Violencias sociales
«El informe de la Comisión Europea sobre políticas sociales sitúa a España a la cabeza en pobreza infantil, abandono escolar y exclusión social»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Ministerio de Juventud e Infancia. Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones. Cuatro carteras cuya función es promover la protección e inclusión social de entre las 22 que componen el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Sus titulares? Yolanda Díaz (también vicepresidenta segunda del Gobierno), Pablo Bustinduy, Sira Rego y Elma Saiz Delgado, respectivamente. Los tres primeros de Sumar. La última, del PSOE. Un Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, creado en junio de 2018 y suprimido en noviembre de 2023. Tantos organismos y recursos destinados a luchar contra la pobreza con tan pobres resultados. Justo cuando la reputada revista The Economist había designado a España como la economía avanzada con los mejores resultados en 2024, el informe de la Comisión Europea sobre políticas sociales publicado esta semana sitúa a España también a la cabeza, pero esta vez en lo que se refiere a pobreza infantil, abandono escolar y exclusión social.
Todo ello tras seis años de Gobierno progresista. Seis años de escudo social. Seis años dedicados a superar los perversos efectos de las recetas neoliberales de los anteriores gobiernos del PP. Y tres años de robusto crecimiento que han permitido a España situarse 5,7 puntos por encima de los niveles prepandemia y que se verán coronados por el avance del 3,1% con el que cerrará este ejercicio, más del triple del 0,9% que crecerá de media la Unión Europea y por delante incluso del 2,8% que crecerá Estados Unidos. Sin embargo, ni las grandilocuentes etiquetas que le pone el Ejecutivo a su acción ni el vigoroso crecimiento registrado por la economía española han servido para corregir esos desequilibrios sociales en lo que se supone debe ser la prioridad de cualquier gobierno que se declara socialmente progresista.
¿Servirán estos datos para poner un límite a la tolerancia de la izquierda? Hablo de la que demuestran tener esos perseverantes votantes socialistas que restan importancia a la corrupción de los suyos porque debe ser una inventada de la derecha y la extrema derecha y los medios y jueces afines. O que aceptan la singularidad de la financiación catalana, que rompe la caja común y diezma los recursos destinados a las regiones más pobres, porque están convencidos de que es el precio que pagar para disolver el conflicto. O que ven la Amnistía como un mal menor frente a la llegada de la derecha al poder, aunque quiebre la igualdad de los españoles ante la ley. ¿Mirarán también para otro lado ante el fracaso de la lucha contra la pobreza?
Porque lo cierto es que España se situó en 2023 a la cola en muchos indicadores críticos que comprometen su bienestar social y prosperidad a largo plazo. «España tiene un problema», reconoce el informe. En 2023 la población en riesgo de pobreza y exclusión social subió al 26,5% en general y al 34,5% entre los niños. Unas tasas muy superiores al 21,3% y 24,8% que, respectivamente, de media se sitúan en la UE, sólo comparables a las registradas en Bulgaria en el caso de la pobreza infantil. Bruselas cree que las políticas sociales que aplica el Gobierno tienen unos efectos «poco tangibles». Y achaca gran parte del problema al desafío que suponen las disparidades regionales en el acceso a los servicios públicos. La protección social no es igual en todo el territorio. También a la pobreza laboral (uno de cada tres personas en riesgo de pobreza tiene un empleo que no le permite cubrir las necesidades básicas).
España suspende en 10 de los 17 indicadores: abandono escolar, jóvenes desempleados y que no estudian, desigualdad de ingresos, tasa de empleo y de paro, paro a largo plazo, crecimiento de PIB per cápita, tasa de exclusión social general, de exclusión social en menores y en el índice que mide el impacto de las ayudas sociales.
España suspende en convergencia social con sus socios europeos y son los niños y los jóvenes los grandes perjudicados. ¿Rendirá cuentas el Gobierno sobre este estrepitoso fracaso? Sánchez se lamenta de que la oposición sólo habla de corrupción y no de la buena marcha de la economía. ¿Estaría igual de dispuesto a hablar sobre la deplorable gestión de las políticas sociales de su Gobierno?
