Repsol y las grietas del milagro español
«Dada la debilidad de la inversión y el importante papel que juegan los sectores estratégicos en la economía, ¿puede España perder proyectos como el de Repsol?»
Ilustración de Alejandra Svriz.
España será en 2024 la economía que más crezca de entre todas las más avanzadas del mundo. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional publicadas esta semana, su PIB aumentará un 2,9%. Esto representa una nada importante revisión al alza de cuatro décimas con respecto a la estimación de hace seis meses. El PIB español, que fue el que más tardó en recuperar los niveles de crecimiento previos a la pandemia de los 27 socios europeos, es hoy el que más ha avanzado. Impulsada fundamentalmente por el consumo público, que ha crecido a un ritmo muy superior a la media europea (16,8% frente a un 10,3%), y por las exportaciones de bienes y servicios, la economía española ha ido superando trimestre tras trimestre todas las previsiones de crecimiento. Esos buenos resultados, sin embargo, no han servido para corregir algunas de las carencias y anomalías que arrastra desde hace casi dos décadas y que comprometen su desarrollo en el futuro.
Si hay algo que condiciona ese potencial de crecimiento es la inversión, necesaria para impulsar la productividad. Esa variable que relaciona la producción de bienes y servicios obtenida con la cantidad de factores utilizados y que lleva cerca de dos décadas prácticamente estancada a diferencia de la gran mayoría de nuestros competidores europeos. Según el Instituto Nacional de Estadística, la formación bruta de capital fijo, la inversión empresarial en maquinaria, bienes de equipo o transporte, sigue por debajo de los niveles prepandemia. Es el único elemento del PIB que no ha remontado.
Razón por la que el traslado de la inversión de 1.100 millones de euros de la planta de Repsol de Tarragona a Portugal anunciado por la multinacional española esta semana debería haber hecho saltar las alarmas a cualquier Gobierno. Pero no a este. Porque reduce el potencial de España para crear empleo de calidad en sectores estratégicos y desoye algunas de las líneas maestras del plan para recuperar la competitividad europea diseñado por Mario Draghi, tan celebrado por la mayoría los gobiernos de la UE, incluido el español. ¿Qué fue del plan del Gobierno para la transformación y modernización de la economía con los fondos europeos de recuperación NextGen?
La pérdida de inversiones como la de la multinacional española, que la empresa justifica por la propuesta del Gobierno de hacer permanente el impuesto extraordinario a los ingresos de las energéticas, se suma al anuncio de otras grandes empresas que o bien han deslocalizado su producción o han anunciado una reducción de sus plantillas. Todas pertenecientes a sectores estratégicos donde se crea el empleo de mayor calidad. Movistar, Endesa, Siemens, Masorange o la pública Tragsa son algunos de los ejemplos más recientes.
La primera en abrir la veda a esa parcial deslocalización fue Ferrovial hace más de un año. El traslado de su sede a Holanda fue duramente criticado por el Gobierno. La decisión, tachada de antipatriótica a pesar de que los tratados de la Unión reconocen el derecho de las empresas europeas a la libertad de establecimiento en el territorio de la UE, ha supuesto después la venta de algunos de los activos del grupo en España. Su salida sirvió para poner en evidencia algunas de las dificultades a las que se enfrentan las grandes empresas en España. Ya sea el aumento de la presión fiscal, la incertidumbre sobre el marco regulatorio o las dificultades para acceder a la financiación en los mercados bursátiles internacionales.
«En España la industria ha pasado de representar el 18,8% del PIB en el 2000 al 14,2% en el 2023»
En un valiente artículo publicado en El Correo esta semana bajo el título Industria o Populismo, Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV, señala que el «populismo fiscal» del Gobierno de Pedro Sánchez imposibilita futuras inversiones en el sector industrial. Imaz hace una sentida defensa del carácter redistributivo que ha de tener la política fiscal. Y se remite a su propia experiencia. Cuenta que era un chaval de ocho años cuando su padre murió, pero gracias a las becas y ayudas que recibió pudo estudiar una carrera, formarse como investigador y completar una tesis doctoral en Ciencias Químicas. «Muchos pagaron sus impuestos para que yo llegase a donde hoy estoy. Es algo que nunca olvidado».
A las empresas energéticas se les impuso en 2022 y 2023 un impuesto temporal sobre sus ingresos por la facturación extraordinaria que trajo la fuerte subida de los precios del gas y la electricidad a raíz de la guerra en Ucrania. Este se añadió al que pagan por sus beneficios en concepto de impuesto de sociedades. En opinión de Imaz, hacer permanente esa doble imposición es un dislate que ahuyentará la inversión industrial que tanto necesita el país para crear empleo de calidad, mejor pagado y más estable, y cuya actividad está vinculada al sector de investigación y desarrollo. A diferencia del poco valor añadido, los bajos salarios y la precariedad de los empleos que genera el turismo, uno de los principales motores de la notable recuperación del mercado laboral tras la pandemia.
Y se lamenta: «No hay un análisis riguroso de las consecuencias. No hay ni siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente, el populismo y la demagogia al grito de que paguen las empresas». Sin medir tampoco el coste que para los ciudadanos pueden tener las sentencias que anulan las decisiones fiscales discriminatorias. A Imaz lo que más le preocupa son las consecuencias reales que un impuesto como este tiene en la economía real. Y frente a las promesas de transformación de la economía, da un dato demoledor: en España la industria ha bajado de representar el 18,8% del PIB en el 2000 al 14,2% en el 2023. No parece que la agresividad fiscal del Gobierno vaya a ayudar a revertir esa tendencia.
Pero no todo está perdido. Junts, cuyos siete votos necesita el Gobierno para aprobar sus presupuestos generales, está actuando de interlocutor con Repsol y otras empresas del Ibex afectadas por la extensión de ese impuesto. ¿Habrá aprendido la lección tras la salida masiva de las empresas de Cataluña que provocó el procés? Puede que sí. Para los de Puigdemont recuperar esa inversión en Tarragona supondría apuntarse un gran tanto frente a un ERC que tiende a ser más complaciente con las decisiones de Sánchez.
«Sánchez necesita los presupuestos para seguir recibiendo los fondos europeos que han permitido sufragar el gasto público corriente»
Este último, atenazado por los escándalos de corrupción, no se puede permitir prolongar un ejercicio más las cuentas de 2023. No porque aprobar unos presupuestos generales sea un mandato constitucional. Tampoco porque algunas de sus medidas arbitrarias de marcado carácter populista resten competitividad a la economía. Eso, sospecho, se la refanfinfla. Los necesita para seguir recibiendo los fondos de recuperación europeos que han permitido sufragar el gasto público corriente. Sin la aprobación de unos presupuestos, el Gobierno difícilmente tendrá credibilidad para cumplir los hitos que le exige Bruselas a cambio de esas transferencias. Y aún faltan por llegar casi la mitad de los 140.000 millones de euros que España tenía asignados para el periodo 2020-26.
Los necesita además para compensar el ajuste fiscal que va a suponer la reducción de un punto y punto y medio anual del porcentaje de la deuda sobre el PIB hasta situarla debajo del 90% (en agosto, según el Banco de España, se situó en el 108,2%). Distintos centros de estudios estiman que el recorte del gasto para conseguir esa reducción de la deuda puede ascender a 15.000 millones de euros anuales.
Junts tiene por tanto una palanca poderosa en su mano para hacer cambiar de opinión al Gobierno de coalición con respecto a la extensión del impuesto extraordinario a la industria energética (también la de la banca). Dada la debilidad de la inversión y el importante papel que juegan los sectores estratégicos en la economía, ¿puede España darse el lujo de perder proyectos como el de Repsol? No parece. Sería una gran paradoja que fueran los conservadores independentistas catalanes quienes consiguieran frenarlo en beneficio del interés común.
