¿Dónde va la Unión Europea?
«Que un Gobierno pretenda controlar las redes sociales ya es escandaloso, pero lo es aún más que quien intente censurarlas sea un burócrata al que nadie ha votado»
![¿Dónde va la Unión Europea?](https://theobjective.com/wp-content/uploads/2023/10/REDES-SOCIALES.jpg)
Ilustración de Alejandra Svriz
Aunque a los totalitarios de todos los signos les moleste, y en la coalición Frankenstein del sanchismo que nos gobierna los hay de muchos colores, los padres de nuestra Constitución de 1978 no tuvieron la menor duda a la hora de redactar el artículo 20, que dice:
«1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
Por supuesto que, cuando elaboraban ese texto, inspirados por la voluntad de recuperar la libertad y por el ánimo de reconciliar a los españoles de todas las ideologías, no tenían ni la más remota idea de lo que iban a ser las redes sociales, pero, por si acaso, a la hora de enumerar las formas en que pueden expresarse libremente los pensamientos, ideas y opiniones, además de la palabra y el escrito, añadieron lo de «cualquier otro medio de reproducción». Así, hoy, cuando esas redes sociales se han convertido en una de las formas más utilizadas -si no la que más-, los españoles sabemos que la Constitución también protege nuestra libertad de expresión y, consiguientemente, de información, a través de esas redes.
Ese mismo artículo 20, con toda lógica, añade: «4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».
«Trump ha estado excluido durante los últimos tres años, hasta que Musk tomó las riendas de la antigua Twitter»
Estos son los derechos que, gracias a nuestra Constitución, tenemos garantizados todos los españoles.
Pues bien, a última hora del domingo 11 de agosto, el dueño de la red social X, Elon Musk, anuncia que, al día siguiente, lunes, a las ocho de la tarde (hora local) va a tener una entrevista con el candidato republicano Donald Trump que podrá seguirse en esa red social. Trump, a su vez, ese lunes por la mañana también anuncia la entrevista a los 89 millones de seguidores que tiene en esa red, de la que ha estado excluido durante los últimos tres años, hasta que Musk tomó las riendas de la antigua Twitter.
Estando así las cosas, pocas horas antes de que tuviera lugar la entrevista de Musk con Trump, el comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, hace pública una carta dirigida a Elon Musk en la que, con ese tono típico de superioridad moral que utilizan los progres, le advierte que «grandes audiencias implican grandes responsabilidades» y que, como en los países de la Unión Europea viven un tercio de los 300 millones de usuarios de X, a él le corresponde el deber de luchar contra la desinformación.
¡Vamos! Que le amenaza con la censura en nombre de la DSA (Reglamento de Servicios Digitales), aprobado por el Parlamento Europeo a finales de 2022. Así, le dice que esa DSA deja claro que la libertad de expresión y de información, junto a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, tienen que estar protegidos eficazmente, pero que hay un deber de «ser moderado», para lo que en la UE existe un sistema de reconocer «contenidos problemáticos» y, así, actuar rápidamente para retirar cualquier contenido ilícito o hacer imposible el acceso.
«El comisario Breton ha puesto de manifiesto el descontrol que reina en las actividades de los burócratas de Bruselas»
La dirigente de X Linda Yaccarino contestó inmediatamente al comisario europeo diciéndole que su carta era «un intento sin precedentes de extender una ley destinada a aplicarse en Europa a actividades políticas en los Estados Unidos». Y, sobre todo, el Congreso de los Estados Unidos le ha dirigido otra carta en la que le dicen que «en vista de sus recientes amenazas hacia X (…) le escribimos para exigirle que pare todo intento de intimidar a individuos o entidades dedicadas al discurso político en los Estados Unidos y que no lleve a cabo ninguna acción para interferir en el proceso democrático estadounidense».
Pero ¿quién es este Thierry Breton y por qué hace lo que ha hecho, en nombre, nada menos, que de la Unión Europea?
Breton es un ejecutivo empresarial francés, que fue Ministro de Economía con Chirac y, desde 2019 hasta ahora, comisario europeo. Y con su iniciativa de amenazar a Elon Musk ha puesto de manifiesto, una vez más, el descontrol que reina en las actividades de los burócratas de Bruselas, que utilizan el inmenso poder que les da el hablar en nombre de toda Europa, para defender posiciones ideológicas que nadie ha votado y que nadie tiene la capacidad de controlar. Actuaciones como ésta demuestran claramente la deriva autocrática de la burocracia bruselense.
Posiciones ideológicas que, como vemos en este caso, coinciden con las de esa hegemonía cultural de la izquierda, contra la que todos los que creemos en la libertad tenemos el deber de luchar. No se olvide que este comisario no dijo ni pío cuando Twitter censuró y expulsó a Trump.
Que un Gobierno pretenda controlar las plataformas on line ya es escandaloso, pero lo es aún más que quien intente censurarlas sea un burócrata al que nadie ha votado. De ahí, la reacción inmediata de asociaciones como Pie En Pared, con una carta abierta dirigida a la Comisión Europea criticando la que su Comisario dirigió a Elon Musk.
Otro día habrá que entrar a analizar las ambigüedades que se esconden detrás de un concepto jurídico tan difuso como es el de los delitos de odio, con el que los autócratas wokistas que nos quieren imponer su manera de pensar justifican la censura de los medios de comunicación.