Circo y rancho aparte
«A lo mejor un país más chiquito, con menos PIB, pero donde se cumplan las leyes, sin excepciones ‘ad hoc’ para privilegiados, nos saldría más a cuenta»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Con el bochornoso espectáculo de unas fuerzas policiales escandalosamente inhibidas de su obligación de detener a un fugado de la justicia -que tuvo tiempo hasta de dar un mitin televisado- para que sus responsables políticos consiguieran la escenificación circense de una supuesta persecución política y la investidura del valido de Sánchez en Cataluña, se consumó el pasado jueves lo que también interesaba por igual al Gobierno y sus muletas parlamentarias: desautorizar pública y explícitamente al Tribunal Supremo en su actuación por los hechos del 1-O demostrándole que ni sus resoluciones ni el ordenamiento jurídico español rigen en Cataluña.
La materialización en definitiva de que cabe la política al margen de la ley, e impune a ella: una concepción del poder que empezó informando la conducta de los actores políticos que gobernaban Cataluña en 2017 y que ha terminado por extenderse a los que gobiernan toda España.
Al margen de la ya irreversible degradación institucional y del ridículo internacional al que fue sometida la democracia española, el corolario fue la sabida consecución del pacto de investidura que une a aquellos actores políticos. Les ahorro la lectura del documento que lo instrumenta, y les sugiero una condensación: «Cuando un cerdo pide rancho aparte es que quiere comer más que los demás».
Si los que tenemos el privilegio de asomar a los medios nos respetáramos más a nosotros mismos y a quienes tienen la bondad y paciencia de leernos, en esa variación del citado adagio agropecuario habría de empezar y terminar la exégesis del acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC para sostener al primero en la presidencia del Gobierno. Ya simplemente coger el guante dialéctico de tratar ese pacto como algo negociado o decidido entre el PSC y ERC con respecto a la presidencia de la Generalitat es convertirse en partícipe de la farsa política del momento. Como ese Illa, que quiere lastimosamente fungir de protagonista, y, al que, todavía, desde que para cubrir el peaje del PSC en el Gobierno le dieron el Ministerio de Sanidad, no se le ha borrado de la cara el gesto de desprevenido asombro que le dejó la pandemia.
¿Qué sentido tiene tratar de desmontar con datos y argumentos esta reformulación del milagro de los panes y los peces, en el que sería posible sustraer del sistema tributario común las rentas con domicilio fiscal en Cataluña y, al mismo tiempo, aumentar la aportación de esa comunidad a la caja común? Si alguien quiere perder el tiempo explicando una aritmética que, a lo más, implicaría la suma y la resta, está en su derecho de gastar su vida en ello: el CIS demostrará que esa resta suma en las cuentas y en las meninges de los encuestados.
«La condición solidaria es precisamente la inversa de la que implementa el acuerdo entre Sánchez y ERC»
Desde la perspectiva de los votantes, militantes y dirigentes del PSOE/PSC la incredulidad se conjura, o, vale decir, la farsa se sostiene, trufando la hermenéutica del acuerdo con la palabra «solidaridad» vaciada, eso sí, de contenido al efecto, pues la condición solidaria es precisamente la inversa de la que implementa el acuerdo: aquella que a todos, conjuntamente o por separado, nos obliga y nos hace responder por entero, de lo de cada uno y de lo de los demás. La fuerza de las palabras es formidable; sirven incluso cuando significan justo lo contrario de lo que se pretende comunicar con ellas.
Tampoco desde la expectativa de los votantes, militantes y dirigentes del ERC la viabilidad del acuerdo es cosa como para ofrecerla en prenda: la mutación constitucional ofrecida por Sánchez para comprar su supervivencia, que habla desinhibidamente de «federalización» (en puridad sería «confederalización» dada la bilateralidad asimétrica postulada), tiene mal recorrido sin pasar por los procedimientos de reforma constitucional, para la que ni de lejos contaría con las mayorías exigidas.
También es cierto que ERC ya ha advertido de que estará vigilante en el cumplimiento, lo que, viniendo de la autodenominada «exiliada» retornada, Marta Rovira, significa que velará porque se cometan las ilegalidades necesarias en ejecución del acuerdo, para lo cual dispone -dice- de un plan B. Con un Tribunal Constitucional que ya no suspende cautelarmente ni los actos del Parlament contrarios a sus propias prohibiciones (como la de aceptar el voto delegado de prófugos de la justicia, como Puigdemont), quizá sean más creíbles y plausibles las promesas de los sedicentes que la certeza de la vigencia del orden constitucional, desde hace años derogado de facto en Cataluña.
Caso paradigmático de esa derogación fáctica es el uso coercitivo que se hace del catalán como lengua exclusiva y excluyente en la vida pública en esa comunidad. Al incumplimiento palmario y constante de las resoluciones judiciales de condena que tratan de garantizar el derecho a recibir alguna educación en castellano -quedan en pronunciamientos meramente declarativos- se une ahora, gracias al acuerdo de Sánchez, un nuevo comisariado lingüístico que atornille institucionalmente esa conducta pública ilícita y discriminatoria. Chaparrón sobre diluvio.
«No van a faltar ciudadanos de fuera de Cataluña que piensen en batallar, esta vez ellos, por un referéndum de autodeterminación»
Así las cosas, ¿qué más les dará a los catalanes no nacionalistas y al resto de los españoles que gobierne en Cataluña el PSC con Illa al frente si lo hará con el programa de ERC? La pregunta que el resto de los españoles -que sí contribuiremos vía impuestos a las necesidades colectivas- ya empezamos a hacernos es si nos merece la pena cargar con esta gente para, encima, no poder aspirar, por ejemplo, a algo tan sencillo en cualquier país como acceder en cualquier lugar de su territorio a un empleo público en virtud del propio mérito y capacidad, es decir, en este caso sin ser discriminados allí por un apartheid ilícito, impuesto y agravado con el acuerdo de investidura de marras.
Al final, si de lo que se trata es de que permanezcan dentro de España para disfrutar lo bueno (UE, euro, seguridad, defensa, infraestructuras, pensiones, etc) y fuera para no asumir las obligaciones que conlleva compartir la comunidad política (redistribuir solidariamente, respetar el ordenamiento común), pues igual no merece la pena proveer de más acomodo. A este ritmo no van a faltar ciudadanos de fuera de Cataluña que piensen que la última trinchera que les queda es batallar, esta vez ellos, por un referéndum de autodeterminación; pero uno de verdad, puramente binario: dentro para todo, o fuera, pero también para todo. Y que quien quiera disfrutar de la emoción de la independencia asuma que tendrá que pagar su precio, porque el precio de la confederación asimétrica impuesta por la puerta de atrás parece que lo tendríamos que pagar los demás.
A lo mejor un país más chiquito, con menos PIB, pero donde se cumplan las leyes, sin excepciones ad hoc para privilegiados ajenos incluso al Código Penal, nos saldría más a cuenta. Igual ahí hasta nos sale una izquierda que se ocupe algo de las cuestiones sociales, y se deje votar. Al menos nos libraríamos de una coyuntura, ya devenida en permanente, en la que cualquier aventurero sin escrúpulos puede comprar su permanencia en el poder poniendo el país al servicio de unos privilegiados xenófobos y encima en nombre del progreso y la solidaridad.
