La dictadura burocrática

Pasamos mucho tiempo comentando y criticando cómo funciona la política en España, con razón. Hoy, sin embargo, toca analizar otra estructura que, si bien ha sido construida, amparada y utilizada por los políticos, tiene sus peculiaridades intrínsecas: la administración pública.

Sin más rodeos, seré directo: la administración española está sobredimensionada, es lenta, ineficaz y tremendamente burocrática. Los españoles vivimos regidos por un complejo laberinto administrativo compuesto por cuatro niveles nacionales (local, provincial, autonómico, central —esto sin contar con la Unión Europea), donde trabajan casi tres millones de empleados públicos controlando nuestras vidas. Y lo hacen de manera deficiente, a juzgar por la última encuesta de satisfacción sobre los servicios públicos, publicada por el CIS a final del año pasado.

El sector público administrativo en España se compone de una red de miles de organismos autónomos, agencias, consorcios, fondos, fundaciones, empresas públicas etc. de dudosa utilidad para el ciudadano medio. Son más bien agencias de colocación de políticos y sus amigos que verdaderas necesidades para una administración eficaz. ¿O alguien echaría de menos —por poner algún de los muchos ejemplos flagrantes— el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia ( F.C.P.J.), el Instituto para la Transición Justa, o cualquiera de los múltiples Consejos Asesores de cualquier cosa que existen en cada comunidad autónoma?

Por concretar los graves, graves problemas que genera este elefante administrativo, centrémonos en cuatro. El primero y más evidente es que esta vasta estructura hay que pagarla. A pesar de la demagogia política que afirma que los impuestos se destinan a la sanidad y educación, la realidad es que gran parte de nuestros tributos sustentan este aparato administrativo donde los burócratas y los políticos viven plácidamente, mantenidos por todos los ciudadanos. Nuestros bolsillos se vacían para financiar sus organismos, cargos y prebendas, ahogando nuestra capacidad económica tanto individual como empresarial.

El segundo problema surge una vez este entramado burocrático está en marcha. Esos miles de organismos y funcionarios, ya que existen, se ponen a hacer cosas, es decir, se ponen a regir sobre nuestras vidas. La máquina del Estado se pone en acción, generando una sobrerregulación que toca cada aspecto de nuestra vida.

«Tenemos que pedir permiso para absolutamente todo, de rodillas y rogando a papá Estado»

Hemos ido admitiendo que los políticos y burócratas vaya inmiscuyéndose en cada vez más aspectos de nuestras vidas. Tenemos que pedir permiso para absolutamente todo, de rodillas y rogando a Papá Estado, desde licencias para hacer una reforma, para montar un negocio, o ya hasta para recoger leña caída en el campo o tener mascota.

No deja de resultarme curioso como muchos aceptan esta intervención regulatoria con una facilidad sorprendente. Más curioso aun cuando la opinión generalizada sobre los políticos es malísima. Si los políticos y burócratas no nos caen bien ¿por qué extraña razón nos empeñamos en darles más poder sobre nuestras vidas? ¿Por qué nos empeñamos en darles más de nuestro dinero para que se lo gasten a su antojo?

El tercer problema es la inherente ineficiencia de un Estado tan sobredimensionado. No creo ser el único que se arma de paciencia cada vez que tiene que hacer una gestión administrativa. Lidiar con el Estado se convierte en una experiencia absolutamente tediosa: ver si se puede hacer online, esperar para una cita, recopilar documentos de aquí y allí, acudir y nunca tener todo lo que solicitan, tener que ir a varios organismos para coleccionar todo.

O, ¿por qué no hablar de la Administración de Justicia? Según el CIS, es el servicio público con el que los españoles están más descontentos. Y parece algo lógico, dada la lentitud, la falta de medios, de personal cualificado y de recursos en los tribunales. Lo llamativo es que la justicia es una de las responsabilidades innegables y principales del Estado, pues la principal labor de los poderes públicos es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Quizás si el Estado estuviera mejor dimensionado, podría dedicar más tiempo y recursos a esta pata tan fundamental y dejar de hacer otras cosas que no le competen…

«El anónimo elefante administrativo, esa burocracia sin rostro, es inmune a la responsabilidad»

Y, por último, está el problema más grave de todos: la total ausencia de rendición de cuentas. El anónimo elefante administrativo, esa burocracia sin rostro, es inmune a la responsabilidad. Si algo no sale bien, no te dan cita, no te atienden como es debido, lo que sea… pues, en lenguaje popular, ajo y agua. A los burócratas desde luego no se les cae una gota de sudor. A los administradores de justicia, tampoco. Y, por supuesto, los políticos ni están ni se les espera.

Somos rehenes de la Administración. Estamos secuestrados, pues sabe que no tenemos más remedio que acudir a ella por imperativo legal y, por lo tanto, no se ve apurada ni movilizada a mejorar. Así, la ecuación se ha invertido y, en vez de que el Estado nos sirva a los ciudadanos, somos nosotros los que servimos al Estado.

España debe tener un Estado y Administración mucho más pequeños, mucho más ágiles y mucho más controlados, que nos sirvan con rapidez y eficacia. Necesitamos reducir el número de funcionarios y políticos a lo mínimo indispensable, con los órganos y organismos necesarios para garantizar nuestras libertades y derechos y asegurar la convivencia en sociedad.

Necesitamos un Estado que no invada nuestra vida con regulaciones innecesarias y que se limite a los aspectos que realmente necesitamos los ciudadanos para convivir, empezando por una justicia eficiente. Debemos eliminar, de forma radical, todo tipo de obstáculos burocráticos para el ciudadano común, para los trabajadores, para los empresarios y para los emprendedores.

«Deberíamos poder realizar la mayoría de nuestros trámites de manera digital y cómoda»

Necesitamos una Administración que sea capaz de responder rápidamente a nuestras necesidades de una manera ágil. Deberíamos poder realizar la mayoría de nuestros trámites de manera digital y cómoda, con acceso fácil a toda la información necesaria y garantías de que los procesos funcionan en tiempo y forma.

Y, por último, debemos exigir una Administración que rinda cuentas, y que asuma las faltas o culpas que pueda tener por no prestar un servicio adecuado, implementando, entre otras cosas, medidas como el despedido real en la función pública o el silencio administrativo positivo en primera instancia.