Jueces por el dedo
«Garantizar la objetividad y desechar toda discrecionalidad en la incorporación de jueces y fiscales es una condición para poder hablar de Estado de derecho»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley al que define como una reforma que amplía y moderniza las carreras judicial y fiscal. Trata de una pluralidad de materias sobre la judicatura, pero especialmente se ocupa de los modos y formas de acceso. El contenido ha puesto en pie de guerra a las distintas asociaciones de jueces y ha sembrado la alarma en la sociedad, ya que la ley planteada aparece en un momento crítico del sanchismo con los tribunales de justicia.
La alianza Frankenstein ha tenido siempre una relación muy confusa con la justicia. Es comprensible, teniendo en cuenta que desde el principio una de sus patas fueron los golpistas catalanes, quienes, para justificar sus desmanes, se han autodenominado siempre como presos políticos y han denunciado permanentemente que los togados practican la guerra sucia o lawfare. Entre las pretensiones de los independentistas catalanes ha estado invariablemente el control político de la justicia. Es posible que algo tuviese que ver el 3%. Lo incorporaron en el último estatuto de autonomía, pero su deseo se vio frustrado por el fallo del Tribunal Constitucional. Insistieron en ello al redactar en 2017 lo que llamaron «la nueva legalidad», que iba a regir tras la declaración de independencia.
A lo anterior hay que añadir la postura de Podemos que, desde su constitución y quizás por su prisa por llegar al gobierno, han coqueteado con todos los grupos separatistas y regionalistas, incluyendo a los golpistas catalanes. No es extraño por tanto que se situasen con frecuencia a favor de sus reivindicaciones y asumiesen su mismo lenguaje en contra de los jueces. Posiblemente en su postura también hayan tenido que ver ciertos residuos anárquicos derivados de su origen emparentado al movimiento 15-M y los resabios que bastantes de sus dirigentes han podido importar de los contactos con fuerzas populistas de América Latina.
De hecho, el compromiso de modificar el acceso a la carrera judicial se contenía ya en el acuerdo PSOE-Podemos firmado en noviembre de 2019, con el propósito de formar el primer gobierno de coalición. Se afirma que pretenden la modernización adaptándose a los sistemas europeos. Es un argumento idéntico al empleado ahora en el proyecto de ley que se acaba de aprobar. La marcada heterogeneidad que existe entre todos los países permite un gran margen para escoger entre ellos lo que se desea, justificándolo en la realidad exterior, pero sin considerar los muchos elementos en los que el país seleccionado se diferencia del nuestro.
En el documento se señalaba ya el compromiso de «crear nuevos mecanismos de acceso a la carrera judicial que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación económica de los aspirantes», que es la misma motivación que el Gobierno emplea para justificar el proyecto de ley aprobado estos días. Propósito que tanto entonces como ahora debe despertar todas las alarmas, porque no hay procedimiento más objetivo y menos discrecional que el sistema de oposiciones para conseguir que los puestos se cubran de acuerdo al mérito y la capacidad, no solo en el caso de los jueces, sino de todos los funcionarios públicos.
«Las oposiciones han sido uno de los mecanismos más eficaces de movilidad social»
Si de lo que se trata es de «garantizar la igualdad de oportunidades en cuanto al sexo y el nivel económico» –que es la excusa que pone el Gobierno–, pocos sistemas lo cumplen mejor que el de oposiciones. Ha sido uno de los mecanismos más eficaces de movilidad social, permitiendo el acceso a puestos socialmente elevados a personas de extracción humilde. Y en cuanto al género, actualmente ingresan más mujeres que hombres en la función pública. En la Administración no ha sido necesario establecer ninguna regla de paridad para que el número de puestos de relevancia ocupados por mujeres sea mayor o al menos igual que los cubiertos por hombres.
Con anterioridad, los gobiernos socialistas habían mostrado ya varias veces su opinión crítica acerca de las oposiciones. Jordi Sevilla, por ejemplo, siendo ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Zapatero, propuso sustituir el sistema de oposiciones por otros mecanismos, según él, más modernos, pero sin duda mucho más discrecionales, en los que las garantías de neutralidad y objetividad son menores. Menos mal que esta ocurrencia, como otras muchas ideas geniales del ministro, quedó en mero proyecto.
A su vez Iceta, cuando ocupaba recientemente el Ministerio de Política Territorial y Función Pública anunció en varias ocasiones la voluntad del Gobierno de cambiar el sistema de oposiciones, por otros procedimientos más arbitrarios, que permitieran al órgano seleccionador separarse de los criterios de mérito y capacidad y atender a otros más partidistas o doctrinarios. La permanencia de Iceta en el Ministerio fue breve y tampoco le dio tiempo a llevar a cabo su objetivo.
Si es importante defender el sistema de oposiciones en el acceso general a la función pública, se hace imprescindible cuando de lo que se trata es de la carrera judicial. Garantizar la objetividad y desechar toda posibilidad de discrecionalidad en la incorporación de jueces y fiscales constituye una condición para poder hablar de Estado de derecho. Pero precisamente por eso la tentación de intervenir por parte del poder político es más fuerte. Se trata de un control desde el origen, asegurándose la ideología y las preferencias políticas de los aspirantes. Para ese objetivo se precisa establecer sistemas de selección con un fuerte componente de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad, permitiendo mayores grados de libertad a los seleccionadores.
«Ningún gobierno como este ha pretendido usar las instituciones y la Administración para sus propios intereses»
El PSOE en el pasado –año 1985– estableció un sistema de acceso a la judicatura paralelo al sistema de oposiciones, tercer turno (uno de cada tres), cuarto turno (uno de cada cuatro) y quinto turno (uno de cada cinco) en el que se reservaban las plazas para juristas de reconocido prestigio y una serie de años de antigüedad en la profesión.
Requisitos todos ellos muy vagos y flexibles, susceptibles de ser juzgados de manera distinta y en los que las decisiones tomadas son difíciles de rebatir o impugnar. La medida se intentó justificar por la insuficiencia en aquel momento del número de jueces y la incapacidad de las oposiciones para solventar esta carencia. Es posible que detrás de esta pretensión se encontrase también, aun cuando no se confesase, la desconfianza que en aquel momento inspiraba al Gobierno la Administración de justicia, en buena medida proveniente del franquismo.
Hoy, desde luego, no se puede alegar ninguno de esos motivos. El franquismo queda muy lejos, y ha pasado suficiente tiempo para que se haya podido cubrir por oposición el número necesario de jueces. En este momento no hay ninguna otra razón que una tendencia autocrática que pretende prescindir de la división de poderes y que considera a los tribunales obstáculo para sus fines. Es la concepción que se desprende de la estructura de Estado diseñada por las leyes anticonstitucionales aprobadas por los sediciosos en Cataluña, concepción que ha terminado por ser asumida por Podemos y por el PSOE de Pedro Sánchez.
Fui de aquellos que, en los primeros años de la Transición, consciente de los defectos que a pesar de todo tenía nuestra Administración, temía que los cuerpos superiores y especiales, los asignados a una determinada función, terminasen por patrimonializarla. No ocurrió nada de eso. Los funcionarios actuaron con toda profesionalidad y disciplina. El verdadero peligro, por el contrario, surgió en el intento de los políticos de colonizar la Administración. Aunque ha sido un defecto generalizado, hay que reconocer que ningún gobierno como este ha pretendido usar las instituciones y la Administración para sus propios intereses partidistas.
«Pretende establecer el control sobre los jueces desde sus orígenes, seleccionando a los aspirantes por motivos ideológicos»
Los ataques al poder judicial parecen inscribirse en una operación mucho más amplia iniciada por los sediciosos catalanes, aceptada con gusto por el nacionalismo vasco y pactada en los momentos actuales con el Gobierno de la nación, tendente a lo que llaman desjudicialización (un barbarismo mal sonante) de la política, que no es algo distinto a crear un espacio de impunidad en el que los hombres públicos resultan intocables y se sitúan al margen de la ley.
Es ahora, sin embargo, cuando Sánchez, al encontrarse rodeado por múltiples procedimientos judiciales, intensifica al máximo su ofensiva contra los jueces. En este contexto se inscribe el proyecto de ley que comentamos. Pretende establecer el control sobre los jueces desde sus orígenes, seleccionando en función de motivos ideológicos la captación de los aspirantes a ingresar en la carrera judicial. Se escoge el método de ampliar el número asignado al sistema del cuarto turno en detrimento del estipulado para el de oposiciones, cuando en realidad a estas alturas de la película lo que se debía imponer es el proceso contrario. No hay nada más vago que eso de «juristas de reconocido prestigio».
Los argumentos empleados para justificar el cambio no pueden ser más pueriles y falsos. Se afirma que el sistema de oposiciones dificulta la movilidad social, y que el colectivo de jueces es endogámico. Nada más alejado de la verdad. En la mayoría del sector privado ascender en la escala social presenta mucha más dificultad y está sometido a la recomendación y a los conocimientos sociales. Se encuentra casi vedado para el que no tenga amistades e influencia. Y la endogamia suele ser mucho más frecuente en otros ámbitos y profesiones. Los hijos de los banqueros suelen ser banqueros y empresarios los de los empresarios. Y no digamos en el mundo político.
Solo hay que observar a los partidos. Es frecuente encontrar en cargos importantes de las formaciones políticas a determinadas personas cuyo único mérito es ser hijo de alguien que en el pasado tuvo un papel muy relevante en el partido.
La verdadera motivación de la reforma que se piensa realizar está en el deseo de controlar al poder judicial. Bien es verdad que puede haber alguna que otra razón secundaria. Los políticos, que en su mayoría no son funcionarios, a menudo mantienen frente a la función pública un sentimiento de celos o de envidia, que se traduce además en desconfianza y prevención como ante todo lo que se desconoce. La suspicacia se da principalmente en aquellos cuya profesión ha sido únicamente la política y que desde muy jóvenes se han dedicado en exclusiva a la militancia. Desprecian, y es lógico, todo lo que sea mérito y capacidad.
