Derecho penal genital
«Lamento que nuestra sociedad haya convertido la violencia contra la mujer en un ariete para la caza de brujas, la revancha y el ajusticiamiento social»
Ilustración de Alejandra Svriz.
Con la Ley 1/2004, de Violencia de Género, España consagró la desigualdad ante la ley por razón de sexo, institucionalizando la asimetría penal genital: mismo delito, pero distinto castigo en función de lo que el autor y la víctima tengan entre las piernas.
El día en que la ley entró en vigor, las máximas en las que se sustenta el Estado democrático y de Derecho cedieron ante la pulsión de poner el ius puniendi al servicio de una ideología totalitaria, resucitando un derecho penal de autor que, esta vez, señala como enemigo al varón.
Este empeño de sexar delitos no ha servido para prevenirlos ni para mejorar en lo sustancial la vida de las mujeres maltratadas, pero sí la de aquellos que han construido un entramado político, académico y orgánico a su costa: mientras las verdaderas víctimas tienen que conformarse con la ideología, los ideólogos acaparan el presupuesto y buena parte de los medios materiales.
A pesar de ello, el legislador bipartidista sigue escalando peldaños en su agenda de ingeniería social y no parará hasta que culmine la conversión del Código Penal en un arma que reemplace exitosamente la fracasada lucha de clases por la galopante guerra de sexos. A los ya vigentes delitos con perspectiva de género, la subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha propuesto tipificar la violencia económica, pero eso sí: sólo si el acusado pertenece al sexo equivocado. La asimetría genital avanza sin freno, con el voto favorable no sólo de la izquierda, sino también del Partido Popular, que no es que haya perdido el oremus con este tema, sino que jamás lo tuvo.
Según este nuevo delirio, se considera violencia económica la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios. El hombre que incurra en estos compartimientos estará ejerciendo violencia de género. No así cuando idénticos hechos los cometa una mujer. Porque ya sabemos que el varón nace con el estigma del patriarcado mientras que la hembra con el de la opresión. No importa que la conducta sea idéntica, porque la respuesta de la ley ya no obedece a lo que hacemos, sino a lo que somos.
«Estamos ante otra infamia jurídica que parte de la premisa aberrante de que las mujeres nunca hacen daño, sólo lo sufren; y de que los hombres nunca sufren violencia, solo la ejercen»
Por si lo anterior no fuera suficiente, los perpetradores -y perpetradoras- del informe han decidido rizar el rizo proponiendo una nueva categoría penal: el sabotaje laboral con perspectiva de género. Según el texto, el sabotaje laboral ocurre cuando el agresor realiza acciones que impiden a la víctima obtener o mantener un empleo, y se proponen medidas para penalizarlo. Por supuesto, no se detallan cuáles son esas ‘acciones’, lo que vaticina que el delito en cuestión se acabará convirtiendo en un auténtico cajón de sastre.
Estamos ante otra infamia jurídica -y no sé cuántas llevamos ya- que parte de la premisa aberrante de que las mujeres nunca hacen daño, sólo lo sufren; y de que los hombres nunca sufren violencia, solo la ejercen. Es, qué duda cabe, el penúltimo episodio de criminalización colectiva del sexo masculino y de victimización colectiva del sexo femenino. Porque si de algo estoy segura es de que la cosa no acabará aquí: habrá más.
El derecho penal ha dejado de ser el último recurso del Estado para castigar conductas objetivamente lesivas y se ha convertido en un instrumento de adoctrinamiento ideológico. El feminismo punitivista ha criminalizado a la mitad de la población y normalizado la asimetría penal genital: los delitos que los hombres cometen sobre las mujeres son peores que los delitos cometidos por ellas sobre ellos. Poco les importa si estas reformas destrozan la ya maltrecha igualdad ante la ley, porque de algo tienen que vivir.
Algunos detractores de estas infamias legislativas encuentran consuelo en que muchos de sus promotores acaban probando su propia medicina y padecen la muerte civil tras ser ajusticiados por el «Metoo» que ellos mismos alentaron. Yo, al contrario, lamento que nuestra sociedad haya convertido la violencia contra la mujer en un ariete para la caza de brujas, la revancha y el ajusticiamiento social. Porque el tiempo y recursos que invertimos en los ‘Errejones’, los Monederos y las ‘Jennis Hermoso’ que pueblan el panorama mediático y judicial español, es equivalente al que no dedicamos a quienes verdaderamente padecen el delito, cuyo sufrimiento se relega a un escueto titular en la sección de sucesos.
