La mala intención
«Ante Sánchez y sus corifeos, la insumisión es un deber patriótico, es decir, moral. Para que el ciclón no arrastre lo mejor de lo que aún tenemos y somos»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ilustración: Alejandra Svriz
Cuando empiezo a escribir esta página, el huracán Milton se acerca amenazadoramente a las costas de Florida. Tiene la máxima potencia en su clase y se ha recomendado a los habitantes de las zonas por las que va a pasar que abandonen sus casas y huyan del peligro. No hay modo de enfrentarse a un gran huracán salvo escapar lo antes posible y ponerse fuera de su alcance: las autoridades, sean las locales o el propio presidente Biden, advierten que quienes se empeñen en quedarse en sus hogares, aunque sea muy atrincherados, corren un auténtico riesgo mortal. Estoy convencido de que a pesar de todas las advertencias, habrá bastantes, quizá demasiados, que prefieran quedarse en sus hogares tras un refuerzo protector de tablas, colchones y demás escudos. La tradición anglosajona de «mi casa es mi castillo» prevalecerá sobre el miedo y la prudencia. A los espectadores sólo nos toca desearles la mejor suerte en tan difíciles circunstancias…
En España afortunadamente no padecemos huracanes de categoría tan criminal, al menos en lo meteorológico. Pero tengo la impresión o el pálpito, aunque nada más lejos de mi intención que sentirme una Casandra donostiarra, de que un huracán político se nos avecina cada vez más. De este tipo de huracanes es difícil huir como no sea por vía del exilio, una salida en la que –salvo la vida- uno pierde siempre más de lo que conserva. Que le pregunten a los millones de venezolanos a los que el experimento supuestamente progresista de la «revolución bolivariana» ha obligado a abandonar su país para refugiarse en el extranjero y la incertidumbre. Pero, a diferencia de los meteorológicos, los ciclones políticos sí pueden combatirse con coraje y lucidez. Yo diría que hasta hay una cierta obligación moral de hacerlo, porque el patriotismo también pertenece a la ética. El huracán político que se nos viene encima es consecuencia de las bajas presiones (en el sanchismo todo es bajo) que agitan nuestra atmósfera nacional desde que Sánchez encabeza el Gobierno. Y van a más: no sólo por asuntos de corrupción enraizados en abusos institucionales (Koldo, el tío Berni, Aldama, la siniestra Delcy Rodríguez, Begoña Gómez, la prostitución voluntaria de la Universidad Complutense y tutti quanti) sino por las fehacientes concesiones y privilegios al separatismo, incluso violento, que lleva tratando de zapar en la teoría y en la práctica la unidad de España, es decir lo único que garantiza la igualdad y libertad de quienes nos queremos ciudadanos. El cántaro vuelve una y otra vez a la fuente, pero antes o después se romperá: ojalá sea pronto, para que acabe esta vergüenza.
No voy a entrar en discutir los detalles jurídicos de la última disposición legal colada en el Parlamento a una oposición en Babia que tiene como consecuencia abreviar el cumplimiento carcelario de los peores condenados de ETA. Quien quiera conocer mejor el asunto debe leer el artículo de una de nuestras mujeres listas, trabajadoras y valientes, Carmen Ladrón de Guevara: La batalla legal de los presos etarras, en El Mundo, 10/10/24. En parte, tiendo a comprender (no a disculpar) la incuria del PP y Vox: oyeron la campana de que se trataba de cumplir una normativa europea obligatoria y la temida palabra «Europa» disipó sus prevenciones. ¡Como si todo lo que disponen las instituciones europeas, algunas tan poco fiables como el Consejo de Europa, hubiera que tragarlo sin examen ni reticencias! En este caso, además, es completamente falso que nadie en la UE haya exigido a España cambiar su legislación en beneficio de los criminales encarcelados, como tratan de hacernos creer los turiferarios sanchistas, encabezados con su habitual y alambicada desvergüenza por los editorialistas de El País. La maniobra es legal, sin duda, pero responde pura y simplemente a una triquiñuela urdida por los cerebros de la abogacía etarra (que los hay, y buenos) para conseguir un triunfo propagandístico que ayude a subir la moral combativa de los seguidores de Otegi. Y por parte de Sánchez resulta otra cuota más que paga a Bildu para mantener su cada vez más amenazado alquiler de la Moncloa.
«El Gobierno sanchista y los más izquierdistas o separatistas de sus apoyos parlamentarios llevan a cabo poco a poco una derogación de la unidad de España, de su verdadera historia, de su tradición religiosa y cultural, de la libertad e igualdad de sus ciudadanos»
Pero a mi juicio lo de menos (siendo mucho) es que salgan de la trena antes de plazo algunos carcamales del terrorismo, que ya no representan peligro como individuos, sino sólo como símbolos para la juventud vasca de un separatismo criminal que aún se les ensalza. Hará muy bien la AVT estudiando caso por caso y recurriendo cuando pueda contra las excarcelaciones. Tampoco me parece lo peor de la inicua Ley de Amnistía que exculpe a algunos delincuentes menores e incluso mayores del catalanismo antiespañol conspirativo. Ni me preocupa más de la cuenta, aunque me inquieta bastante, que la reforma de la denostada ley mordaza (en un país en el que la única mordaza contra la libertad de expresión la propone el corrupto gobierno de izquierdas) haya disminuido la capacidad operativa de las fuerzas del orden al dictado de lo que exigen precisamente los enemigos del orden público, es decir de todos nosotros.
Lo peor de esas medidas arbitrarias es su condición de síntomas inequívocos de la calaña de quienes nos tienen en sus manos. Cada una de esas disposiciones y otras semejantes aunque de alcance sólo cultural (la supresión de los Premios Nacionales de Tauromaquia, por ejemplo, o la descolonización delirante de los museos… y puede que mañana del gazpacho, ya que el tomate vino de América), quizá podrían justificarse con argumentos racionales mejores o peores una por una, pero en su conjunto son prueba irrefutable de mala intención. El Gobierno sanchista y los más izquierdistas o separatistas de sus apoyos parlamentarios (amos reales de aquel a quien fingen servir) llevan a cabo poco a poco una derogación de la unidad de España, de su verdadera historia, de su tradición religiosa y cultural, de la libertad e igualdad de sus ciudadanos, de su empresariado productivo y de su lengua común, una de nuestras mayores riquezas no monopolizada por ninguna élite a escala mundial. En la zapa que perpetra constantemente esa mala intención está la génesis del mortífero huracán que nos amenaza. Y ante él no debemos huir, sino plantarle cara política. Ante Sánchez y sus corifeos (coriguapos no le conozco ninguno) la insumisión es un deber patriótico, es decir, moral. Para que el ciclón no arrastre lo mejor de lo que aún tenemos y somos.
