La consistencia de la política fiscal no vale 555 millones
«Nos hemos acostumbrado a la falta de coherencia, a los continuos cambios de opinión y al relativismo en el discurso fiscal, incluso directamente a la mentira»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Alejandra Svriz
Dentro de menos de un año, el 1 de julio de 2025, los contribuyentes residentes en la Comunidad de Madrid que tengan más de 3 millones de euros de patrimonio pagarán por primera vez Impuesto sobre el Patrimonio desde hace 16 años. La Ley 3/2008, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas estableció la bonificación del 100% del impuesto, siendo uno de los pilares fundamentales de la política fiscal de Madrid y uno de los principales factores diferenciales con respecto a otras regiones e incluso con respecto a Europa.
Al igual que lo fue también en 2008 para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ejecutando una de sus principales promesas electorales en materia fiscal. Aunque no tardó ni tres años en volver a recuperarlo (2011), el PSOE entonces defendía cabalmente la desaparición de Patrimonio para acabar con el desigual tratamiento fiscal entre españoles y el castigo que suponía al ahorro entre las clases medias (conferencia del presidente Zapatero en The Economist el 3 de diciembre de 2007).
A lo largo de más de una década y media no han sido pocas las veces que los sucesivos gobernantes madrileños han reivindicado la bonificación total de Patrimonio como una ‘seña de identidad’ y uno de los principales atractivos de la región. Sin embargo, el establecimiento del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas por parte del Gobierno central en 2022 torció la trayectoria de una buena parte de las Haciendas autonómicas y, muy especialmente, para Madrid. El primer año de aplicación en la región devengó unos ingresos para el Estado de 555 millones de euros, recaudando en Madrid el 89% del total nacional (623 millones en conjunto).
Sin embargo, a finales del año pasado 2023, el Gobierno madrileño anunció la modificación de la bonificación del 100% de Patrimonio, limitando su existencia a los contribuyentes que declaran menos de 3 millones de euros. Según la última estadística de declarantes de Patrimonio publicada por la Agencia Tributaria correspondiente a 2022 y cruzando con el número de contribuyentes por Grandes Fortunas en 2023, el 44,3% de los contribuyentes tuvo que satisfacer el nuevo impuesto, con una media por declarante de 53.715 euros.
«El primer año de aplicación en la región devengó unos ingresos para el Estado de 555 millones de euros, recaudando en Madrid el 89% del total nacional (623 millones en conjunto)»
Podrá venderse la medida como una forma de que el dinero de los contribuyentes madrileños se quede en Madrid y que el restablecimiento de Patrimonio es temporal mientras exista el de Grandes Fortunas. Pueden buscarle la justificación que quieran desde el punto de vista fiscal o incluso de táctica política en el enfrentamiento entre la Administración central y la madrileña, agravada con la cuestión de la ‘financiación singular’ catalana. Pero lo que no puede negarse –y aquí es donde está el problema– es que volver a pagar Patrimonio rompe con la palabra dada de más de una década y media, creando un precedente peligroso y restando atractivo a la Comunidad de Madrid como ‘refugio’ de personas que buscan territorios de baja tributación relativa para establecer su residencia desde la cual gestionar sus inversiones (el 82,6% del patrimonio declarado es “capital mobiliario”).
Obviamente, la recuperación de Patrimonio ha ido acompañada de otros anuncios para “compensar” el efecto. Es el caso de las desgravaciones en IRPF para inversores no residentes. Pero ninguno de los anuncios diversos realizados logra compensar el coste económico efectivo que tiene para un contribuyente de más de 3 millones de euros presentar su liquidación de Patrimonio el próximo 1 de julio de 2025. En este sentido, la gestión llevada a cabo por el actual Ejecutivo madrileño ha dado más importancia a que el dinero recaudado se quede en Madrid y no “se vaya a Cataluña” sin posibilidad de que se pueda devolver a su legítimo propietario (esto de “repartirlo” en rebajas fiscales generalizadas no es razonable) que a mantener la coherencia de la palabra dada y no abolir para todos los afectados la bonificación en la cuota íntegra del 100% de Patrimonio.
En los tiempos que corren, defender la consistencia en el tiempo de la política fiscal es una quimera. Los españoles (y también los europeos, no hay más que ver la ‘reforma fiscal’ que plantea el Gabinete Barnier en Francia) nos hemos acostumbrado a la falta de coherencia, a los continuos cambios de opinión y al relativismo en el discurso fiscal, incluso directamente a la mentira.
Pero esto no debe ser óbice para olvidar lo más básico y razonable de la fiscalidad: impuestos estables y predecibles. Una política fiscal consistente a largo plazo. Más aún cuando se trata de impuestos directos que gravan tanto la renta como el patrimonio. La consistencia de la política fiscal, el valor de la palabra dada y escrita en las leyes de la Comunidad de Madrid no vale 555 millones, vale mucho más. Éste es el principal error cometido por el Gobierno Ayuso en materia fiscal.
