'Hechos probados', el documental que Hacienda no quiere que veas

El 25 de octubre de 2021, la Semana de Cine Internacional (Seminci) de Valladolid emite una película documental bajo el título Hechos probados. El filme, cuya confección llevó más de tres años al director, productor y guionista, Alejo Moreno, -conocido del festival por sus películas anteriores, según relata a THE OBJECTIVE– refleja cómo una declaración fiscal de la que la Agencia Tributaria discrepa deja a un empresario de este país inmerso en un periplo judicial de más de tres décadas de duración, con una perenne percepción individual de indefensión en el afán de este gran contribuyente por colaborar con las Administraciones y Tribunales para solucionar su caso y las posteriores derivadas que deparó.

Se trata de Agapito García Sánchez (Noblejas, Toledo, 1942), señalado en la primera lista de morosos hecha pública bajo la batuta del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro como la persona que más dinero debería a la Hacienda Pública. Ahora mismo, Agapito García lucha ya no contra las estructuras del Estado, sino contra su maltrecha salud -que intentó preservar a través de firmeza, disciplina y deporte- y su fatiga psicológica en los itinerarios judiciales y administrativos. Sobrevive con una «baja» pensión y considera que el Sistema le ha devuelto al lugar de donde salió: la pobreza.

Este empresario, que empezó con una gravera y prosperó en la construcción, desconocido para el público general, adeudaría en 2015 al erario público 26.883.330,47 euros, según datos de la lista de morosos. Esa cantidad y otras de su periplo tributario no son las deudas originales que su batalla judicial trataba de rebajar, sino que por el transcurso del tiempo y el itinerario judicial más que se duplicó el montante por el mero transcurso del tiempo, siendo superior el importe en intereses, recargos y apremios al de la propia deuda original sobre la que la Justicia debía dirimir si la razón estaba de parte de la Agencia Tributaria o de este contribuyente.

Exhibición pública de su deuda con Hacienda

El grueso del aprieto fiscal de Agapito García comenzó porque tributó por una operación al 13% a través del Impuesto de Sociedades en vez de hacerlo al 56% por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Fue acusado de utilizar una «sociedad pantalla» mientras él defendía que la operación la hizo a través de una sociedad mercantil legalmente constituida, sin más apellido.

Agapito García comienza a descubrir las, a su juicio, extralimitaciones de las potestades de la Agencia Tributaria y lucha manteniendo su residencia en este país para que los mecanismos del Estado de Derecho le brinden una defensa equilibrada a la proporción de las actuaciones a él atribuidas y la exhibición pública sobre él vertida, a la paulatina pérdida de calificación financiera para seguir realizando su actividad empresarial a través del crédito, amén del daño reputacional padecido en su persona y entorno familiar.

El productor, director y guionista Alejo Moreno conoce a Agapito García por una casualidad. Interesado por el relato, en primer lugar como cineasta, comienza a entrevistar a abogados, funcionarios, magistrados, periodistas, economistas, y todo el elenco de profesionales implicados en este caso y otros como el de Agapito García. «Más allá de un enfoque periodístico o una visión cinematográfica, tiene que moverte algo por dentro» para acometer un proyecto de más de tres años, explica Moreno a THE OBJECTIVE. El director, guionista y productor, al abordar sus investigaciones, descubre «que hay un tema más profundo que el atropello a ese contribuyente».

Investigación de casi cuatro años

Alejo Moreno refleja en su película documental, con equilibrio y parcialidad, las visiones de todos los perfiles de alto nivel que pueden aportar una visión sobre el devenir de los muchos Agapitos que existen en España. Tarda cerca de cuatro años en contraponer argumentos y declaraciones de propios y extraños, partícipes y rivales, defensores y detractores, y acaba concluyendo que este trabajo de investigación debe ser conocido por la opinión pública. «No se trataba de un rapapolvo a la Agencia Tributaria, sino de hablar de derechos fundamentales y de la crisis del Derecho y la separación de poderes».

Moreno financia con su propio dinero la producción y encuentra alguna ayuda económica en personas o instituciones que rechazan identificarse. El ya productor de la película se encuentra con la negativa, evasiva, o la mera omisión de contestación por parte de plataformas y medios audiovisuales. Comprende el cineasta los argumentos y justificaciones basados en la línea editorial del medio o el formato de contenidos más visto, pero también deduce que la fragilidad financiera del sector audiovisual impide acometer la osadía de publicar contenidos espinosos sobre órganos públicos que puedan tener consecuencias económicas para las compañías. «Las empresas audiovisuales son bastante frágiles y es fácil meterlas en un lío durante 15 años», aduce Moreno.

La película se puede adquirir en la web ad hoc creada por el propio Alejo Moreno, o visionar en abierto hasta el 30 de septiembre en Idealista/News, entidad que traslada a THE OBJECTIVE que se interesó por el contenido y que no ha tenido que soportar presiones. También se retransmitió durante un tiempo en cesarvidal.tv.

La polémica de fondo

Básicamente, el documental relata cómo una suerte de rodillo público, que no sólo se concreta en la Agencia Tributaria (AEAT), tiene conferidas unas potestades desproporcionadas a su función de velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entre otras. Desgrana cómo la desproporción entre la, a juicio de algunas fuentes consultadas, impunidad de algunos funcionarios que perciben incentivos y la indefensión de los administrados sigue sin ser corregida pese a demostrarse fallida en muchos aspectos, como en el hecho de que el 49% de las actas recurridas acaben en un desenlace que quita la razón a la Agencia Tributaria.

Todas estas conclusiones sobre el desequilibrio entre potestades, derechos y garantías que afectan a distintos estamentos de los poderes del Estado se recogieron en la Declaración de Granada, de mayo de 2018, por un nutrido grupo de juristas y expertos de reconocido prestigio y trayectoria. Expertos del CES-Cardenal Cisneros consultados por este diario han puesto de manifiesto las aristas de los debates jurídicos que entrañan todos los aspectos desvelados al hilo de la historia de Agapito García y que afectan, en palabras del empresario, «al corazón del Estado».