El cupo catalán
«Todos sabemos que los nacionalistas catalanes, apoyados por una parte muy importante de los votantes, lo que quieren es aportar menos al resto de España»
Inteligencia artificial.
Yo he malinterpretado a Pedro Sánchez. Pensaba que era un hombre capaz de todo con el único objetivo mantenerse en el poder. La literatura recoge toneladas de páginas que hablan del puro ejercicio del poder como fin último de algunos que lo anhelan con una ambición sin medida, sin freno. Pero todo fin puede convertirse en un medio para otro fin ulterior. Y esto es lo que no he concebido hasta recientemente. Pedro Sánchez quiere el poder de forma instrumental. Se está buscando las castañas para el día después, y los que le siguen. Si tiene eso algo que ver con el dinero que aparca el hermano, es terreno para la especulación. Las sospechas pueden ser menos vacilantes en el caso de los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Por si no le convence Waterloo, se ha ganado la simpatía de Marruecos, Venezuela, Gaza y quién sabe qué otras satrapías. Su modelo es Rodríguez Zapatero.
Sea cual fuere su fin último, lo cierto es que Sánchez no conoce los límites. Ha negociado el Código Penal con un grupo de convictos sólo porque pueden mantenerle en el poder. Para ello, no le ha importado saltarse una Constitución que, de todos modos, tiene ya domada gracias a Cándido Conde-Pumpido y sus cuates. Podríamos seguir describiendo el desmembramiento del Estado para entregárselo a los nacionalistas, pero me quiero centrar en la noticia del momento, que es la del cupo catalán, pago necesario para colocar al exministro Salvador Illa como molt honorable.
El cupo consiste en que la región recaude el 100 por ciento de los impuestos (actualmente recauda el 9%). La comunidad autónoma se quedaría con ese dinero, menos lo que tendría que entregar al Estado por dos conceptos: uno para compensar por las inversiones que realiza en Cataluña, y el otro, no se rían, una aportación a un fondo de solidaridad con el resto de regiones españolas.
Los saldos fiscales salen desfavorables para las regiones más ricas. Es el resultado inevitable de un sistema con progresividad fiscal: Madrid, Baleares o Cataluña aportan proporcionalmente más porque las rentas son más altas en esas comunidades. Si descontamos este efecto, según un informe de Fedea elaborado por Ángel de la Fuente, Cataluña no ha sido maltratada fiscalmente en los veinte últimos años.
Eso sí, hay dos regiones que han recibido una financiación mejor que el resto: País Vasco y Navarra. Todos sabemos cuál es la causa de esta situación: ambas regiones tienen un cupo como el que ahora ha impuesto ERC para Cataluña, en su negociación con Sánchez.
Las consecuencias del cupo catalán las ha valorado el mismo Ángel de la Fuente en un estudio publicado el mes pasado: «A la espera de que se concreten los detalles del acuerdo ERC-PSC, una conjetura informada sobre sus efectos financieros a medio plazo apuntaría hacia un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25 y un 50 por ciento». Esta situación le situaría «por encima de cualquier otra comunidad no foral».
Todos sabemos que los nacionalistas catalanes, apoyados por una parte muy importante de los votantes, lo que quieren es aportar menos al resto de España. Y sabemos que eso es exactamente lo que va a pasar. Por eso ha salido Pedro Sánchez ante un atril para decirnos que le va a cobrar el impuesto «a los ricos». Para transmitir el mensaje de que el nuevo favor a Cataluña no lo va a pagar el votante de Emiliano García-Page, sino el Gran Wyoming. Es burdo, pero a los votantes del PSOE, a la inmensa mayoría, les vale cualquier discurso para poder volver a entregar a las urnas la papeleta de su partido.
Este acuerdo muy probablemente no tenga el amparo de la Constitución, pero a Sánchez y a Conde-Pumpido les entra la risa floja si alguien se lo plantea. Ya llegaremos a ese punto. Lo interesante, en este momento, es tanto el efecto político como el discurso fiscal.
No es una casualidad que el acuerdo sobre Illa y la financiación de Cataluña haya precedido, por muy pocos días, al anuncio por parte del patriarca de que adelanta el Congreso Federal, como anunció Ketty Garat en THE OBJECTIVE. A un político, incluso a una figura en principio tan servil como un barón regional del PSOE, hay algo que no le puedes tocar, y es la financiación. Y el anuncio del cupo catalán ha creado un cabreo sordo, pero no mudo, dentro del Partido Socialista. Sánchez no quiere problemas. Y convoca el Congreso Federal porque según los estatutos del PSOE le tendrán que seguir los congresos regionales. Cada nuevo congreso será como la Santa compaña, una tétrica reunión que anuncia una próxima defunción.
La implantación territorial del PSOE, profundamente enraizada, es lo único que le queda a aquel partido de democracia. ¿Podrá imponerse a García Page en Extremadura, a Barbón en Asturias, a Espadas en Andalucía? No tiene por qué salirle bien la jugada. No va a haber una contestación mayoritaria, pero no tiene por qué salirse con la suya en todas las regiones, y de hecho no creo que lo haga. Aunque no creo que sea lo que vaya a ocurrir, puede pasar que su liderazgo quede en entredicho por ser incapaz de imponer a sus candidatos donde más necesita cambiar la actual dirección regional.
El discurso fiscal es que la riqueza está dada, y que lo que se decide es cómo se reparte entre regiones. Como la política es el arte del quítate-tú-para-ponerme-yo, aunque cubierto con la palabra «solidaridad», el reparto autonómico es fuente permanente de enfrentamientos. Aquí gana quien tiene más palanca política. No miren a Castilla y León, a Extremadura, a Andalucía o a Valencia. Los españoles que salen ganando a costa del resto están en otras comunidades.
Ese discurso cambiaría radicalmente si cada región recabase sus propios impuestos. El Estado central, los suyos, y cada comunidad autónoma los que necesite para financiar sus políticas. Cada gobierno regional no tendría que quejarse de lo que ocurra con el resto, y tendría que vérselas con sus propios ciudadanos: cuánto te puedo esquilmar, y a cambio de qué. Y si se me va la mano con los impuestos, veo cómo cambias de residencia fiscal, como Azagra, pero dentro de España. Todavía habría un elemento nivelador y, por tanto, un nuevo motivo de queja por parte de los nacionalistas vascos y catalanes, que es la inversión del propio Estado.
