THE OBJECTIVE
Victoria Carvajal

Presupuestos a cualquier precio

«Suspender todas las actividades del Pleno menos la votación para controlar RTVE es un nuevo episodio del plan de ‘degeneración’ democrática de Sánchez»

Opinión
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Presupuestos a cualquier precio

Alejandra Svriz

El Boletín Oficial del Estado publicó el viernes 1 de noviembre, festivo, la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del Real decreto Ley para renovar de urgencia Radio Televisión Española (RTVE). Los fallecidos iban en aumento, las imágenes de la devastación provocada por la Dana la madrugada anterior en la Comunidad Valenciana y en parte Castilla La Mancha eran sobrecogedoras y el número de desaparecidos y de personas incomunicadas anticipaba una tragedia sin precedentes. Pero nada de ello disuadió al Gobierno. Se suspendieron todas las actividades del Pleno menos la votación para convalidar el decreto que le permitía hacerse con la mayoría del consejo del ente público y repartir sillones entre sus socios parlamentarios. Es, sin duda, un nuevo episodio del plan de degeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez. Pero las prisas para aprobarlo revelan algo más: se trata del pago por adelantado de su apoyo a los presupuestos generales del Estado del año que viene.

Sólo así puede entenderse la indecente urgencia que le dieron a su tramitación las fuerzas políticas que lo votaron. Además de inmoral, su indiferencia con el estado de conmoción del país está ligada a la necesidad que tiene el Ejecutivo de asegurarse los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos generales, que deben de estar aprobados como muy tarde el primer trimestre de 2025. Sabe que no se puede permitir prorrogar de nuevo los presupuestos de 2023, como hizo el ejercicio pasado, porque el ajuste del Plan Fiscal Estructural que negocia con la Comisión Europea requiere de la presentación de unas nuevas cuentas públicas y ya ha incumplido el plazo del 15 de octubre que había pactado con Bruselas para presentarlas.

El Gobierno se sitúa además en el límite del calendario establecido en la Constitución para la aprobación de los PGE. No sólo el tiempo corre en su contra. Inmerso en una agonía judicial, acorralado por varios casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y a su anterior ministro y vicesecretario del partido, José Luis Ábalos, y con un fiscal general del Estado imputado e investigado por primera vez en democracia, Sánchez necesita aprobar los presupuestos para demostrar que el Gobierno aún tiene capacidad de encarrilar la legislatura. O, al menos, aparentarlo. De ahí que el Ejecutivo esté dispuesto a hacer todas las concesiones posibles a sus socios de legislatura. Pero el equilibrio de contentar a todos los partidos de los que depende para sacar sus iniciativas legales es complicado, como se está demostrando. Socios distintos entre sí, de derechas e izquierdas, con intereses encontrados y algunos contrarios a la Constitución.

«La ampliación del consejo de RTVE le ha permitido al Gobierno repartir entre sus socios el control de la televisión pública, cuyo consejo nunca había estado tan politizado»

La ampliación de 10 a 15 miembros en el consejo de RTVE, de los que 11 serán elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, le ha permitido al Gobierno repartir entre sus socios el control de la televisión pública, cuyo consejo nunca había estado tan politizado. Es un síntoma más del contagio procesista que vive España. Los independentistas catalanes convirtieron TV3, financiada también por los constitucionalistas, en su aparato de propaganda. ¿Financiaremos ahora todos los españoles el de Sánchez y sus socios?

Es un intercambio de favores que se suma a otros. Hace apenas un mes, el Congreso aprobó la reducción de penas a los presos etarras incluida, o más bien escondida, en una disposición adicional de la reforma de la ley sobre intercambio de información y antecedentes penales en la Unión Europea que sin que el PP, que votó a favor, se percatara de ello a tiempo. Una medida que ha sido reclamada por Bildu insistentemente y que ahora entraría en vigor. ¿Se trata de intercambiar presos por el apoyo a los presupuestos? Así lo ha denunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desolada por la medida que permite la reducción de las penas de 44 presos etarras y la puesta en libertad de algunos de ellos. Pronto lo sabremos. 

Queda por ver qué pedirá a cambio de su apoyo el que es sin duda el socio más imprevisible que sostiene al Gobierno de Sánchez: Junts. En el reparto del consejo del ente público ha colocado a uno de los suyos: Miquel Calçada, periodista de TV3 comprometido con el proceso independentista. Los de Puigdemont han conseguido tumbar la propuesta del Gobierno de hacer permanente el impuesto energético extraordinario que afectaba a las grandes energéticas. Repsol ya ha anunciado que reactivará los 1.100 millones de inversión en Tarragona para financiar un proyecto pionero de convertir residuos urbanos en combustible. Veremos lo que dicen los otros socios del Gobierno, Sumar, ERC, Podemos o Bildu que exigían que se hiciera permanente. 

También en materia fiscal, el PNV ha acordado con el PSOE mantener el impuesto a la banca y a las multinacionales, pero se atribuye el control territorial del mismo. Tanto el País Vasco como Navarra, en su condición de haciendas forales, podrán recaudarlos y mantener la potestad normativa sobre ellos, pudiendo reducirlos o modificarlos si lo estiman conveniente. Ellos los aprueban para que se paguen en el resto de España, pero conservan la potestad de aplicarlos o no en sus territorios. Todo muy progresista y territorialmente solidario.

Hace poco un miembro del Ejecutivo declaraba sobre los partidos de la oposición: «Ellos apuestan toda la estrategia a la oposición judicial, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte: los votos y la mayoría para seguir gobernando». Pero de poco le servirán esos votos y esa mayoría si no logran sacar adelante unos presupuestos generales. Se arriesga a que la legislatura sea fallida. En estos seis años, el Gobierno ha demostrado estar dispuesto a pagar un alto precio para mantenerse en el poder aun a costa de erosionar la democracia. Es probable que aún nos quede mucho por ver.  

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