Jésica y el «puto amo»
«Los palmeros mediáticos del presidente desvían la atención sobre lo accesorio: Ábalos, Koldo y Aldama. Pero están salpicados Luis Planas y Óscar Puente»
Jésica a su llegada este jueves al Tribunal Supremo. | EFE
Jamás, hasta la declaración de Jésica R. en el Tribunal Supremo, habíamos escuchado hablar a una coima, una dádiva pagada por soborno. Una declaración ejemplar que retrata que es «la especie» de un pago. Un relato que explica cómo entienden el poder José Luis Ábalos y su jefe, Pedro Sánchez. El one. El «puto amo» como lo definió Óscar Puente.
Como consecuencia de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno, los españoles asistimos, atónitos, a declaraciones judiciales que en cualquier estado democrático habrían supuesto toda una secuencia de ceses y dimisiones junto con una convocatoria de elecciones generales. Pero el Estado de derecho español está degenerando en un Estado débil y fracasado gracias a la forma de gobernar y deshacer de Pedro Sánchez. La situación de degeneración se refleja en el Tribunal Supremo donde una mujer, Carmen Pano, se ha autoinculpado de varios delitos reconociendo que llevó 90.000 euros en metálico en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz. Ábalos o Koldo fueron el medio. El jefe de Ferraz, donde se financia al partido de forma ilegal mediante sobornos, era y es Pedro Sánchez. Otra escena de destrucción del Estado se visualizó con la bochornosa declaración de David Sánchez, hermano del presidente, reconociendo no saber dónde estaba su despacho o con quién trabajaba. Estaba donde estaba, contratado para un importante empleo público, porque sencillamente era y es el hermano de Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Y se le abonaba un importante sueldo con el dinero generado por los impuestos que pagamos todos los españoles.
La semana pasada en la declaración de Jésica R., a diferencia de la del hermano del presidente, quedó muy claro que ella sí hizo el trabajo para el que fue contratada. Sabía dónde estaba su oficina y conocía perfectamente a sus colaboradores. El presidente Sánchez consintió que dos empresas públicas, dependientes de dos ministerios diferentes, contrataran a una empleada cuyo trabajo era satisfacer sexualmente a Ábalos, quien probablemente era el ministro más importante del Gobierno. A su número dos en el partido. El Gobierno de Sánchez, a través de sus empresas públicas, pagaba el sueldo de esta empleada. Ella ha reconocido que nunca le llamaron de Ineco ni de Tragsatec. ¿Por qué? A ella la llamaba el ministro. Se reunía y viajaba con él. ¿Quién iba a osar distraer a la distracción del ministro Ábalos? Ese era su trabajo. Ella es toda una profesional. Se buscó el despacho —el piso franco— cerca de Ferraz y su universidad. Siempre a disposición. El sueldo base era público. Todo lo demás corría por cargo de los corruptores. Piso, gastos, móvil, dietas… lo que hiciera falta para que en el Gobierno de Pedro Sánchez, a los financiadores les dieran licencias de petróleo, les retrasaran las deudas con hacienda, o les compraran mascarillas truchas en ministerios, gobiernos autonómicos o empresas públicas.
Es una repugnante realidad. Los palmeros mediáticos del presidente desvían la atención sobre lo accesorio: Ábalos, Koldo y Aldama. Pero están salpicados Luis Planas y Óscar Puente, que auditó la contratación y no encontró nada anormal. ¿Cuántos David Sánchez o Jésicas tiene incorporado este Gobierno en la Administración? Lo fundamental es que de toda esta corrupción, sea en la calle Ferraz o en el Gobierno de La Moncloa, el último responsable es Pedro Sánchez. El «puto amo» es el responsable del nombramiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, presunto autor de varios delitos además de haber obstruido la acción de la justicia por la destrucción de pruebas. Otro caso más del gravísimo deterioro del Estado.
«Sánchez siente que el Estado es un bien privativo de él y su familia. Coloca a los amigos al frente de la empresas públicas y está utilizando el dinero público para comprar participaciones en empresas privadas y apropiarse de los órganos de gobierno y control»
La acción de gobierno de Pedro Sánchez es un cúmulo de decisiones y actuaciones que están destrozando el Estado. Un ataque premeditado y frontal contra todas las instituciones y todos los valores democráticos por el innoble objetivo de permanecer en el poder a base de comprar votos y pagar lo que sea. Pedro Sánchez ha violado el principio de igualdad para satisfacer las exigencias de los partidos golpistas e independentistas de Cataluña. Ha eliminado el delito de sedición, malversación, referéndum ilegal y se ha inventado una ley de amnistía.
Pedro Sánchez ha implantado la gobernanza sin democracia. Ejemplos son: los Reales Decretos Ley, mediante subasta de exigencias, la usurpación del debate anual del Estado de la nación o convertir las sesiones de control al Gobierno en la descalificación del Gobierno a la oposición.
Con Pedro Sánchez, el Tribunal Constitucional, a través del palmero okupa de la presidencia, se ha convertido en el validador de la arbitrariedad política y en órgano de casación de las sentencias del Tribunal Supremo. Algo que hasta las instituciones de justicia europea están ya observando por la gravedad de la irregularidad.
Pedro Sánchez siente que el Estado es un bien privativo de él y su familia. Coloca a los amigos al frente de la empresas públicas CIS, CNI, RTVE… y está utilizando el dinero público para comprar participaciones en empresas privadas y apropiarse de los órganos de gobierno y control. Utiliza los bienes del Estado, palacios, fincas, las aeronaves del 45 Grupo, como bienes familiares propios en una apropiación y uso indebido de bienes públicos. Nada en Pedro Sánchez es ejemplar. Su obra es la descomposición y degeneración del Estado democrático.
Es verdad que también tiene hitos históricos en el fomento de la unidad de España. Con él se ha conseguido que las cuatro asociaciones de jueces se unan. Contra Sánchez. Lo mismo con los fiscales o los abogados del Estado. Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado también están unidos contra las políticas y actuaciones del Gobierno. Eso sí. Su disciplina y obediencia están fuera de toda duda. Sánchez ha despertado el nazionalismo español. Algo que se había terminado con el antiguo régimen. Sánchez lo sustenta porque la única utilidad de su existencia es impedir la alternancia de poder.
Pero todo esto puede pasar porque el ordenamiento jurídico español lo permite y no tiene mecanismos de defensa. Cuando en la transición los padres de la patria desarrollaban, en el Parador de Gredos, la Constitución y las bases del ordenamiento jurídico, era impensable prever que la política llegara tan bajo, con personajes tan ínfimos que compran el poder, con el dinero de todos los españoles, legislando en contra de los intereses de la nación y los ciudadanos.
De esto saldremos. Hay que tomar muy buena nota para derogar todo el destrozo institucional liderado por Sánchez. Además, habrá que afrontar las reformas legales e institucionales que eviten en el futuro lo que no se ha podido evitar con este presidente. Es hora de que Alberto Núñez Feijóo actualice y renueve públicamente el ‘Plan de calidad Institucional. La necesaria regeneración democrática’ que firmó el 23 de enero de 2023. Aquellas 60 medidas, lamentablemente, se han quedado obsoletas. Ahora hacen falta muchas más. Y los ciudadanos necesitan saber que en el futuro, si se repiten las Jenny y el puto amo, el Estado tendrá mecanismos de defensa y acción inmediatos.
