a decir: «Anota ahí lo que quieras».
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo se encuentra en el apartado 3.2.2, que expresa: «Se culminará la creación del Cuerpo de Acción Exterior y se establecerá un plan de implementación de sus funcionarios y funcionarias en todos los departamentos». Además, se consolidará y ampliará la red actual, con especial atención a América Latina, Asia y África. También cuando señala que se promoverá la participación de la Generalitat de Cataluña en organismos y agencias internacionales como la ONU, UNESCO, OMS, EUROPOL, ONU Mujeres, ONU Hábitat, UNRWA, FAO y OCDE. Respecto a la OSCE, se menciona que Cataluña «participará en reuniones de la tercera dimensión de seguridad, en las que se abordan aspectos relativos a los derechos humanos y libertades en el continente europeo, en el Cáucaso y en Asia Central».
«El plan plantea una rotunda desconexión —sin disimulo— de España en términos de acción y representación en el exterior»
Este ambicioso plan plantea una rotunda desconexión —sin disimulo— de España en términos de su capacidad de acción y representación en el exterior, así como de seguridad nacional. La Constitución Española es clara en este aspecto. En su artículo 97, establece que: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes». Asimismo, el artículo 149.1.3 afirma: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 3.ª Relaciones internacionales». Y en el artículo 149.1.10ª: «Aduanas y aranceles; comercio exterior».
Crear un «Cuerpo de Acción Exterior» y participar en organismos internacionales de modo autónomo parece que no va en la dirección constitucional. Querer participar en Europol, la comúnmente conocida como policía europea, que tiene por misión asistir a los Estados miembros en la prevención y la lucha contra toda forma grave y organizada de delincuencia, ciberdelincuencia y terrorismo a escala internacional, parece cuando menos una pretensión excesiva. Europol colabora asimismo con numerosos Estados asociados no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Además, la intención de participar en la OSCE, una organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa con 57 Estados (no regiones) participantes en América del Norte, Europa y Asia, resulta igualmente ambiciosa.
El acuerdo también sorprende en el apartado de «seguridad», al estipular «mantener las convocatorias anuales del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con un mínimo de 900 anuales, para alcanzar el objetivo de 22.000 efectivos en Cataluña en 2030». Parece una cifra elevada, 22.000 efectivos para una población de 8 millones de habitantes, mientras España dispone de alrededor de 156.000 agentes para 47 millones. Esto apunta a una pretensión de sustituir la presencia del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en Cataluña, ya en disminución, por cierto.
Además, se plantea la creación de la «Autoridad Aeroportuaria de Cataluña», una medida que colisiona con las competencias reservadas al Estado, y que resulta crucial respetar en un momento donde la inmigración es un problema creciente y la seguridad nacional necesita de todas las vías de conocimiento, presencia y colaboración sin matices.
«La posibilidad de que el Tribunal Constitucional contravenga la voluntad del presidente del Gobierno parece remota»
A pesar de las voces críticas que han aparecido en el PSOE, este acuerdo parece destinado a ser dilucidado en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dadas las actuales circunstancias políticas y la composición del mismo, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional contravenga la voluntad del presidente del Gobierno parece remota, más aún, ya que estamos en agosto, parece un sueño de una noche de verano.
En resumen, el acuerdo entre el PSC y ERC representa un ambicioso paso hacia la desconexión de Cataluña, alineándose con los deseos del nacionalismo catalán y respaldado por el socialismo de la comunidad y su líder en España. Sin embargo, este pacto choca frontalmente con la Constitución española. Lo que sigue es previsible: cumplir con lo acordado para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, aunque ello implique dejar jirones irreparables en el camino.
