The Objective
Guadalupe Sánchez

Pepe y la justicia constitucional

«Lo que está ocurriendo es que el Constitucional, secuestrado por una mayoría progresista al servicio del sanchismo, está suplantando al Tribunal Supremo»

Opinión
Pepe y la justicia constitucional

Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional. | Ilustración de Alejandra Svriz

Pepe: Oye, llevo varios días leyendo en redes sociales sobre el Tribunal Constitucional. Ya sabes que yo no entiendo mucho de temas legales, pero me gustaría comprender la polémica. ¿De verdad está en peligro nuestra democracia como afirmáis algunos?

Yo: Pues lamentablemente sí, Pepe. A ver cómo te lo explico… El Tribunal Constitucional (TC) no forma parte del Poder Judicial como los tribunales ordinarios, sino que es un órgano político: al contrario que los jueces, que acceden fundamentalmente a la carrera judicial aprobando una oposición bastante difícil, el nombramiento de los magistrados del TC responde a intereses políticos y la mitad de ellos ni tan siquiera pertenecen a la judicatura. A pesar de ello, es el órgano que tiene encomendado velar para que se respete y cumpla la Constitución, por lo que podríamos decir que es la “clave de bóveda” del sistema: si no es capaz de soportar las presiones autoritarias del Poder Ejecutivo, la construcción democrática se desplomará.

Pepe: Eso suena importante, pero ¿qué está pasando ahora?

Yo: Lo que está ocurriendo es que el Constitucional, secuestrado por una mayoría progresista al servicio del sanchismo, está suplantando al Tribunal Supremo. No sé si sabes que el Supremo ocupa la cúspide del Poder Judicial español y actúa como tribunal superior, a través del recurso de casación, para todas las materias de legalidad ordinaria, esto es, civil, penal, administrativo y laboral. El Constitucional, por su parte, a través del recurso de amparo, se limita a resolver cuestiones relacionadas con las garantías y derechos constitucionales, si bien sólo cuando se trata de supuestos en los que concurre una especial trascendencia constitucional. Lo que está pasando ahora es que el TC está entrando a decidir sobre casos de estricta legalidad ordinaria en los que no existe esa especial trascendencia constitucional y que, por lo tanto, no son de su competencia.

Pepe: A ver si lo entiendo, ¿el TC se mete en casos que no le tocan?

“Están convirtiendo el Constitucional en un tribunal de casación VIP para las élites sanchistas”

Yo: Eso es. Podríamos decir que están convirtiendo el Constitucional en un tribunal de casación VIP para las élites sanchistas, cuya misión es corregir o revocar aquellas sentencias del Supremo contrarias a sus intereses. Mira, es posible que lo entiendas mejor si te lo explico con un ejemplo reciente: el caso de Dolores Delgado. El TC acaba de admitir a trámite un recurso de amparo sobre una cuestión referida esencialmente a categorías profesionales de funcionarios. Se trata de un tema que, a priori, estaría fuera de su competencia porque no afecta a derechos fundamentales ni tienen trascendencia constitucional. Tanto es así que se trata de un asunto de difícil acceso a la casación administrativa. Pero, a pesar de ello, el TC ha admitido el recurso contra una decisión del Supremo que anulaba su nombramiento para un puesto más importante del que ocupa ahora en la fiscalía porque, como sabes, Dolores Delgado fue ministra de Justicia con el primer Gobierno de Pedro Sánchez, Fiscal General del Estado durante parte de su segundo mandato y es amiga íntima del actual fiscal en el cargo, que le debe su nombramiento.

Pepe: Me parece increíble. Pero, ¿eso es legal?

Yo: No, Pepe. Es una extralimitación clara de sus funciones, lo que los juristas denominamos un exceso en el ejercicio de su jurisdicción. Encima, esto se suma a la práctica sistemática de inadmitir la mayoría de los recursos de amparo que plantean los ciudadanos anónimos. Mira estas cifras: en 2024, el TC registró 9.796 recursos de amparo. ¿Sabes cuántos admitió?

Pepe: Ni idea.

“La inmensa mayoría de los recursos de amparo que plantean los ciudadanos fueron inadmitidos por el TC”

YoApenas 153. Es decir, la inmensa mayoría de los recursos fueron inadmitidos por el TC mediante una resolución de apenas dos líneas en la que ni siquiera se molestan en explicar las razones por las que no aprecian la especial trascendencia constitucional del recurso. Es una práctica injusta que no hace más que profundizar en la desigualdad ante la ley, porque expulsa a los ciudadanos comunes de la justicia constitucional. Salvo contadas excepciones, solo las élites privilegiadas logran superar el filtro.

Pepe: ¿Y a los magistrados del Constitucional no se les puede exigir responsabilidades por estos excesos?

Yo: Es difícil, pero no imposible. Precisamente hace poco que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recordado que el Tribunal Constitucional no tiene “carta blanca” para desbordar la legalidad y extralimitarse de sus funciones, aunque apreciar una actuación prevaricadora no sea algo sencillo.

Pepe¿Por qué no es sencillo?

“Para que haya prevaricación, la injusticia debe ser evidente y no justificable de ninguna manera”

Yo: Porque para que haya prevaricación, la injusticia debe ser evidente y no justificable de ninguna manera. No basta con que la decisión sea ilegal o contradictoria con el Derecho. Debe ser una resolución que no pueda sostenerse ni siquiera con una interpretación mínimamente razonable de la ley. Es decir, tiene que ser una decisión arbitraria y dictada con la voluntad de apartarse de la Constitución.

Pepe: Entonces, ¿podrían procesar a los magistrados si se prueba eso?

Yo: Correcto. En un caso de injusticia objetiva en el que se lesiona el derecho colectivo al buen funcionamiento de la justicia, los magistrados del TC podrían enfrentarse a responsabilidades penales. Pero quien los denuncie tendrá que aportar indicios sólidos y bien fundamentados.

Pepe: Ya veo… Esto es mucho más grave de lo que pensaba.

Yo: Lo es, Pepe. Que un órgano eminentemente político esté abusando de sus funciones constitucionales para usurparle competencias a la justicia y evitar la fiscalización de la actuación del Gobierno es algo de la máxima gravedad. Lamentablemente, no todos los ciudadanos muestran interés por estas cuestiones como lo has hecho tú, Pepe. No todos consideran importante mantenerse informado y exigir responsabilidades. Y como yo siempre digo, la democracia solo se mantiene fuerte con una sociedad civil vigilante de que todos, en especial los poderes públicos, respeten las reglas del juego y ajusten su actuación al ordenamiento jurídico. Si consiguen someter o relegar a un segundo plano a la justicia, seremos los ciudadanos los que quedaremos desprotegidos.

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