THE OBJECTIVE
Manuel Arias Maldonado

Lo llaman democracia y no sabemos si lo es

«La adhesión al concierto económico catalán ha terminado por desacreditar a quienes como Sánchez, Podemos o Sumar venían a salvar la democracia española»

Opinión
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Lo llaman democracia y no sabemos si lo es

Ilustración de Alejandra Svriz.

Después de anunciarse el pacto entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa, que a tenor de su contenido parece escrito a solas por el partido independentista e incluye un «concierto económico solidario» para Cataluña que rompe la caja común del sistema autonómico, las reacciones han sido tan variopintas como instructivas. Y no es para menos: tanto la forma del acuerdo como sus contenidos específicos merecen, a la vista de la trayectoria de los actores políticos que la firman y a la luz de la teoría política democrática, infinidad de notas a pie de página.

Ya se ha ido comprobando que también este debate se ve condicionado por la afiliación de los participantes: alinearse con el poder resulta tan tóxico para la coherencia argumentativa que asistimos atónicos al espectáculo que nos procuran quienes llevan años diciendo lo contrario de lo que hacen y desde luego lo opuesto de lo que ahora defienden. Hablamos de representantes políticos que han hecho toda una carrera y ganado fama volviendo una y otra vez sobre una serie de temas recurrentes: exigiendo la instauración de una democracia participativa, arremetiendo contra las élites insolidarias, defendiendo la sanidad pública y reclamando más dinero para financiarla, poniendo sobre la mesa el problema de la «España vacía» y pidiendo que se destinen fondos para volver a llenarla, abjurando de la corrupción política…

Tanto el Pedro Sánchez que hacía oposición como las estrellas del primer Podemos hicieron de la «dignidad democrática» el eje de su discurso; apostaban por la regeneración democrática y se dijeron preocupados —siguen diciéndolo— por las noticias falsas que contaminan el debate público. ¡La máquina del fango! Y si bien todo ese edificio argumental había quedado ya suficientemente expuesto en los últimos años como un mero engañabobos, la adhesión al concierto económico catalán ha terminado por desacreditar a quienes venían a salvar la democracia española.

Basta leer los tuits que han publicado al respecto Íñigo Errejón o Elizabeth Duval, por ceñirme a dos figuras conocidas de nuestra extrema izquierda; verdaderamente no es necesario descender a los sótanos morales donde se han instalado esos dirigentes autonómicos del PSOE que —como Juan Espadas en un tuit involuntariamente memorable— han pasado de clamar por la igualdad a aplaudir la desigualdad. Tanto Errejón como Duval se ven obligados a disfrazar su apoyo al pacto con el manto de una palabrería difícilmente comprensible, aludiendo a nuevos comienzos y oportunidades resplandecientes.

«Solo el separatismo puede salir a defender a cara descubierta la ruptura de la caja común del Estado»

No son los únicos que recurren a esa estratagema: solo el separatismo puede salir a defender a cara descubierta la ruptura de la caja común del Estado, porque es coherente con sus objetivos históricos. Para la izquierda, en cambio, supone hacerse el harakiri doctrinal: solo confían en que sus votantes, cegados por la identificación partidista o el odio a la alternativa, miren para otro lado sin dejar de depositar la papeleta en la urna cuando llegue el momento.

En cualquier caso, los hechos son tozudos: 13 años después de que el movimiento 15-M se indignase con el estado de la democracia española, sus herederos oficiosos apoyan un acuerdo entre partidos autonómicos que no estaba en el programa electoral de nadie y ni siquiera es «pactable» como tal en un marco regional; un acuerdo cuya fundamentación escrita se basa en datos mendaces y queda bien lejos de esa «política basada en la evidencia» con la que nos martillean los científicos sociales que asesoran a Sumar y Podemos; un acuerdo que supone un cambio constitucional de tal calado que no debe sino debatirse en el Parlamento y consultarse a los españoles; un acuerdo, en fin, que ni siquiera puede defenderse afirmando que mejorará la vida de esas «clases populares» a las que nuestros populistas dicen representar. Habrá que sacar una pancarta… ¡Democracia real ya!

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