La atroz regresividad del concierto catalán
«La aplicación de lo que figura en el pacto PSOE-ERC significaría que el mayor contribuyente del IRPF fuera el que más ayudas públicas recibiera y que el contribuyente con menor renta fuese el que menos. Así de bestial»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Muchas son las mentiras que estamos escuchando sobre la financiación singular para Cataluña prevista en el acuerdo nacional socialista que han adoptado los de Sánchez con los de ERC. La mayor de todas y con mucho es la pronunciada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, negando que se trate de un concierto. Hasta Borrell, su correligionario y antiguo secretario de Estado de Hacienda con Felipe González, ha tenido que desmentirle públicamente. Y cuando tras escuchar su mentirosa negativa, sus socios de ERC han amenazado con romper la baraja ella ha hecho lo de Cagancho en Almagro.
Pero la gran mentira de Montero coexiste con otras que intentan trasladar a la opinión pública una versión manipulada del contenido del acuerdo nacional socialista. Entre ellas destaca el pretendido respeto a la solidaridad interregional del sistema pactado cuya existencia afirman los que nos mienten. Basan su afirmación en que así se recoge literalmente en el documento que recoge el pacto pero nos omiten que, al tiempo, la pretendida solidaridad resulta descaradamente mutilada por consagrarse también en el documento -y en varias ocasiones- el regresivo principio de ordinalidad.
Como concepto, el citado principio viene a consistir en que lo recibido per cápita por cualquier territorio, en nuestro caso comunidad autónoma, no puede ser inferior a lo que reciba -también per cápita- otro territorio que haya aportado menos. Así de salvaje, así de contrario a cualquier idea de solidaridad efectiva y real, así de regresivo. Para constatar su regresividad, es suficiente imaginar que este principio se aplicara a la contribución tributaria de las personas físicas y a su percepción de medidas asistenciales del gasto público. Significaría que un español con una renta tan alta como fuera debería recibir al menos el mismo importe de ayudas públicas que un español que no tuviera ingreso alguno. Tremendo.
Pues con todo, en el pacto PSC-ERC se establece expresamente que la solidaridad (de Cataluña) estará limitada por el citado principio de ordinalidad. Y aún más, se determina el modo de aplicación práctica disponiendo que la clasificación de las comunidades en función de su aportación per cápita a la caja común ordenada de mayor a menor debe mantener el mismo orden en la escala correspondiente a lo que reciben, también per cápita. Es necesario reiterarlo: tremendo. No cabe mayor regresividad.
Para facilitar la explicación, lo acordado significa que si Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta por habitante debe ser la tercera que más reciba también por habitante. Visto simétricamente, y dependiendo de qué escala sea la que determine el orden de la otra, si fuera la tercera que menos recibe ha de ser también la tercera que menos aporte. En una visión bilateral, si Cataluña aporta más que Castilla La Mancha, recibirá también más. O bien, si recibiera menos aportaría también menos. Motivo tienen los castellano manchegos, así como los residentes en otras comunidades con menor nivel de renta, para enfurecerse con lo pactado entre los socialistas y los de ERC.
Recurriendo otra vez al ejemplo de las personas físicas, la aplicación de lo que figura en el pacto PSOE-ERC significaría que el mayor contribuyente del IRPF fuera el que más ayudas públicas recibiera y que el contribuyente con menor renta fuese el que menos. Así de bestial.
Es evidente que en función de los criterios, indicadores, parámetros y coeficientes que forman el sistema de financiación autonómica y de los que puedan formarlo en el futuro, mantener el mismo orden en la doble clasificación de comunidades aportadoras y receptoras de la caja común puede resultar un sudoku de imposible solución. Por ello, los firmantes del pacto nacional socialista han previsto que de no cumplirse para Cataluña la ordinalidad pactada, el Estado deberá compensar a la Generalitat con el importe necesario hasta que se restablezca para ella el requisito de figurar en el mismo puesto en el orden de las comunidades aportantes y receptoras.
Quiere decirse que si, por ejemplo, Cataluña precede a Castilla La Mancha en la clasificación de las comunidades aportantes y, por aplicación de las normas del sistema de financiación autonómica, no la hace en el de receptoras, recibirá una compensación del Estado hasta que supere a Castilla La Mancha en el importe recibido. Y así con todas las comunidades, una tras otra. Como puede observarse, se trata de un acuerdo de financiación singular, sí, singularísima en la atrocidad de su carácter regresivo.
De modo que vamos listos y no hay que darle más vueltas. Nos vendan la burra como nos la quieran vender, en la práctica el acuerdo nacional socialista exonera a Cataluña de cumplir con el principio de solidaridad interterritorial que establece la Constitución en sus artículos 2 y 138.1. Esto es así tanto si sus adoptantes pretenden modificar la LOFCA para incluir el contenido del acuerdo en nuestro Ordenamiento jurídico como si aspiran a hacerlo mediante una modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este caso, además, se incumpliría también el apartado 2 del reseñado artículo 138 de la Carta Magna que prohíbe que las diferencias entre los diversos Estatutos autonómicos puedan suponer privilegios económicos o sociales.
Pero bueno, Sánchez ha logrado así colocar a Salvador Illa de presidente de la Generalitat, que de eso y no de otra cosa se trataba. Como ya he tenido ocasión de manifestar, menos mal que los de ERC no han exigido más porque más les habría dado Sánchez. Lo que fuera, pues está en su ADN que el poder es lo único que le importa y que por obtenerlo está dispuesto a pagar el precio que sea, incluso la adopción de este acuerdo nacional socialista de financiación singular para Cataluña.
