Al guano la ley de memoria histórica
«Derogar las leyes de memoria no solo es algo con sentido democrático sino hasta patriótico; es decir, mirando al bien general y a la salud moral de la sociedad»
El Presidente de la República, Manuel Azaña, rodeado de un grupo de generales del ejército entre los que se encuentra Francisco Franco Bahamonde. | EP
Ahora es el Parlamento de Cantabria. La mayoría que forman el PP y Vox ha decidido derogar la ley de memoria histórica de esa región. La iniciativa es legal y legítima, anunciada a los electores en la campaña electoral. Dicha ley, que es de 2021, dice en su preámbulo que responde a una demanda del «conjunto de la sociedad de Cantabria». Eso mismo van a hacer los que ahora gobiernan: cumplir una promesa que ha aceptado la mayoría. Este juego de quita y pon demuestra que esas leyes se hicieron mal a sabiendas, con el propósito de hacer daño político a otros españoles.
No tiene sentido que una ley que se llama «democrática» y que aspira a contribuir a «nuestra convivencia sobre bases más firmes» se haga despreciando la opinión de la mitad de la población. Eso dice la ley de memoria histórica y democrática de Cantabria, al igual que el resto de normas que pululan por nuestra geografía con el mismo nombre. Si el objetivo es mejorar la coexistencia de los españoles para no «repetir errores del pasado», los relativos a la Guerra Civil y el franquismo, es absurdo mantener esas normas concebidas como un instrumento contra media España, la no socialista.
Estas leyes de memoria histórica tienen un vicio de origen: su intención de usarlas contra la derecha actual. En lugar de normas de consenso con sentido de Estado, en representación de todas las sensibilidades democráticas de nuestro país para resarcir a las víctimas, son una oda al revanchismo, con la resurrección del frentismo más pueril e ineficaz. Así no se repara nada, sino que se siembra discordia y se hace mala política. En este sentido, derogar las leyes de memoria histórica no solo es algo con sentido democrático sino hasta patriótico; es decir, mirando al bien general, a la salud moral de la sociedad y de las nuevas generaciones. Si se hubiera hecho con el consenso de todos, o de la mayoría, se habría dado un ejemplo de reconciliación, pero el PSOE y la extrema izquierda prefirieron el frentismo irresponsable.
Me decía hace poco Inger Enkvist, catedrática sueca que acaba de publicar El naufragio de la Segunda República. Una democracia sin demócratas (La Esfera de los Libros, 2024), que una sociedad democrática no es solo votar y mantener independientes sus poderes, sino el estilo moral de convivencia. En realidad, es una conciencia democrática; esto es, la consideración de que existe una igualdad en el ejercicio de los derechos y que, por tanto, el respeto a la libertad legal del otro es la base de la comunidad. Sin esa conciencia se hacen leyes contra una parte de los españoles, o se coloniza el Estado para someterlo a los dictados del presidente del Gobierno, o se pacta con quien aspira a romper la constitución del país con tal de seguir en La Moncloa.
El PSOE y la extrema izquierda no tienen esa conciencia democrática. De haber sido así, no solo habrían pactado con la derecha esa ley, sino que es norma no distinguiría víctimas de un lado o de otro y, sobre todo, no trataría de crear el relato de una Segunda República como remanso de libertad y paz truncado por un golpe de Estado. Esa mezcla de verdad y mentira es lo que desautoriza y deslegitima las leyes de memoria. Una ley con sentido de Estado, para todos, no tiene ideología, sino ponderación para el bien común, y sus autores son los grandes partidos, no uno solo contra su adversario.
Esto no significa que no haya que buscar a los muertos, sino que hay que quitar las banderas y el discurso guerracivilista de ajuste de cuentas. Esas normas de partido alimentan la visión de dos Españas que chocan y que tienen heridas abiertas, y eso no es verdad. Además, es falso que ya se resarciera durante el franquismo a todas las víctimas de las izquierdas y de los nacionalistas, porque se han abierto fosas en los últimos años con restos mortales de asesinados por los frentepopulistas.
Qué fácil y sensato hubiera sido hacer una ley de todos y para todos. Pero el PSOE quiso una norma para dar la batalla cultural a la derecha, y forjar un relato del pasado sobre el que asentar, quién sabe, la Tercera República. Por eso dejó fuera a las víctimas de la Segunda, y omite los errores cometidos por los socialistas y los republicanos durante este periodo. Por eso sus académicos se ponen tan nerviosos cuando se revisa con datos la versión prístina y esquiva de esos años. Es evidente que todavía nos falta mucho para llegar a esa conciencia democrática que nos permita vivir en paz, libertad y tranquilidad.
