Sanidad pública o privada

Parece que hubiéramos retrocedido cuarenta años y nos encontráramos en ese imaginario 1984 que describió Orwell en 1948. Creo que ya he dicho en algún otro artículo que muchas de las indicaciones de este autor mantienen una gran actualidad y compaginan bien con la problemática política del momento. La importancia del relato, la de construir un lenguaje y un discurso que lejos de descubrir la verdad la ocultan, con una llamada a la emotividad y con la fe de la secta. En los momentos actuales este aspecto es tan dominante en la actividad política que, tal como afirmaba Orwell, proclamar la verdad se ha convertido en un acto revolucionario.

Tengo la impresión de que cada artículo que escribo es un intento —aunque seguramente poco conseguido— por desnudar y poner al descubierto alguno de los relatos de Sánchez y del sanchismo con los que intentan camuflar los hechos y la realidad. En esta ocasión le ha tocado el turno a la sanidad y a la educación. El presidente del Gobierno, que no sabe qué hacer para justificar lo firmado en Cataluña, en una de esas homilías que suele pronunciar frente a los suyos, ha arremetido contra las autonomías (se supone que principalmente contra Madrid) por derivar miles de millones a la sanidad privada. Dicho así parece que los hubieran regalado, y entonces no se entiende por qué no han ido directamente a denunciarles ante los tribunales.

Sánchez en este discurso, quizás contagiado por las arengas de la ahora ministra y antes médico, mujer y madre, confunde —supongo que a conciencia— la sanidad privada y la gestión privada de la sanidad pública. O, dicho de otra manera, hay que distinguir la gestión, de la financiación. Lo que es determinante para calificar una sanidad, se gestione por quien se gestione, como pública es la financiación, es decir, si se financia mediante precios o a través de impuestos.

El capitalismo liberal se basaba en la creencia de que la economía y el mercado eran sistemas perfectos, regidos por la competencia. Mérito y capacidad. Los puestos que cada uno terminaba ocupando en la sociedad dependían de su valía y de sus esfuerzos. Pero la carrera está trucada, al menos desde el momento en el que punto de partida es desigual. En algunos casos, muy desigual.

De ahí que el capitalismo liberal para ser congruente consigo mismo tuvo que ir girando hacia posiciones más sociales, en las que el Estado, aun cuando no equilibrase totalmente el punto de partida, sí garantizase unas prestaciones mínimas, entre las que ocupan un puesto destacado la sanidad y la educación que lejos de financiarse mediante precio y estar por tanto condicionadas a la capacidad económica del ciudadano, lo hiciese mediante impuestos, reduciendo así la desigualdad inicial en la competición.

«En la sanidad pública la administración de las medicinas se realiza principalmente por laboratorios y farmacias privadas»

En esta dinámica quién o quiénes ejecutan la gestión es secundario y depende de muchas variables. Por ejemplo, la obra pública no deja de ser pública porque la gestión casi en su totalidad la realicen empresas privadas. La enseñanza concertada continúa siendo pública aun cuando la realizan colegios privados. Bien es verdad que en esta última materia la gestión adquiere mayor importancia al poder ir unida al adoctrinamiento. En la misma sanidad pública la administración de las medicinas se realiza principalmente por laboratorios y farmacias privadas. La verdadera privatización está en el copago. Es la gestión privada la que presta servicios sanitarios a una gran parte de los funcionarios, sin que por eso la prestación sanitaria haya dejado de ser pública.

La Comunidad de Madrid no ha sido ni la primera ni la que posee el porcentaje más importante en la externalización de los servicios sanitarios. Si no me equivoco, el primero fue el gobierno del PSOE de Andalucía hace ya bastantes años. Y, en cuanto a la proporción, es Cataluña la que se lleva la palma, razón por lo que quedan en muy mal lugar todas las peroratas de Sánchez orientadas a justificar por las actuaciones aviesas de las otras comunidades, el dinero que va a dedicar a Cataluña.

La postura de Sánchez es tanto más cínica en cuanto que él sí que está canalizando miles de millones de euros al sector privado mediante los fondos europeos de recuperación, por ejemplo, mediante las asociaciones público-privadas o a través de los PERTE. Aquí sí que se pueden producir auténticas sorpresas cuando se analicen cómo se han concedido y ejecutado estos recursos.

Que conste que soy partidario de que si la financiación es pública, la gestión, allí donde se pueda realizar, sea también pública. Las experiencias en las asociaciones público-privadas no han sido demasiado positivas. Casi siempre se produce una asimetría y la balanza se desequilibra en contra de lo público. Buen ejemplo de ello han sido muchas de las desaladoras y algunas autopistas de peaje. Tengo que reconocer, sin embargo, que en muchas ocasiones es imprescindible que el sector público tenga que acudir a la gestión privada y que, además, dada la cualificación de los que se ponen a veces al frente de los servicios públicos, uno termina por preguntarse si no sería mejor que lo gestionasen desde el sector privado.

«Se está produciendo una privatización silenciosa, causada por las deficiencias y carencias de la sanidad pública»

En cualquier caso, en lo que hay que insistir es que en ciertos sectores como la sanidad o la educación lo realmente relevante es cómo se financien, si por precios, con lo que el consumo quedaría reducido a aquellos que tengan capacidad económica y en la medida que la tenga, o por impuestos, con lo que se hace universal y todo el mundo tiene la posibilidad de acudir a ellos. 

Aquellos que muestran —y con razón— una gran preocupación por las privatizaciones deberían considerar que estas se generan, y de la forma más grave, cuando se rompe la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, esta desaparece por la confluencia de la selectividad y las universidades privadas. La selectividad impone en función de la nota limitaciones acerca de qué carrera puede cursar un alumno, limitación que no existe para aquellos con suficientes recursos para cursar esa carrera en una universidad privada.

En cierta forma esta privatización de la enseñanza superior se está introduciendo en las universidades públicas mediante ciertas figuras nuevas como los másters, las cátedras extraordinarias, etc., que se encuentran fuera de la gratuidad, aunque se gestionen desde las instituciones públicas. Por cierto, que el caso de Begoña Gómez ha puesto de actualidad todos estos mecanismos posmodernos.

En cuanto a la sanidad, se está produciendo una privatización silenciosa, causada por las deficiencias y carencias en todas las comunidades de la sanidad pública, con enormes listas de espera y servicios muy deficientes en la atención primaria, que está llevando progresivamente a muchos ciudadanos, todos los que pueden permitírselo, a contratar adicionalmente un seguro privado.

«El problema es de carencia de fondos y por lo tanto del Estado y de la necesidad de que asigne una mayor cantidad de recursos»

Se producen tres efectos perversos. El primero, que se rompe la igualdad de oportunidades, dividiéndose la población en dos conjuntos distintos, aquellos que mantienen tanto la sanidad privada y la pública, y aquellos que tienen que contentarse únicamente con esta última y sufrir sus carencias. El segundo es que, al no padecer directamente las capas sociales más favorecidas las deficiencias de la sanidad pública, ya que la completan con la sanidad privada y encontrándose seguramente en esta población todos aquellos que crean opinión, será difícil que surjan voces denunciando las lagunas y vacíos del sistema.

El tercero es que muy probablemente los ciudadanos que cuenten con ambas vías usen la sanidad privada para temas menores, mientras que en los asuntos importantes acudan a la pública, con lo que de alguna forma la primera saldrá muy beneficiada a costa de la segunda. 

Presentándose la insuficiencia y la penuria en mayor o menor medida en todas las comunidades, es claro que el problema es de carencia de fondos y por lo tanto del Estado y de la necesidad de que asigne una mayor cantidad de recursos a esta partida. Muchas son las razones para hacerlo: 

1) La sanidad es lo que se llama en Economía un bien superior. Su consumo aumenta siempre con la renta más que proporcionalmente, por lo que parece coherente que en los distintos países, a medida que se incrementa el PIB, se dedique una mayor proporción de este a gastos de salud.

2) Los gastos sanitarios son generadores de economías externas. Aun desde una óptica estrictamente económica, incrementan la productividad a través del perfeccionamiento del capital humano.

3) Entre la disparidad de bienes que componen el consumo no parece que sean los gastos de sanidad los más perjudiciales y, por lo tanto, no debe preocuparnos que incrementen su participación en el PIB.

4) El desarrollo económico va aparejado al desarrollo técnico. La aparición de nuevos descubrimientos y de una tecnología cada vez más avanzada en el campo sanitario hace también que el coste de estos servicios se eleve de manera significativa.

5) El incremento de la esperanza de vida y una población más envejecida fuerzan a que haya que dedicar una proporción mayor del PIB a sanidad.

«La verdadera privatización de la sanidad no se produce en el ámbito de la gestión, sino en el de la financiación»

6)  El hecho de que la sanidad sea privada en ningún caso reduce la proporción del PIB que haya que destinar a ella. El caso más evidente es el de Estados Unidos donde el gasto sanitario por habitante es muy superior al de nuestro país, a pesar de que una parte importante de la población carece de la cobertura necesaria. De una u otra forma habrá que detraer del PIB una parte cada vez mayor destinada a cubrir este tipo de necesidades.

La verdadera privatización de la sanidad, como se ve, no se produce en el ámbito de la gestión, sino en el de la financiación; y como las deficiencias se originan en todas las comunidades. Hay que mirar al Estado, y al Ministerio de Sanidad. En estos momentos desde el Gobierno, y desde una parte de la izquierda se realiza una defensa a ultranza de la sanidad pública, lo que es muy loable, aunque a veces parece más nominal que real. Yo mismo la defendí con fuerza en el Congreso cuando en abril de 1997 me llamaron a declarar como experto a la comisión que se había creado para su reforma. Pero una vez más cierta izquierda se equivoca en los medios. Su batalla se dirige a combatir la sanidad privada, olvidando que la única manera de reducirla es dando los recursos necesarios a la pública. Y ¡qué ocasión se está perdiendo con los fondos europeos de recuperación! Tomar medidas contra la privada, sin incrementar la dotación a la pública, solo va a servir para que esta se deteriore aún más. 

Existe la sospecha de que las dificultades surgidas en la negociación de Muface —mejor diríamos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública— con las aseguradoras privadas tienen su origen en el deseo de que la sanidad pública de los funcionarios no se gestione por medios privados. Puede ser defendible y es muy posible que la mayoría de los empleados públicos afectados participasen de esta opinión si la sanidad pública tuviese los medios necesarios y se solventasen las carencias que en estos momentos la afectan. En la situación actual incrementar los servicios públicos en un millón y medio de beneficiarios sin aumentar su financiación se traduciría lógicamente en un deterioro mayor del que ya padecen.

Algo parecido habría que afirmar de la pretensión de subir el IVA a las seguradoras privadas. La medida podría tener sentido si la sanidad pública cumpliera todos sus objetivos, de manera que fuesen muy pocos los que deseasen suscribir adicionalmente una póliza privada. Quedaría casi como una rareza o un artículo de lujo para un número reducido de caprichosos. Solo los más ricos. La cosa cambia en los momentos presentes cuando son 11,6 millones de ciudadanos los que se han inclinado por esta opción. A la hora de subir impuestos, no creo que en estas circunstancias sea dicha subida la mejor forma de hacerlo. Se tiene la impresión de que la finalidad no es tanto recaudatoria, sino fruto de una ofensiva contra el sector privado de la sanidad. Sin embargo, no es esa la forma de defender la sanidad pública, prohibiendo o haciendo imposible la existencia de la privada, sino dotando de tales medios a la pública que la privada sea prácticamente innecesaria.