España en crisis IV: no existe una verdadera agenda liberal
«Un ciudadano de a pie no percibe claramente la colosal burocracia que atenaza la libertad económica y la unidad de mercado en España. Es un grave problema del que se habla poco»
Ilustración: Alejandra Svriz
Un ciudadano de a pie no percibe claramente la colosal burocracia que atenaza la libertad económica y la unidad de mercado en España. Es un grave problema del que se habla poco. Los tres documentos básicos que debe tener, en tres instancias de poder distintas, son fáciles de obtener y actualizar: el DNI en la Policía, el empadronamiento en el municipio y la tarjeta sanitaria ante la comunidad autónoma. Si es empleado, ya sea público o privado, no tiene trato directo con Hacienda, salvo el IVA que abona con cada compra. Si es propietario, le resulta sencillo pagar el IBI. Si se jubila, el trámite para acceder a la pensión en la Seguridad Social suele ser un fastidio, pero una vez resuelto, el pago es retroactivo y vital (mientras las frágiles cuentas resistan el cambio demográfico). Solo si recibe una herencia tiene un primer atisbo de la dimensión del laberinto burocrático. O si quiere remodelar su casa. O si necesita un papel del Registro Civil y reside en una provincia distinta a la de su nacimiento (dejemos de lado el calvario de los migrantes legales).
Pero el verdadero horror lo sufrirá si es empresario, ya sea empleado de sí mismo o dueño de un negocio. La cantidad de trámites, instancias y reglamentos que debe cumplir escapan a la imaginación; son distintos en cada autonomía y están llenos de lagunas discrecionales, incluidas las de los gremios profesionales. Estas trabas no se limitan a la burocracia; también suele toparse con la competencia desleal del Estado en ramas enteras de la economía (energía, telecomunicaciones, medios, ciencia y tecnología…) y con toda una legión de comisionistas e intermediarios que actualizan a diario la literatura picaresca.
La agenda liberal que requiere la sociedad española en términos económicos –no para recortar el gasto sanitario, educativo o en pensiones, sino para garantizarlo sin deuda– no es defendida por casi nadie, aunque tiene una base electoral sólida, como demuestra la experiencia reformista de UPyD y Ciudadanos. Y esto ocurre pese a la ley electoral, que privilegia el bipartidismo, el poder nacionalista y el voto rural.
«Cuestionar los excesos del sistema se ha vuelto patrimonio de la extrema derecha, lo que refuerza su legitimidad ante el resto del sistema político representativo, aunque por debajo una amplia mayoría concuerde»
Aunque el municipio en España tiene una enorme tradición que proviene del repoblamiento durante la Reconquista y su peso en la vida cotidiana de los ciudadanos es considerable, está históricamente infrafinanciado. La despoblación en muchos municipios del interior solo acelera este deterioro. En aquellos municipios que no pierden población, el problema económico se resuelve abusando del único poder real que conserva: la calificación del suelo edificable, lo que da pie a toda clase de horrores urbanos, fraudes y tratos de favor. Es imperdible España fea, de Andrés Rubio, quien califica como el mayor fracaso de la democracia el caos urbano que la recalificación ha infringido al paisaje físico y moral.
En contraste con el raquítico presupuesto municipal, el poder autonómico es tan grande que produce ensoñaciones estatales. Si además está asentado en una autonomía con resabios carlistas, esas ensoñaciones pasan a la categoría de delirio. Pero este fenómeno es general. Un himno, un parlamento, una bandera, unos hitos de representación simbólica, una fecha original y un sistema de resonancia mediática impulsan no solo instancias de descentralización administrativa, sino maquinarias de construcción nacional que se retroalimentan entre sí. Su signo zodiacal es la deslealtad. Y las competencias educativas son su gran fabulador: mythos en lugar del logos.
Con un problema adicional: cuestionar los excesos del sistema se ha vuelto patrimonio de la extrema derecha, lo que refuerza su legitimidad ante el resto del sistema político representativo, aunque por debajo una amplia mayoría concuerde. En esta urgente y necesaria reforma del título octavo constitucional se debe cerrar el reparto competencial y cortar de tajo la subasta a cambio del voto de investidura. La reforma del Estatuto catalán promovida por Pasqual Maragall fue cuestionada por todos –con sobradas razones legales y morales– e imitada por muchos una vez pasado el vendaval mediático.
El Gobierno central carece de poder simbólico representativo –que recae en la Corona– y casi no tiene poderes reales de gestión debido a la voracidad autonómica. Esto quedó de manifiesto durante la pandemia; solo pudo abordarse desde el exceso del estado de excepción y la mentira del comité de expertos. Además, las viejas marcas soberanas (moneda, defensa y fronteras) están cedidas a Europa –por suerte para España–, así que el Gobierno se convierte en una inmensa agencia partidista para colocar empleo muy por encima del valor real del mercado; muchos cargos resultan ser de dudosa utilidad social, salvo para resolver las necesidades de una clase extractiva que nace en el Consejo de Ministros y se extiende por corporaciones y agencias hasta más de mil empresas paraestatales. De nuevo aquí se hace urgente una agenda liberal; pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Sin embargo, que el Gobierno central no pueda hacer bien a los ciudadanos que dice representar no significa que no pueda causar mucho daño, incluido el lugar de España en el mundo. Aquí la arbitrariedad depende de cada presidente y su buena fe democrática; también depende de los sapos que esté dispuesto a tragar para perpetuarse en el poder. Pedro Sánchez ha traspasado estos límites hasta el paroxismo: lo demostró con su inhibición partidista durante la gota fría en Valencia y su gestión criminal posterior; lo demuestra todos los días con una labor que detrás del ruido polarizador de su propaganda e intervencionismo económico esconde un único propósito: amanecer otro día más en La Moncloa.
