Milei y Trump contra la tiranía burocrática
«El Estado Administrativo ha adquirido un poder exorbitante, impropio de una democracia. Gestionan, legislan y sancionan; los tres poderes en uno»
Ilustración de Alejandra Svriz
En julio de este año, Javier Milei nombró a Federico Struzenegger ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es quien está operando la motosierra de Javier Milei. Su función es doble: recortar el atrofiado Estado argentino y desregular la economía. El ministro de recortes puede actuar desde que se aprobó la Ley de Bases, que es la que da soporte legal a la política liberalizadora impuesta por el presidente Milei. También tiene una base política: la de un presidente elegido con el 54% de los votos, un trémulo apoyo parlamentario, y un acuerdo político con 18 gobernadores, que se llama Pacto de Mayo, pero que se firmó en julio.
Cuando asumió el cargo, dijo que tenía pensado eliminar unos 60 organismos estatales. Ya ha eliminado algunos, por ser redundantes o ineficaces, como el Instituto Argentino de Transporte o el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, o por estar destinados a fomentar una ideología extrema y divisiva (INADI). Y ha reducido la estructura de otros, como la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ha desregulado el mercado de vuelos comerciales (política de cielos abiertos), así como el servicio postal. Y se dispone a privatizar tanto Aerolíneas Argentinas como Correos. Son sólo dos de cuatro decenas de empresas públicas que acabarán total o parcialmente en manos privadas.
También ha desregulado los sectores de los seguros, el cine, el turismo estudiantil, la compraventa de coches o el transporte de pasajeros, y garantizado la libre elección del proveedor de salud y la importación de medicamentos. Y ha introducido una tímida desregulación del mercado laboral.
El Gobierno argentino elimina ciertos privilegios de los organismos públicos, como el que permitía a ciertos funcionarios otorgar su puesto en la Administración a sus hijos, como en el Antiguo Régimen. E impone un examen obligatorio estándar para ser funcionario. El carnet de peronista no será suficiente.
«Trump concedió a Javier Milei la primera conversación con un dirigente extranjero después de su gran victoria»
Y ha enviado al Parlamento la Ley Hojarasca, que prevé eliminar hasta 70 normas, por distintos motivos: están superadas por otras leyes, o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología, o remiten a organismos que ya no existen, o que deben autofinanciarse. Otras normas imponían estructuras burocráticas o trámites inútiles. Pero aún otras atentaban contra la libertad individual, como la Ley 14.034 que impone una pena de prisión a los argentinos que denuncien en el extranjero la situación de los derechos humanos en el país.
Esta loca política de dejar en la Administración sólo lo que tiene visos de ser útil al ciudadano, aunque sea con un enorme coste, parece que no se va a quedar en Argentina. Donald Trump concedió a Javier Milei la primera conversación con un dirigente extranjero después de su gran victoria, en el colegio electoral (312-226) y en voto popular (50,2%-48,1%) en las elecciones presidenciales. «Eres mi presidente favorito», le dijo al de la cabellera de león, en su inglés neoyorkino.
Sabemos que Donald Trump impondrá una política proteccionista, que es como se llama al destruccionismo, del que hablaba Ludwig von Mises, en materia de comercio exterior. Ahogar un mercado, aunque sea tan grande como el de los Estados Unidos, es una receta para la pobreza.
Pero va a compensar, en parte, ese dislate, con dos políticas. Va a eliminar, dice, el impuesto sobre la renta. No me lo creo, pero bien está que lo reduzca. Y va a reducir el descomunal Estado Federal, y a someterlo a una racionalización. Para realizar esta tarea, cuenta con el liderazgo de dos mil millonarios: Vivek Ramaswamy y Elon Musk. Dos inmigrantes nacionalizados a los que no hay nadie que pueda comprar; no con dinero, al menos.
«Estados Unidos han traicionado su tradición política y legal con la creación de una miríada de agencias»
Estados Unidos han traicionado su tradición política y legal con la creación de una miríada de agencias, oficinas y organismos que se constituyen en pequeñas o grandes tiranías, que legislan sin mandato del pueblo y se sitúan por encima de la ley, y que lesionan los derechos de los ciudadanos.
El Estado Administrativo, tal como lo conocemos, nació, en Estados Unidos, hace aproximadamente un siglo. Dominaba el movimiento progresista, que no es exactamente lo que hoy conocemos como tal. Los progresistas entendían que la rama legislativa del Estado era especialmente corrupta, y estaba carcomida por la incidencia de los intereses especiales. Por eso favorecieron la creación de agencias dependientes directamente del Gobierno, con funciones antes encomendadas a los Parlamentos, como la investigación o la fuerza de hacer cumplir las leyes.
Este Estado Administrativo ha adquirido un poder exorbitante, impropio de una democracia. Gestionan, legislan y sancionan; los tres poderes en uno. Con una autonomía, arbitrariedad y discrecionalidad casi totales. Y que impone una desigualdad radical entre funcionarios y ciudadanos.
A eso se van a enfrentar Musk y Ramaswamy. Tienen, eso sí, el viento a su favor. La consideración legal de las agencias está cambiando. En 1984, el Tribunal Supremo dictó una de las sentencias más importantes de su historia. En Chevron v. Natural Resources Defense Council, dijo que en caso de que una de sus actuaciones llegue a los tribunales, había que tener la «deferencia» con ellas de otorgarles la última palabra en la interpretación de las normas. Estaban por encima de la ley.
«Hacienda ejerce un poder tiránico sobre la sociedad española. Puede destrozar una vida actuando de forma arbitraria e impune»
Estaban. Porque ahora el Tribunal Supremo, que es uno de los pocos pilares que tiene en estos momentos la civilización occidental, ha decidido en sentido contrario. Ahora volverán a ser los jueces quienes interpreten la ley en última instancia. Como si Estados Unidos fuera, ahora sí, un Estado de derecho.
Nosotros sabemos lo que es eso. Hacienda ejerce un poder tiránico sobre la sociedad española. Los principios del Derecho no van con ella. Puede destrozar una vida actuando de forma arbitraria, y de forma impune. Nos interesa mucho lo que pase en Buenos Aires y en Washington D.C.
