La Fiscalía que no pudo ser
«En 2017, Cs presentó una proposición de ley para fortalecer su autonomía. Fue rechazada por PP y PSOE. Desde entonces, la institución se ha erosionado»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La imputación del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos me ha traído a la memoria un episodio parlamentario que tuve la suerte de experimentar, y mediante el cual aspiro a infundir consuelo en el lector.
En junio de 2017, Ciudadanos presentó una proposición de ley para fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal. La iniciativa fue una apuesta personal de Ignacio Prendes, a la sazón vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Yo trabajé con él en la elaboración de la iniciativa, para lo cual consultamos a las tres asociaciones fiscales, diversos expertos y organizaciones sin ánimo de lucro, entre otros.
Prendes fue un político ejemplar e inspirador. No buscaba el efectismo, no dominaba el pseudo «arte» del mensaje, no ejecutaba «jugadas maestras» y no fundaba su capital político en la imprevisibilidad de su estrategia. Abogado asturiano (hoy, después de su etapa política, lo sigue siendo) con más de 20 años de experiencia, culto, cercano en el trato, cordial en las formas y sumamente receloso del excesivo protagonismo de la comunicación en la actividad legislativa, intentó abordar varias reformas de calado para reforzar la independencia judicial. Todas fracasaron por falta de voluntad política.
Trabajamos en la propuesta sobre la Fiscalía durante varios meses desde el comienzo de la legislatura, hará ahora ocho años. Era un momento político todavía esperanzador por la llegada de rostros jóvenes e ideas refrescantes. Por aquel entonces, el cargo de fiscal general lo ejercía José Manuel Maza. Su actuación había sido objeto de críticas. Apenas un mes antes de la presentación de la ley, Maza había sido reprobado por el Congreso de los Diputados –junto a los entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, y fiscal anticorrupción, Manuel Moix– debido a «sus maniobras para obstaculizar la investigación sobre la corrupción del PP».
Ante los ataques a la imagen de la institución y las dudas sobre la imparcialidad del fiscal general (que, como su nombre indica, debe serlo del Estado, no del Gobierno), la iniciativa proponía «dar solución a las deficiencias que, en la práctica y pese a que el diseño constitucional pretendía lo contrario, la vinculación entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal han ocasionado, fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal, separar los intereses de este de los del Gobierno y, en última instancia, recuperar la credibilidad de los ciudadanos en la institución». Era, por cierto, una de las 150 medidas acordadas entre el PP y Cs en el pacto de investidura (la 143).
«Entre sus reformas, estaba la extensión de la duración del cargo del fiscal general de 4 a 6 años, para desvincularlo del gobierno de turno»
Entre sus principales reformas, se encontraban la extensión de la duración del cargo del fiscal general de 4 a 6 años, para desvincularlo de la legislatura y el Gobierno de turno; la exigencia de 25 –en vez de 15– años de ejercicio profesional, así como no haber desempeñado cargo político en los últimos 10 años; la ratificación del nombramiento y el cese por una mayoría de cualificada del Congreso –en vez de por el Gobierno–; la dotación de autonomía presupuestaria a la institución; o el refuerzo de la pluralidad del Consejo Fiscal, para que pudiese actuar como un verdadero contrapeso.
En vísperas de la moción de censura de Sánchez, la ley fue rechazada en primerísima vuelta por todos los partidos –y señaladamente PP y PSOE–, excepto por Cs, Podemos y Compromís. La conjunción de votos de Cs y Podemos frente a PP y PSOE parece hoy inverosímil, pero durante los primeros años de la XII legislatura ocurriría ocasionalmente.
Desde entonces, la ley reguladora de la Fiscalía ha permanecido incólume, mientras que la imagen y apariencia de imparcialidad de la institución se ha erosionado vertiginosamente y sin solución de continuidad. Un caso singular es el de Dolores Delgado, cuya vinculación con Sánchez era tal que no se conocía precedente en la historia democrática: había sido nada menos que ministra de Justicia justo antes de ocupar el cargo de fiscal general.
García Ortiz ha empeorado la situación. En menos de un año, ha sido declarado no idóneo para el cargo por el CGPJ –otro hito histórico–, reprobado por el Senado, causante de una rebelión en la cúpula de la Fiscalía contra su criterio para la aplicación de la ley de amnistía y, ahora, imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, poniendo a toda la carrera judicial a los pies de los caballos.
«Sin la credibilidad de la Fiscalía, la credibilidad del propio Estado de derecho puede difícilmente resistir»
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido la dimisión de García Ortiz. Al margen de la conclusión del procedimiento –que muy bien podría ser absolutorio–, la cuestión aquí es la credibilidad de la institución, sin la cual la credibilidad del propio Estado de derecho puede difícilmente resistir.
En cambio, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que en 2017 exigía la dimisión de Maza (lo hacía el propio García Ortiz, ironías del destino) por el «sesgo político en los nombramientos» y proponía medidas muy similares a las de la proposición de ley antes mencionada, hoy falla a su coherencia defendiendo a García Ortiz, cuyas actuaciones, por muy miembro de la asociación que sea, son indefendibles.
Cada vez que observo cómo se ha despedazado el prestigio de la Fiscalía en los últimos años me acuerdo de la rapidez con la que fulminaron aquella ley. Una ley que no era de parte, venía refrendada por los propios fiscales y sin duda muchos ciudadanos hubiesen apoyado. No sólo eso: las medidas que contenían han sido recientemente recomendadas por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de derecho en 2024 y la Fundación Hay Derecho en su Informe Estado de derecho 2024.
Prendes volvió a Asturias y aquella propuesta se perdió en la historia. Pero, por decirlo con Manrique, nos dejó harto consuelo su memoria. El consuelo de que el tiempo haya demostrado su acierto y de que, por lo pronto, sigue en un cajón, esperando a que la rescaten del olvido. Tal vez un día alguien lo haga.
