Las lecciones de una DANA
«Si el Gobierno de la nación no quiere entender ante qué se enfrenta, o es que está coaccionado por socios incompetentes o es que la incompetencia la lleva dentro»
Ilustración de Alejandra Svriz
Ni aún con todo lo que ha supuesto la DANA, en personas fallecidas, en infraestructuras destrozadas o en pérdidas económicas, que hubieran podido aminorarse si no estuviéramos frente a un Gobierno fallido, incapaz de asumir las competencias que la Constitución y las leyes le otorgan para hacer frente a este tipo de catástrofes, o a unas comunidades autónomas, especialmente la valenciana, superadas lógica y ampliamente, errores aparte, por la amplitud y complejidad de los acontecimientos, nuestros políticos parecen incapaces de extraer lecciones que permitan hacernos pensar que podríamos abordar mejor el futuro.
Está claro que no podemos domeñar a la naturaleza, pero la ciencia, los avances técnicos y el sentido común nos tendrían que inducir a actuar de manera que pudiéramos hacer frente a este tipo de catástrofes, u otras, con mejores resultados. Pero para ello es preciso que seamos conscientes acerca del escenario en el que nos movemos.
De entrada, hay que señalar, alto y claro, que contamos con una legislación adecuada que hubiera permitido que desde el minuto uno alguien, con competencias para ello, estuviera al mando de las complejas operaciones que tales emergencias precisan. Las competencias constitucionales sobre previsiones meteorológicas y recursos hidráulicos son determinantes en este caso, puesto que, en los municipios más afectados, fue el desbordamiento de las cuencas lo que generó el desastre, lloviera o no en ellos.
La previsión de lo que pudiera acontecer dependía, no desde el minuto uno, sino desde el menos uno, de quienes tienen información sobre el decurso de las lluvias y las aguas, todos ellos autoridades insertas en el Ministerio para la Transición Ecológica (menudo nombre le pusieron…) cuyo mando más alto, es decir, la ministra, estaba mucho más preocupada por hacer lo necesario para obtener el plácet del Parlamento Europeo para ser comisaria de la UE que por lo que pudiera suceder con los ciudadanos sobre los que ha recaído la tragedia. Lo cual puede ser, aunque reprobable, humanamente comprensible, pero políticamente inaceptable.
Una vez constatado que las aguas avanzaban peligrosamente, otros ministerios aparecen como directamente implicados para hacer frente a la situación: Interior, de quien dependen las fuerzas y cuerpos de seguridad (la Comunidad Valenciana no tiene policía propia a la que movilizar, salvo las policías locales los municipios que las tuvieran); Defensa, quien cuenta con los mejores especialistas, con experiencia contrastada en múltiples operaciones, especialmente en el extranjero, para actuar en este tipo de casos.
«Según nuestra legislación, la comunidad autónoma se tiene que poner a disposición del Gobierno y no al revés»
Y el propio presidente del Gobierno, responsable directo de las decisiones gubernamentales que hubieran tenido que ser activadas. ¿Por qué estaban directamente implicados? Porque así lo disponen la Ley reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Protección Civil. Todas ellas, además del sentido común, atribuyen al Gobierno de la nación la competencia para activar los mecanismos necesarios para hacer frente a catástrofes naturales de un alcance tal como la sufrida recientemente.
¿Por qué, entonces, se empecinan algunos por situar la responsabilidad de la inacción exclusivamente en la comunidad autónoma afectada? Tendrán que explicárnoslo muy bien, ya que en la legislación mencionada, la comunidad autónoma se tiene que poner a disposición del Gobierno, o de la persona a quien éste designe para coordinar las actuaciones. No es el Gobierno quien tiene que ponerse a disposición de la comunidad autónoma. El Gobierno tiene que gobernar, lo que implica decidir, en el marco de la Constitución y las leyes. Y no nos vengan con que se tenían que aplicar los protocolos, pues lo protocolos derivan de y están subordinados a las leyes. Ni tampoco nos sirve que, ahora, a regañadientes y por lo bajinis, pretendan que es el Gobierno de la nación quien está al mando. Gobernar también implica claridad y transparencia.
Sin embargo, se está introduciendo una interesada confusión acerca de dos conceptos, lanzados desde instancias gubernamentales y sincronizados mediáticamente, que repiten hasta la saciedad nociones equívocas. Una es lo que denominan cogobernanza. La otra es el concepto de Estado descentralizado. Ni una ni otra tienen efectos más que de cara al relato que se pretende imponer sobre los hechos y sobre la interpretación de los mismos.
En un Estado autonómico, de estructura federal, como es el nuestro, no existe cogobernanza. Este término, muy querido por ciertos politólogos que no reconocen las implicaciones de las estructuras jurídicas, implica situar en el mismo plano a los entes implicados. Ello no es así ni en los Estados federales ni en el Estado de las autonomías, pues los principios que rigen en ellos son el de competencia, ciertamente, pero también el de jerarquía; por ello las leyes que desarrollan las competencias en materia de catástrofes, atribuyen la dirección y la coordinación de las acciones a los gobiernos nacionales, que son los que tienen que tomar las decisiones de base.
«No existe eso de la cogobernanza, por más que algunos crean que repitiéndolo mil veces la van a hacer realidad»
En los Estados federales y en el Estado autonómico, las comunidades autónomas sólo pueden decidir en el marco de sus competencias y ello coordinándose con las autoridades nacionales, pues son éstas quienes pueden legalmente apreciar la existencia de una emergencia nacional, declarar un estado de alarma o decidir la implicación de las administraciones estatales. No existe eso de la cogobernanza, por más que algunos crean que repitiéndolo mil veces la van a hacer realidad.
Además, la explicación dada por el presidente del Gobierno, para intentar justificar su dejación de funciones, relativa a que «somos un estado descentralizado» constituye una boutade de relumbrón. Claro que, como cada vez que alude, con sus ministros, a la configuración del Estado, parece que no saben distinguir entre federación y confederación, podemos ser condescendientes y no exigirles, a todos ellos, una mayor precisión terminológica, no fuera caso que el esfuerzo les dejara más aturullados todavía.
La descentralización tiene tantas acepciones como formas de organizar la administración; cubre tanto a los departamentos franceses como a las provincias suecas, a los Lander alemanes como a los cantones suizos, a los voivodatos polacos o a las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y sobre todo, en esencia, la descentralización afecta a competencias de ejecución y de gestión, que se materializan bajo la dirección política, el control y la coordinación de los órganos administrativos superiores. Claro que somos un Estado descentralizado. Pero ¿de qué tipo, Sr. Sánchez?
Si quieren, podemos hablar de federalismo. De ese sistema racional y estructurado que los Estados complejos han adoptado en estos últimos siglos. Incluso estaría bien que determinados políticos hicieran un cursillo (al menos un par de tardes, como diría un antiguo ministro socialista que me consta que está un tanto perplejo ante el desbarajuste político actual) sobre federalismo. Para entender que federalismo es, por una parte, reparto de competencias claramente establecido entre federación y entes federados y, por otra parte, coordinación/colaboración/cooperación entre entes federales y federados y entre los entres federados entre sí. Bajo el principio de lealtad federal, por supuesto.
«Todavía hoy, dos semanas después de la catástrofe no se sabe quién toma las decisiones»
En este punto concreto, el abordaje de las catástrofes naturales, las competencias están claramente definidas en nuestra legislación. Lo que ha fallado ha sido la falta de coordinación/colaboración/cooperación entre entes federales y entes federados; es decir, entre el Gobierno y las comunidades autónomas; Valencia, por poner el foco, pero también en las otras que han resultado afectadas por la DANA. Todavía hoy, dos semanas después de la catástrofe, no se sabe quién toma las decisiones. Dijo el presidente del Gobierno que «si necesitan algo que lo pidan», declaración que constituye un escándalo de proporciones mayúsculas.
¿Por qué no se activó, también, desde el principio, la coordinación con los órganos competentes de la Unión Europea? ¿Tan ensoberbecidos estamos como para prescindir de unos instrumentos que, desde el primer momento, hubieran dado una información fidedigna sobre la situación y que pueden contribuir a realizar las tareas posteriores con mayor y mejor eficiencia? La reconstrucción de la zona va a necesitar de recursos que sin la ayuda de la UE van a ser imposibles de obtener.
Va a ser necesario contar con, además de fondos, la autorización europea para superar el nivel de gasto necesario, ya que para los próximos años se vuelve a activar el equilibrio presupuestario que se había flexibilizado con motivo de la pandemia. Van a ser necesarios créditos extraordinarios estatales para afrontar las medidas urgentes y planificar cómo abordar el gasto a medio y largo plazo, que tendrán que ser autorizados por un Parlamento que va a tener, lógicamente, composición política variable a lo largo del tiempo.
Las comunidades autónomas y las entidades locales, también con estructura política versátil, tendrán que adoptar presupuestos extraordinarios en coordinación con la planificación económica estatal y europea. Se va a necesitar la intervención de los órganos de coordinación legalmente previstos: el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Conferencia de Presidentes y diversas comisiones sectoriales y bilaterales. Se va a necesitar a la oposición, sea la que sea, durante varios años. No ha sido una catástrofe local, ha sido una catástrofe nacional.
Si el Gobierno de la nación no quiere entender ante qué se enfrenta, o es que está coaccionado por socios incompetentes o es que la incompetencia la lleva dentro. Tiene que extraer lecciones de la DANA. Y tiene que hacerlo rápidamente. Para que no tengamos que oír continuamente a voluntarios que llegan al lugar y explican que nadie está al mando de la situación, que no saben con quién se tienen que coordinar y que para organizarse únicamente cuentan con la buena voluntad ciudadana. Y porque no estamos exentos de que situaciones similares se vuelvan a producir. Como dijo Su Majestad el Rey en su visita a Paiporta, «hay que garantizar que el Estado, en toda su plenitud, está presente».
