THE OBJECTIVE
Guadalupe Sánchez

Así liberará Pumpido a Puigdemont

«Sánchez podría ofrecer a Puigdemont para aplacarlo por la investidura de Illa y la demora en la amnistía un fallo exprés del Constitucional que lo ponga en libertad»

Opinión
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Así liberará Pumpido a Puigdemont

Ilustración de Alejandra Svriz.

La amnistía o el reciente pacto fiscal para Cataluña no nacieron para garantizar la convivencia en esa comunidad autónoma, sino la permanencia de los socialistas en el poder nacional y autonómico. Desde el 23 de julio, Sánchez es plenamente consciente de que sus opciones para continuar en la Moncloa pasan tanto por contentar a sus socios independentistas en el Congreso, como porque el PSC los fagocite electoralmente a través de la institucionalización de sus reivindicaciones, aun cuando antaño éstas fuesen reputadas de inconstitucionales. 

Lo cierto es que el desplazamiento del PSOE hacia posiciones de corte nacionalista no socavó el suelo electoral de Pedro, sino que lo mejoró.  Por eso el votante de izquierdas -que es marcadamente utilitarista- está dispuesto a aceptar el nacionalismo periférico como animal de compañía si consideran que es lo necesario para seguir en el Gobierno y monopolizar los contrapoderes del Estado. Así que, no lo duden, avalarán la creación de un cupo catalán y tragarán con la renuncia a la solidaridad interterritorial, igual que hace unos meses tragaron con la ley de impunidad a los golpistas tras haber votado a un señor que les prometía el cumplimiento íntegro de la sentencia del procés.

Cierto es que ni a Junts ni a ERC parece preocuparles este movimiento aglutinador del PSOE a costa de sus votantes, a pesar del éxito que ha demostrado con Podemos y Sumar o del acusado desgaste que en los últimos comicios catalanes sufrieron los republicanos en beneficio de Salvador Illa. Pareciera que los líderes de ambas formaciones han situado por encima de cualquier consideración de índole programático, ideológico o electoral, su rehabilitación personal en la política patria a cuenta de una amnistía de la que todavía no se han podido beneficiar. Eso explica que ERC esté dispuesto a investir a Illa o Puidemont a regresar a España: porque son sabedores de que el socialismo ha puesto a su disposición todos los resortes del Estado para que cristalicen sus pretensiones y triunfe el procesismo sin que tengan que responder por sus crímenes. Pero la bula de impunidad sanchista no será eterna, el momento es ahora.

No obstante, tanto los socialistas como los independentistas son plenamente conscientes de que existe un escollo, un contrapoder al que todavía no han conseguido domeñar: el Tribunal Supremo. Igual que la Sala Segunda frenó la amnistía prometida, podría truncar el paripé mesiánico que planea Puigdemont para su retorno. Sabe que, en cuanto pise territorio nacional, Llarena hará efectiva la orden de detención y lo enviará a prisión. Por supuesto que contra las resoluciones del juez instructor cabe recurso (de reforma y subsidiario de apelación), pero quien resolverá este último serán los tres magistrados que integran la Sala de Apelación del Supremo. Todo ello mientras Llarena concluye el sumario y lo eleva para su enjuiciamiento al mismo Tribunal que juzgó y condenó en 2019 a los otros líderes procesistas, al que previsiblemente Puigdemont recusará por tal motivo para que pase a estar integrado por magistrados de otros órdenes jurisdiccionales… Algo que le obligaría a soportar no pocos meses en prisión provisional.

Pero ya les digo yo que se pueden ir olvidando, porque Puigdemont no está dispuesto a esperar pacientemente en su celda mientras se somete al periplo judicial del que salió huyendo en el maletero de un coche. Va a buscar un camino alternativo, un desvío que le llevará ante el Tribunal Constitucional de Pumpido mucho antes de lo que lo haría siguiendo la vía ordinaria: el Habeas Corpus.

«La puesta en libertad de Puigdemont garantizaría a Sánchez la aprobación de los presupuestos y el poder agotar la legislatura»

Se trata de un procedimiento contemplado en el artículo 17 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, cuya finalidad es proceder a la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona que considere que ha sido detenida ilegal o arbitrariamente. Su tramitación es muy rápida y sencilla, ya que se da audiencia al Ministerio Fiscal, al detenido y a los agentes o autoridad que practicaron la detención, debiendo resolverse la solicitud en el plazo máximo de 24 horas desde que se incoara el procedimiento. 

Como ya habrán adivinado -y si no se lo confirmo yo- contra el Auto del juez que resuelve la solicitud de Habeas Corpus cabe recurso de amparo, cuya resolución corresponde al Tribunal Constitucional. Es decir, Puigdemont podrá llamar a la puerta de Pumpido tras un proceso muy breve. Soy consciente de que, llegados a este punto, muchos están pensando que esto no le librará de disfrutar de la vida carcelaria durante unos largos meses, ya que el tiempo de resolución medio de tramitación y resolución de los recursos de amparo sobre esta materia supera los 12 meses, si no más. 

Por eso me atrevo a aventurar que lo que Sánchez ha podido ofrecer a Puigdemont para aplacarlo por la investidura de Illa y el retraso en la efectividad de la amnistía sea, precisamente, una decisión express del Constitucional que lo ponga en libertad. Algo que garantizaría a Pedro la aprobación de los presupuestos y el poder agotar la legislatura.

Me barrunto que esto es lo que se podría estar cociendo en las cocinas del Estado profundo mientras el personal anda de vacaciones, cuando no distraído con el paripé de los comunicados cruzados entre ERC y Junts o los juegos malabares de Puigdemont volviendo a Cataluña cual hijo pródigo del independentismo.  Mientras asistimos al espectáculo grotesco en el que Sánchez ha convertido la política nacional, no nos haremos la pregunta correcta: que el Constitucional resuelva en tiempo récord un recurso de amparo que, para el resto de los ciudadanos españoles tarda más de un año en dilucidarse, porque es necesario para asegurar la permanencia en el Gobierno de un partido político. ¿Podría integrar el delito de prevaricación judicial? Yo ahí lo dejo.

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