El año en que perdimos la esperanza
«Aunque no lo crean los trompetistas del Gobierno, el novio de Ayuso tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, los que Ortiz juró defender»
Alejandra Svriz
Estamos a punto de abandonar el año 2024 y lo haremos apesadumbrados y avergonzados. Este año pasará a la historia de España como uno de esos años en que gran parte de la ciudadanía pierde la esperanza en la verdad de las instituciones. La esperanza de que nuestra clase gobernante recuperara algún síntoma de moralidad. Ya habíamos comprobado en años anteriores como nuestro gobierno era inmune a cualquier asomo de responsabilidad ante las mentiras dichas, repetidas, prometidas y juradas sin que nadie no solo lo asumiera.
Al contrario, la ola trumpista, que rodea toda la gestión y propaganda del Gobierno, ha reconvertido esas mentiras en actos orgullosos en los que alardeaban de su supuesta inteligencia superior a la del resto de ciudadanos y que les permitía presumir de que negar los indultos o la amnistía a los independentistas catalanes y luego defenderla y aprobarla era el sumun de la progresía y la democracia.
La continua cesión a los chantajes de ERC, Junts, PNV o Bildu se han venido vendiendo como brillantes actos de conciliación, convivencia y normalización democrática cuando en realidad han sido una rendición tras otra del gobierno necesarias para mantener a Sánchez en la Moncloa. Se nos ha venido intoxicando con que todo eran logros de un gobierno progresista, apoyados por socios progresistas para políticas progresistas. El PNV o sus colegas de Junts eran presentados como adalides de la progresía. En el momento en que estos dos partidos, de derechas de toda la vida, han exigido medidas coherentes con el bolsillo de sus votantes todas las costuras del vestido progresista han empezado a estallar.
A este Gobierno le gusta creerse capaz de engañar incluso por escrito con metarealidades que incluyen en el mismo traje medidas contradictorias y opuestas. No le tiembla el pulso, ni el gesto, ni la mano cuando explican lo inteligente y progresista que es incluir en la misma ley un impuesto especial a las empresas energéticas y eliminar a la vez cualquier tipo de impuesto especial a las empresas energéticas. Su afán por mantenerse en el poder los lleva a romper hasta con sus supuestos principios sagrados de solidaridad. Así pueden firmar, también por escrito, una financiación singular ventajosa para Cataluña y asegurar en otro papelillo, al que ningún presidente autonómico dio ninguna credibilidad, que toda reforma de la financiación autonómica será multilateral y por acuerdo de todos.
Esto ha sido la tónica del Gobierno de un presidente como Pedro Sánchez, al que muchos achacan haber dejado ya de ser inmoral para simplemente actuar como un amoral. Miente, traiciona y ofende sin rubor ni complejo de culpabilidad. Y se ha rodeado de ministros capaces de actuar igual. Bolaños, Montero o López son solo tres ejemplos de políticos que parecen más nacidos para el engaño que para un Gobierno que tenga que ser supervisado y controlado por la oposición, la justicia o la prensa.
«El Estado de derecho ha sido socavado por los continuos ataques del poder ejecutivo al judicial tras haber sometido y retorcido al legislativo»
Un Estado de derecho que ha sido socavado por los continuos ataques desde el poder ejecutivo al poder judicial, tras haber sometido y retorcido al legislativo. Algún día se estudiará en nuestras facultades de ciencias políticas o derecho como el papel de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado, del sagrado secreto de la Agencia Tributaria, y hasta del papel de los letrados del Congreso de los Diputados fue mancillado, vulnerado y manipulado por el poder de un presidente que nunca se ha considerado un presidente parlamentario y siempre se ha sentido más cerca de los modelos de poder y autoridad de presidentes populistas latinoamericanos.
Los escándalos judiciales de corrupción que rodean desde hace meses a Pedro Sánchez en su gobierno, en su partido y en su entorno más personal, como son las investigaciones a su esposa y a su hermano nos han dado una nueva muestra de hasta donde es capaz de llegar su supuesta naturaleza democrática.
Ya intentó engañar a todos, incluido a sus ministros, a sus militantes y a toda la ciudadanía, cuando se tomó cinco días de vergonzante retiro y silencio para simular su dimisión como si fuera un perseguido de forma injusta por prensa y jueces. Este líder que dijo que cooperaría con la justicia para aclarar todo y que luego se ha negado a explicar nada. Este colaborador que tuvo la aberrante decisión de demandar al juez que investigaba a su mujer, usando además la abogacía del estado y la fiscalía como un bufete privado para él. Este amado esposo de esta «esposísima», aclamada por los socialistas como si fuera una luchadora de la libertad. Al nivel ya de cualquier presidente socialista de la Junta de Andalucía y del PSOE al que el Tribunal Constitucional hubiera exculpado de la condena del Tribunal Supremo por el caso de los ERE. Ni Ábalos, ni Koldo, ni el resto de los cada vez más políticos socialistas citados en las investigaciones despiertan tanta perplejidad como otro caso.
No es otro que el de la imputación de su inquietante fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de revelación de secretos, concretamente de datos de un ciudadano. Aunque no lo crean los más fervorosos trompetistas mediáticos del Gobierno, el novio de Isabel Díaz Ayuso es también un ciudadano con los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Esos derechos individuales que el fiscal general del Estado juró defender cuando se convirtió en guardián público de la búsqueda de la justicia y que ahora parece haber sacrificado por otros objetivos.
Un sacrificio que explica cómo pudo ser ratificado en su cargo en noviembre del 23 por el gobierno después de que el Consejo General del Poder Judicial rechazara su idoneidad. No solo el CGPJ venía criticando su conducta. Por dos veces la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le dejaba en evidencia jurídica y política. La primera cuando anulaba el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de la Sala Militar y la segunda en mayo de este mismo año por reincidir con el nombramiento de esta como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Una cuestión que en la que saltaron todas las alarmas de transparencia dado los riesgos de conflicto de intereses por la actividad de la pareja de Delgado, el abogado y exjuez Baltasar Garzón.
Nunca ha tenido tampoco Álvaro Ortiz el apoyo masivo de sus colegas y de instituciones. Rechazado por la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (APIF) que llegó a recurrir el nombramiento de García Ortiz ante el Tribunal Supremo y reprobado por el Senado, con mayoría del Partido Popular, por su sumisión manifiesta al gobierno.
Venía, por tanto, con buen currículo el fiscal. Pero nadie esperaba que evitara la investigación de la UCO en el caso haciendo lo que se hace en toda buena novela o película de cine negro. Borrar las huellas del delito. Borrar todos los mensajes de su móvil que el Supremo había ordenado investigar. Lo hemos visto en muchas series de televisión, pero nunca habrá visto que además un surrealista presidente de gobierno exija disculpas a García Ortiz, no se sabe de quién, porque no había mensajes. Porque había borrado todo. Porque había evitado la investigación de los hechos.
Un presidente que días tras días acusa de prevaricación a los jueces y que aplaude el borrado de pruebas es un presidente que alardea de actitudes y hechos vergonzantes en un Estado de derecho. Terminamos el año con estas frustrantes declaraciones de un presidente democrático. No hay esperanzas para la ética y la moral en estos momentos en nuestra vida política. Pasarán lustros hasta que las recuperemos otra vez. Si es que alguna vez lo conseguimos.
