Trump y los límites del poder
«Quizás la actitud de Trump pueda abrir los ojos a quienes no ven que en España también el Ejecutivo se empeña en desprestigiar al Poder Judicial»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La tesis de Anne Applebaum en Autocracia SA es que las autocracias actuales (Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Venezuela, etc…) colaboran como una red que persigue el mantenimiento del poder, el enriquecimiento personal y el debilitamiento de las democracias liberales.
El libro se ha quedado viejo en las últimas semanas. Tras las recientes actuaciones de Trump, el problema no es lo que puede hacer el Occidente democrático frente a Autocracia SA, sino si la primera democracia ha cambiado de bando. EEUU ha pasado en unos días de ser el máximo aliado en la defensa de Ucrania a asumir la más descabellada propaganda rusa, al presentar a Ucrania como agresor y a Zelenski como dictador. Las ofertas de Putin para acuerdos sobre materias primas y ventajas para las empresas de USA encajan con la idea de colaboración directa entre «hombres fuertes» que no respetan más reglas que las del interés y el poder.
Podemos pensar que el cambio no es más que una manifestación del llamado realismo en las relaciones internacionales. Los realistas –y Trump lo es– consideran que en el ámbito internacional no hay reglas, que los únicos actores son los Estados, y que el único objetivo es el interés nacional a través de equilibrios de poder y al margen de alianzas o tratados. Visto así, el radical cambio de rumbo, por negativo que sea para Europa, no implicaría que Trump sea un autócrata ni un nuevo miembro de la multinacional autocrática.
El problema es que hay otros motivos de alarma. Hace unos días, Trump puso el siguiente texto en X: «Aquel que salva a su país no infringe ninguna ley». Trump niega así el imperio de la Ley, pues coloca al líder por encima de ella, y hace eco a la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Pero tan importante como el contenido de la frase es su origen: se atribuye a Napoleón (fue recogida por Balzac ya en 1833, aunque sea probablemente apócrifa).
Podemos intentar tranquilizarnos pensando que Trump ya hizo en su primer mandato declaraciones desaforadas y no acabó con la democracia americana. Sin embargo, ahora Trump también está actuando, y de forma radical. En sus primeras semanas ha firmado más de 70 executive orders aboliendo la nacionalidad por nacimiento recogida en la Constitución, deteniendo pagos autorizados por el Congreso en prácticamente todos los programas federales, reclasificando miles de empleos de funcionarios como puestos de confianza, revocando tratados internacionales, interrumpiendo toda la ayuda internacional, etc. Estas órdenes ejecutivas no son más que instrucciones a los funcionarios, con un rango inferior al reglamentario, por lo que en su mayoría se podrían considerar directamente nulas por ser contrarias a normas prevalentes.
«Vance y Musk han criticado la capacidad de los jueces para dictar resoluciones y medidas cautelares contra actuaciones del Gobierno»
Sin embargo, se están aplicando en la práctica, por varios motivos. Primero, porque los funcionarios saben que van a ser inmediatamente despedidos si no las aplican (como ya lo han sido miles de ellos por esa u otras razones). Segundo, porque algunos sostienen que el artículo 2 de la Constitución otorga al Presidente una autoridad directa e incondicionada sobre toda la administración. Trump mismo ha declarado que el artículo 2 le concede el derecho a «hacer lo que quiera como presidente».
Lo más grave es que las más de 70 órdenes judiciales dictadas para paralizar distintas órdenes presidenciales no parece que estén siendo acatadas de hecho, como refiere este artículo publicado en el más prestigioso blog de derecho constitucional alemán. Si bien Trump ha manifestado que acatará las órdenes judiciales, JD Vance y Elon Musk han criticado no solo decisiones judiciales concretas, sino la misma capacidad de los jueces para dictar resoluciones y medidas cautelares contra actuaciones del Gobierno. Si todo esto se combina con un Tribunal Supremo con tres de los nueve jueces nombrados por Trump y una mayoría que le es favorable, las inquietudes sobre el mantenimiento de un verdadero Estado de derecho parecen más que justificadas.
Está claro que Trump tiene la concepción del poder de una democracia popular, en la que el elegido en las urnas no está sometido a límites. Pero sabemos también que sin sometimiento a la ley del poder, el sistema democrático deriva en autocracia, pues el poder tampoco respetará las urnas (lo advirtió el propio Trump y a punto estuvo de hacerlo). Todavía no estamos ahí: EEUU sigue siendo la democracia más antigua del mundo, donde se originó la teoría de los checks and balances o controles al poder. Pero el futuro depende de que esos controles puedan resistir la presión extrema que están sufriendo.
Poco podemos hacer desde aquí para salvar la democracia de EEUU. Quizás la actitud de Trump pueda abrir los ojos a quienes no ven que en España –salvando las distancias– también el Ejecutivo se empeña en invadir la facultad de legislar, controlar del Tribunal Constitucional y la fiscalía, y desprestigiar al poder judicial, con la misma finalidad de actuar sin límites.
