El hedor es insoportable: ha llegado el momento de actuar
«Ante la gravedad de los hechos de esta semana, Feijóo tiene la obligación de presentar una moción de censura para convocar elecciones a la mayor brevedad»
Alberto Núñez Feijóo. | Alejandra Svriz
El informe de 233 páginas que la Guardia Civil ha remitido esta semana a la Audiencia Nacional es, probablemente, el documento más turbio al que se ha tenido que enfrentar un Gobierno desde el comienzo de la democracia. Los indicios y pruebas ahí contenidos vienen a confirmar que el Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos entre 2018 y 2021 fue el epicentro de una trama organizada de corrupción.
Por si alguien tenía dudas aún, el relato de la policía judicial deja bastante claro que el cabecilla de la banda era el propio ministro: no en vano todos los miembros del clan le llamaban «el jefe». Su asesor Koldo García no era más que el chico de los recados y Víctor de Aldama, el tipo listo que hacía de intermediario entre Ábalos y los diferentes empresarios que iban pasando por caja.
Al equipo de periodistas que llevamos cinco años destapando todos los trapos sucios de Ábalos, y que he tenido el honor de dirigir, primero en ‘Vozpópuli’ y los últimos tres ejercicios en THE OBJECTIVE, el informe de la UCO nos suena muy familiar. Sabíamos que el Ministerio de Ábalos era una enorme fosa séptica, pero ahora la Guardia Civil ha conseguido aportar las pruebas documentales de ello y relacionar asuntos aparentemente inconexos como el ‘Delcygate’, el ‘caso Koldo’ o el rescate de Globalia. Y todo con un mismo hilo conductor: Ábalos.
El problema para Pedro Sánchez es que de la lectura de las 233 páginas no se puede concluir que toda la mierda se circunscribiese a su ministro de Transportes: el texto salpica también al propio presidente del Gobierno, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; al presidente de Cataluña, Salvador Illa; a los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande Marlaska; a Teresa Ribera, próxima vicepresidenta de la Comisión Europea; y a Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.
Dada la dimensión del problema, lo que tendrán que dilucidar los jueces a partir de ahora es si estamos ante el ‘caso Ábalos’ o ante el ‘caso PSOE’. O dicho de otro modo: si Pedro Sánchez estaba en el ajo de lo que hacía Ábalos.
Por supuesto, el presidente y su nutrido aparato de propagandistas van a intentar convencernos de que esto es simplemente el caso de un ministro fuera de control, pero conviene tener presentes varios puntos importantes que sugieren lo contrario:
1.- Está demostrado que Víctor de Aldama mantuvo numerosos encuentros con Begoña Gómez, esposa del presidente, durante los años 2019 y 2020.
2.- El ‘Delcygate’ lo publicamos el 23 de enero de 2020. Si Sánchez no tenía nada que ver con aquello, ¿por qué no destituyó a Ábalos de inmediato por montar el pollo? ¿Y por qué a pesar de ello cuando empezó la pandemia unas semanas más tarde le entregó todo el poder para contratar a dedo material sanitario con quien quisiese?
3.- Gracias a aquel poder que le entregó Sánchez, Ábalos empezó a gastar dinero sin ningún control. El ‘caso Soluciones de Gestión’, ahora llamado ‘caso Koldo’, lo publicamos el 14 de abril de 2020. Desde entonces estuvo clarísimo que se trataba de algo delictivo, pero Sánchez tampoco tomó medidas y decidió mantenerle en su puesto.
4.- Es verdad que lo destituyó en el verano de 2021, pero tuvo el detalle de mantenerlo protegido en el Congreso de los Diputados en las siguientes elecciones para que solo pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo.
Que nadie se engañe. Sánchez era perfectamente conocedor ya desde comienzos de 2020 de los trapicheos de Ábalos, entre otras cosas porque los íbamos publicando. Por tanto, cabe preguntarse por qué decidió mantenerlo en su Gobierno. Y una respuesta lógica, sobre todo teniendo en cuenta los cuatro puntos anteriores, es que él también formase parte de la trama. Solo así se explicaría que el propio Koldo preguntase una vez a su contacto en la Guardia Civil si el teléfono móvil de Sánchez estaba ‘pinchado’ por la Policía.
Por tanto, ahora mismo nos queda la duda de si el presidente del Gobierno es el ‘número uno’ de una banda organizada que saqueaba al Estado. Y esa incógnita se acrecienta aún más después de que un exsocio de Aldama haya confesado esta semana en THE OBJECTIVE que llevó bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE: 90.000 euros en dos entregas en octubre de 2020. Según él, se habrían pagado hasta 600.000 euros.
Ante semejante escándalo, lo normal en cualquier democracia sería que cayese el presidente y todo su Gobierno. Pero como aquí hace tiempo que sabemos que Sánchez prefiere defenderse de sus problemas judiciales usando todos los resortes del poder (Fiscalía, Abogacía del Estado, CNI, policías, guardias civiles, medios de comunicación afines…), no cabe otra salida que pasar a la acción.
Independientemente de la aritmética parlamentaria, la oposición tiene una obligación democrática: ante unos hechos de tanta gravedad, se impone la presentación urgente de una moción de censura que incluya el compromiso de convocar elecciones generales en el plazo más breve posible. Y que cada uno de los 350 diputados del Congreso se vean obligados a decidir si avalan la corrupción o permiten una salida para que sean los ciudadanos con su voto los que pongan a cada uno en su lugar.
Ante la negativa de Sánchez a asumir sus responsabilidades políticas por hechos tan graves, Alberto Núñez Feijóo está obligado a activar la maquinaria prevista por la Constitución… y que cada cual se retrate el día de la votación en la Cámara Baja. Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria suman 172 escaños. Apenas necesitan cuatro valientes para mandar a Sánchez a los libros de historia.
Si el resto de los diputados no quiere secundar la moción de censura, allá cada cuál con su conciencia, pero al menos el PP habrá cumplido con su obligación ante un hedor tan insoportable. Y acto seguido debería al menos en el Senado, donde sí cuenta con mayoría, someter al Gobierno a un verdadero calvario, empezando con la comparecencia inmediata en la comisión del ‘caso Koldo’ de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.
Después de revelaciones tan contundentes como las conocidas esta semana, y teniendo en cuenta todo lo que aún queda por salir (falta aclarar el rescate de Plus Ultra, el ‘caso Travis’, las mordidas al ministro de constructoras valencianas, los contratos amañados de ADIF…), la oposición debe ser consciente de que España no se puede permitir prolongar por mucho más tiempo esta agonía. Si tenemos a una banda al frente del Gobierno, lo sensato es intentar desalojarla cuanto antes. Y si no es posible hasta las próximas elecciones, al menos que no sea porque la oposición no lo ha intentado.
PD: Este artículo está dedicado a todos los periodistas valientes a los que he tenido el honor de dirigir y que son los responsables de las principales exclusivas que han quedado avaladas ahora por la Guardia Civil, y que se han ido publicando desde 2020 hasta hoy. Frustrado porque nadie nos hiciera caso en su día, decidí recopilar en un libro el ‘Delcygate’, el ‘caso Plus Ultra’ y lo que hoy se llama ‘caso Koldo’. Lo escribí en el verano de 2021 y se publicó en enero de 2022. Si se hubiera actuado con mayor celeridad, los golfos no hubieran tenido tanto tiempo para disfrutar lo robado. Aquí abajo tienen los detalles del libro por si quieren leerlo, está de plena actualidad a pesar de los años que han pasado. Y no se olviden de algo: sin periodismo libre no hay democracia.
