Política mediática o policía mediática
«Cualquier regulación que se haga sobre la prensa acaba generando más riesgos que el supuesto beneficio que buscara»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Vuelve a la carga Pedro Sánchez con ese plan que, con una grandilocuencia obscena, por falsa, llama «Plan de Regeneración Democrática» como si fuera la única y obligada solución para salvar la libertad de expresión e incluso la democracia en España. No podía ser de otra forma y de nuevo nuestro presidente enloda con medias verdades lo que toca porque retuerce un Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que en la UE buscaba objetivos plausibles de transparencia sobre la propiedad de los medios y la publicidad institucional. Y lo retuerce porque detrás de este reglamento europeo se buscaban medidas para evitar la tentación de algún gobierno, y en Bruselas se miraba entonces especialmente a Orbán, de controlar a los medios. Lo que era para evitar el control del Gobierno sobre los medios en este proyecto presentado hoy se ha convertido en palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la «primera política mediática» de un gobierno español en la democracia. Es decir, el control del Gobierno a los medios.
¿Política mediática? Nada da más miedo que una política mediática dirigida por un gobierno cuyo presidente ha considerado que esta llamada política mediática era necesaria desde que se publicaron las primeras informaciones sobre las investigaciones sobre la presunta corrupción y tráfico de influencias de su esposa, Begoña Gómez. Ahora con la vista atrás se ve claramente que en aquellos cinco días que Sánchez se tomó de descanso para meditar si seguía o no, tras las primeras publicaciones sobre su mujer, en realidad los destinó a planificar un plan de tierra quemada contra todo lo que cuestionara, dudara, criticara o negara su poder absoluto.
Los objetivos estaban claros: jueces y periodistas. De su carga contra la independencia judicial es cansino ya repetirlo por la inutilidad que supone para que lleguen a alguna autocrítica ni él, ni sus ministros, ni esos diputados socialistas que apoyaron sumisamente la amnistía tras años negándola. Del uso del aparato del estado, poco se puede añadir cuando la fiscalía actúa como si fuera el abogado particular en la defensa de Begoña Gómez incluso desde la fase de instrucción. Por no hablar de su jefe, el fiscal general del Estado, que permanece en su cargo sin dimitir a pesar de los varapalos continuos del Supremo. También la abogacía del estado pareciera ya un mero bufete al servicio de Pedro Sánchez.
«Sabemos que para Sánchez todo el que publique algo sobre su esposa, su hermano o su forma de gobernar puede ser considerado un ‘pseudomedio’».
Cuestiones todas que sabemos gracias a una prensa todavía libre. Una prensa cuyo funcionamiento ha venido desde el 78 marcado por el Código Penal y las leyes europeas. Nunca es fácil la relación entre el poder y una prensa libre. Cualquier regulación que se haga sobre la prensa acaba generando más riesgos que el supuesto beneficio que buscara. Cuando la Unión Europea habla de transparencia lo que está diciendo, y usando el estilo de María Jesús Montero, lo que dice es que haya transparencia. En los dos sentidos. Es bueno conocer quién está de verdad detrás de los medios de comunicación. En general se sabe. Tampoco se aclara que es un medio y qué no es un medio. Una persona con un canal en YouTube no es un medio. Lo que sí sabemos es que para Sánchez todo el que publique algo sobre su esposa, su hermano o su forma de gobernar puede ser considerado un «pseudomedio».
Otro de los objetivos del reglamento europeo busca el conocer el auténtico reparto de la publicidad institucional. Se intenta evitar que los medios cercanos al poder sean los que más se llevan más allá de audiencias. Y ojo que las sorpresas más grades pueden venir más de los propios ministerios del gobierno de Sánchez con sus medios amigos que de las acusaciones contra el amiguismo en la administración autonómica o local. Y si no esperen a que se conozcan los repartos de la generalitat de Cataluña, donde los medios afines a los independentistas tienen desde hace décadas un dopaje de sobrefinanciación.
Nada se dice en este plan de otras políticas mediáticas que, aunque no sean nuevas, Sánchez ha llevado a su excelencia. Por ejemplo, la de solo conceder entrevistas a medios afines o a periodistas entusiastas. O la de que su Gobierno solo filtre exclusivas a determinados medios, muchas veces a los tres mismos, que a veces llegan a publicar incluso de forma sincronizada. Una forma encubierta de financiación al generarle contenidos que atraigan más audiencia en detrimento del resto. Llega un registro de medios que estará en manos de la CNMC, encargada por el plan de supervisar la aplicación de las medidas. Nada se sabe sobre quién nombrará a la persona o personas que sean destinados a esta supervisión.
El Plan trae otras medidas que modifican la ley del derecho al honor y la del de derecho de rectificación. Supuestamente, «para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados». Dice el anuncio que el Gobierno va a diseñar una «estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación» a cargo del departamento de seguridad nacional. Se entiende que será, en principio para casos de desinformación procedentes de terceros países, para evitar que pueda influir en campañas electorales.
Lo cierto es que es un paquete de más de treinta medidas y también afecta a diversas leyes, en las que hay una enorme falta de detalle. Siguen sin definir desinformación, ni definir bulo, ni definir pseudomedio. Por eso suena preocupante que con ese vacío el triministro Bolaños explique que se trata de hacer limpieza en el ecosistema de los medios. Escuchar a Bolaños que va a hacer limpieza es la frase menos atractiva que se puede esperar cuando muchos se temen que detrás de este plan se esconde la decisión del Gobierno de controlar a los medios más críticos. Una política mediática que para muchos observadores puede degenerar en la creación de una policía mediática.
Hace unos días Pedro Sánchez rompía una tradición democrática y nombraba gobernador del Banco de España a un ministro en activo, algo que no se hacía desde Franco. Pareciera que ahora, con la excusa del reglamento europeo, quiera crear una política mediática, pero al estilo también franquista de un ministerio de la Información para controlar las informaciones que no le gusten sobre los escándalos de su gobierno y en especial las informaciones sobre el escándalo de su mujer. El gran peligro es que lo que llaman política mediática sea, al final, una policía mediática.
