Justicia 'ordinaria'
«Huelga absolutamente que a un denunciante, un testigo, un investigado, un fiscal o un letrado se le conmine levantándole la voz, con gesticulación autoritaria»
Periodistas ante los Juzgados de Instrucción de Madrid. | Calos Luján (Europa Press)
Discúlpeseme el juego con la polisemia, pues no me referiré a la «justicia ordinaria» como fuero común que conoce de los asuntos no atribuidos a jurisdicciones especiales, sino a la basteza, ausencia de matices, al grueso calibre de los códigos de comunicación, y también, por qué no decirlo, a la ordinariez y vulgaridad con la que, como se ha podido constatar últimamente, se conducen no tan infrecuentemente como pudiera parecer las salas de justicia en el ejercicio verbal de sus funciones.
Así las cosas, parece que con ocasión de las tomas de declaración en fase instructora a denunciantes, investigados y testigos en los mediáticos casos de, entre otros, Elisa Mouliaá/Iñigo Errejón, Jenni Hermoso/Luis Rubiales y David Sánchez Pérez-Castejón, una sorprendida opinión pública habría visto suplantadas en su imaginario colectivo sobre la justicia las esperadas sofisticación dialéctica y fina esgrima argumentativa por un léxico y unas maneras propias del más rudo mocerío al cuidado de los establos normandos.
Curiosamente no han faltado opinadores que, cayendo en la tantas veces recorrida confusión entre auctoritas y potestas, hayan alabado las desubicadas –por intemperadas, despreciativas e innecesarias- maneras exhibidas por algún instructor, para -han dicho- que «el juicio no se le fuera de las manos». ¿Pero qué juicio, si estamos en fase de instrucción? Pero es que ni en ese caso; ni que el juez fuera el árbitro de un partido de segunda división que tuviera que sacar tempranas y desproporcionadas tarjetas amarillas para evitar más patadas de las que el balompié demanda para que haya espectáculo.
Para declarar «impertinente» una pregunta o una respuesta (que es el término ya de por sí suficientemente contundente que utiliza la ley) basta con advertirlo para que no se formule. Huelga absolutamente que a un denunciante, un testigo, un investigado, un fiscal o un letrado se le conmine levantándole destempladamente la voz, con gesticulación autoritaria o desdeñosa y la advertencia del agotamiento de la propia paciencia. Una invocación de la magra paciencia hecha, además, por quien está allí no por su libre albedrío o generosidad, sino cumpliendo con su obligación legal, que es el desempeño de la función jurisdiccional; como obligados están allí también por ley todos los que comparecen so pena de «pararles el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho», sin que a ninguno se le ocurra intervenir rezongando que se le acaba la paciencia.
Ya sabemos que el juez tiene la potestad de dirigir los interrogatorios, la sociedad le otorga legalmente esa capacidad procesal, así que para ejercerla no necesita más; si acaso auctoritas, entendida como conjunto de cualidades morales o intelectuales que le destacarían sobre del resto de los intervinientes, cosa que, caso de concurrir en el juzgador, hace eventualmente innecesaria la potestas. Pero la potestas no es lo mismo que la prepotencia, que es lo que se exhibe, revelando precisamente la falta de auctoritas.
«Es la imprevisibilidad y el azar lo que innumerables veces -muchas más de las esperables- determina el destino de la causa»
Me parece a mí que lo que ocurre es que España se creía que los juzgados eran ese televisado baile versallesco que excepcionalmente representaron (para nada, a fin de cuentas) Marchena y su Sala II del Tribunal Supremo con los golpistas enchulados del procés y sus engolados letrados. Pero no, las maneras exhibidas estos días en los casos citados son moneda bastante común, no sólo con las mujeres denunciantes (o con un investigado) por agresión sexual, sino con cualquiera que tiene la desgracia de no tener más remedio que acudir allí (sea profesional o justiciable) a pedir cualquier cosa a la que tenga derecho y de la que se le haya privado injustamente.
Se perdonarían los modales de mozo de cuadra si quien estuviera allí vistiendo la toga con puñetas, como una suerte de Dr. House, le maltratara verbal y emocionalmente a uno, pero, a fin de cuentas, le curara postreramente con su deslumbrante saber científico. Pero, qué va: es la imprevisibilidad y el azar lo que allí innumerables veces -muchas más de las esperables- determina el destino de la causa. Por eso, muchos (buenos) profesionales, al agraviado que tiene la razón le recomiendan en no pocas coyunturas ceder ante la injusticia y pactar con el aprovechado, mientras que al sinvergüenza causante del agravio le recomiendan acudir/esperar a que venga la justicia a tirar su moneda al aire.
Por supuesto que la carrera judicial cuenta con meritorios y esforzados profesionales que soportan una sobrecarga de trabajo en muchísimas ocasiones más allá de lo humanamente exigible, lo que puede explicar, pero no justifica, estas disfunciones. Pero como ya dejara escrito Quevedo en el Siglo de Oro «muchos hay buenos escribanos [en la Justicia] y alguaciles muchos, pero de sí el oficio es con los buenos como la mar con los muertos, que no los consiente y dentro de tres días los echa a la orilla», de ahí las no pocas excedencias que recorren la carrera judicial como trampolín hacia las firmas de abogados de cierto tronío.
Y es que, si al juzgador cansado, sobrecargado de trabajo y emocionalmente tensionado por tener que investigar verdaderos crímenes contra la vida, la integridad y la hacienda de las personas, le irrita tener que instruir también una denuncia por hechos de hace cuatro años que más que agresión sexual parecen un picante y recreado relato de sexo adolescente propio de aquella revista que se llamó SuperPop, mejor hubiera sido que hubiera cumplido con su deber y hubiera inadmitido a trámite la denuncia por tratarse de hechos atípicos, no contemplados en el Código Penal. Pero si la admite cediendo a la presión social que existe en ese negociado, que cumpla con su obligación, respete a la denunciante y al denunciado y los escuche, sin comentarios, interrupciones, acotaciones, apostillas, ni preguntas humillantes ni frecuentemente irrelevantes desde el punto de vista jurídico.
«El legislador también contribuye al deterioro de la función jurisdiccional y a que su percepción ciudadana se resienta»
El legislador también contribuye al deterioro de la función jurisdiccional y a que su percepción ciudadana se resienta. ¿Lentitud y muchos recursos de apelación contra las sentencias del juez de instancia? Se suprimen esos recursos para cuantías inferiores a 3.000 euros y problema resuelto; que puede parecer poca cuantía para poner a trabajar a una Audiencia Provincial, pero esos son los asuntos que mayoritariamente afectan al españolito medio que acude a la justicia, porque tiene un día un percance con el coche, otro una controversia por una humedad o una reforma en su casa, etc.
¿Muchas demandas? Pues la ley orgánica 1/2025 de medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia lo soluciona: no podrás acudir al juzgado sin intentar antes una -absurda, encarecedora e infructuosa- conciliación previa que alargará el que tu asunto lo vea algún día un juez. Es como acabar con las listas de espera de los hospitales prohibiendo que los enfermos accedan a ellos, o eliminando las cirugías. ¿Qué médicos tendríamos?
Y por terminar de examinar las patas de esta mesa renga, entre el gremio letrado –los «operadores jurídicos» que dicen ahora- tampoco encuentra uno la proba arcadia feliz. Hay gente que, en una exacerbación de la perversión, o porque hay que vivir de algo en esta vida, oculta todo esto al agraviado, le pide dinero cuando éste le cuenta su entuerto, lo mete en un juzgado, y cuando llega el sorteo de la lotería, si es adverso el resultado, le explica lo de la imprevisibilidad y el azar que rigen frecuentemente el designio de los litigios.
Corolario optimista: cuando vean a uno en la televisión diciendo que confía plenamente en la justicia, no lo duden: las más de las veces o es culpable o no está siendo sincero o es tonto.
