Reciclando los ingresos climáticos
«Actualmente en España no se dedica ni un solo euro de los ingresos de derechos de emisiones a compensar socialmente el esfuerzo. Otros países sí lo hacen»

Generadores eólicos en la provincia de Ávila. | Arturo Rosas (Zuma Press)
Durante estos días debatimos en el Congreso sobre la modificación de la Ley de Comercio de Emisiones. Desde el Partido Popular, en el Congreso hemos lanzado una propuesta, los dividendos climáticos, que tiene como objetivo reciclar los ingresos provenientes de las subastas de emisión y devolverlos a quienes realmente contribuyen a un futuro más sostenible, cumpliendo así con nuestros compromisos climáticos como país. Nuestra iniciativa se centra en las personas físicas y jurídicas que certifiquen contribuir, con acciones y comportamientos, a reducir emisiones de gases de efecto invernadero; familias y empresas climáticamente neutras, y propietarios de masas forestales o agricultores que demuestren que sus actividades fortalecen los sumideros naturales de CO2. Actualmente en España no se dedica ni un solo euro de los ingresos de derechos de emisiones a compensar socialmente el esfuerzo. Otros países sí lo hacen.
Se trata de una herramienta accesible, justa y transformadora. Hasta ahora, el principio rector de la agenda climática ha sido «quien contamina, paga», una fórmula efectiva para responsabilizar a los emisores de su impacto ambiental. Sin embargo, ha llegado el momento de avanzar hacia un enfoque más proactivo. ¿Por qué no recompensar a quienes protegen el planeta? Incentivar las buenas prácticas no solo puede ayudar a mitigar los costes de la transición hacia una economía verde, sino también inspirar comportamientos más sostenibles a largo plazo. Es crucial que el marco normativo no solo penalice el daño, sino que también premie la responsabilidad ambiental, facilitando una transición más justa y eficiente.
En el PP, creemos firmemente que la lucha contra el cambio climático no solo es urgente, sino también una responsabilidad que debe ser asumida con un enfoque socialmente inclusivo. En las distintas iniciativas que hemos registrado en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura hemos insistido en que este reto debe ser abordado de manera justa y sensata, sin obviar la realidad económica de nuestro país. La reforma de la Ley 1/2005 sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se convierte en una oportunidad para alinear los objetivos climáticos de España con el progreso económico, garantizando que la transición no deje a nadie atrás. De esta manera, evitamos que las políticas climáticas se conviertan en un problema para los sectores más vulnerables y en una carga difícilmente asumible para la economía, es necesario mitigar las externalidades de la agenda climática.
Frente a la izquierda, que parece ignorar las consecuencias económicas de sus propuestas, y la derecha negacionista, que no asume la urgencia de la lucha climática, el PP se posiciona como el partido de la sensatez. Creemos en una transición verde que sea compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo, a la vez que mantenemos nuestros compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones. En estos momentos nos encontramos inmersos en el trámite legislativo, una de las enmiendas que hemos presentado apuesta, como ya lo han hecho otros países, por la puesta en marcha en nuestro país de los dividendos climáticos. Este mecanismo permitirá redistribuir de forma inteligente los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión, destinándolos directamente a los ciudadanos y empresas que certifiquen ser climáticamente responsables o que sean particularmente vulnerables a los efectos de la transición energética.
No se trata de una idea nueva; países como Canadá y Suiza han demostrado su éxito. En Canadá, los pagos directos a los ciudadanos han ayudado a suavizar el impacto del impuesto al carbono, mientras que, en Suiza, los ingresos del impuesto al CO2 se devuelven a los ciudadanos a través de reducciones en las primas de seguros de salud. En Austria el dividendo climático universal ha ayudado a aumentar el apoyo social de la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Estos ejemplos nos enseñan que las políticas climáticas pueden ser una oportunidad para mejorar la justicia social y la equidad económica, si se implementan correctamente.
«No podemos dejar que la transición verde sea un motivo para incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos y las empresas»
En España, esta redistribución tendría un impacto significativo en la lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta gravemente a los hogares más vulnerables. Un importante porcentaje de los ingresos de las subastas de emisiones deberían destinarse a estos fines, asegurando también que los más afectados por la transición energética reciban el apoyo necesario. Además, los sectores agrícola y forestal, fundamentales en nuestra economía y que hoy se sienten objeto y no sujeto de la agenda climática, se podrán beneficiar de este incentivo al contribuir con sus sumideros naturales de CO2. Fijando población y creando nuevas oportunidades de desarrollo económico en zonas rurales, fomentando así la cohesión territorial. Es una gran oportunidad para poner en valor los beneficios ambientales de la agricultura responsable en nuestro país y recompensar la enorme contribución climática del mundo forestal.
No podemos exigir sacrificios desproporcionados a ciertos sectores de la sociedad, ni dejar que la transición verde sea un motivo para incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos y las empresas sin ofrecer una compensación adecuada a quienes cuidan y preservan el medio ambiente. En este sentido, es nuestra obligación anticiparnos y sortear riesgos y amenazas, la España rural juega un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero si no la incluimos en la ecuación y cae en el abandono, la desertificación será el primer impacto, luego los incendios, la pérdida de biodiversidad, y el riesgo real de convertirnos en el primer desierto de Europa.
Desde el Partido Popular en el Congreso abogamos por una reforma de la ley 1/2005 que haga compatible la agenda climática con el progreso económico. El dividendo climático, tal como lo hemos propuesto, es un ejemplo claro de cómo se puede lograr esta compatibilidad. Tenemos la oportunidad de liderar una transición verde e inclusiva, una transición que mejore nuestra competitividad al tiempo que cuidamos la casa común.