La «X» de la banda

Fue el juez prevaricador Baltasar Garzón quien abrió la veda en la justicia al acusar a una parte del gobierno de España de formar parte de una organización criminal por los actos cometidos por los GAL. Para que una organización sea tipificada como criminal es necesario que concurran una serie de características específicas que son: la participación en actividades ilegales, la existencia de una estructura organizada, el uso de la fuerza o la presión para alcanzar sus objetivos y, por supuesto, la permanencia en el tiempo. Cumplir esos requisitos te convierte en una «organización criminal».

Sigo con enorme detalle, por lo que supone, la causa abierta por el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado. No puede haber un nivel más elevado para hacer la instrucción y garantizar el debido proceso. Eso que debería ser responsabilidad de la fiscalía y que en la España de Pedro Sánchez es imposible. La justicia se enfrenta a dilucidar si hay responsabilidad delictiva por todos los que actuaron en la filtración de datos sensibles de la pareja de Díaz Ayuso y si la responsabilidad puede llegar al presidente. No hay que olvidar que el caso Fiscal General del Estado es la respuesta de presidencia del Gobierno a la causa de corrupción abierta contra Begoña Gómez. No es un caso aislado. Es una acción más dentro de la corrupta realidad política orientada a la permanencia en el poder y al beneficio de la familia del presidente.

En la causa contra el fiscal general del Estado, la cadena de mensajes es la clave para delimitar hasta dónde tiene que llegar en su investigación la justicia española. Los mensajes emitidos y recibidos la mañana del 14 de marzo de 2024 que pudieran aún contener los teléfonos de los ex cargos en Moncloa, Pilar Sánchez Acera —que fue jefa del gabinete de Óscar López cuando era director de gabinete del presidente Sánchez— y el ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. Sus mensajes serían claves para que Ángel Hurtado, el magistrado del Tribunal Supremo, pudiera cerrar una parte importante de la investigación que lleva contra el Fiscal General del Estado. Con esos mensajes tendría que dilucidarse si la responsabilidad de la causa llega hasta el presidente del gobierno. Hasta presidencia ya ha llegado. Lo que eran indicios podían convertirse en pruebas. Pues no. Los teléfonos móviles fueron sustituidos, sus mensajes borrados y las tarjetas SIM destruidas. Es decir, han actuado de forma similar a la del Fiscal General del Estado. Todos los involucrados se dedican a la destrucción organizada de las pruebas judiciales de forma sincronizada en el tiempo.

El avance de la instrucción está ampliando el ámbito de conducta punible mucho más allá de los hasta ahora investigados. El gobierno, a preguntas oficiales del Partido Popular sobre los teléfonos y los mensajes involucrados en el presunto delito, contestó: «Se vienen realizando actuaciones de renovación y actualización de la infraestructura de comunicaciones de la Administración General del Estado y de los altos cargos para adecuarla a la evolución tecnológica de los sistemas de comunicaciones móviles seguras y mitigar los riesgos que supone la evolución continua de las ciberamenazas». Eso se llama encubrimiento al intentar dar cobertura a la destrucción de pruebas. Y por ello, el gobierno se convierte en cómplice del delito. Es muy llamativo que sólo los involucrados en la corrupción del entorno gubernamental son a los que hay que “mitigar los riesgos” ya que deben de ser las únicas «víctimas de las ciberamenazas». Para el gobierno la justicia es un riesgo y los jueces una amenaza.

Cuando impera la obediencia debida al jefe, unida a la sensación de poder e impunidad, nadie piensa en lo que puede suceder. Hace un año, la hoy número dos de los socialistas madrileños envió por WhatsApp a Juan Lobato, entonces líder del PSM, el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto a Fiscalía para que fuera utilizado como arma política de destrucción contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Lobato, según lo recibió, supo que eso era delito y para protegerse hizo que los pantallazos pasaran a ser acta notarial. No se borraron todos. Hoy son prueba y los indicios se convierten en certezas. 

La conducta de Juan Lobato es la prueba de que él no forma parte de ninguna organización criminal. Y que por contraste es obvio que otros sí lo hacen. Por no ser parte de la organización criminal ha sido apartado del partido y sustituido por otros miembros leales a la organización criminal y que están involucrados en los hechos.

«La organización tiene un jefe, alguien que manda mucho. Ningún juez se ha atrevido a ponerle nombre, el aforamiento debe servirle de protección»

Todo sucede alrededor de la familia de Pedro Sánchez. En la Moncloa están organizados y se comportan de forma delictiva sistemática. La mujer y el hermano del presidente tienen asignados «altos cargos» que, desde Presidencia del Gobierno, dan soporte cotidiano y logístico para las prácticas impropias y delictivas de la familia del presidente.

En la organización, a los miembros leales y comprometidos se les promociona con premios. Así, Óscar López ha ascendido a ministro y su jefa de gabinete —la que mandó el mensaje a Lobato— ha pasado a ser la número dos del partido en Madrid.

Para ser una «organización criminal» hay que participar en actividades ilegales y está en los juzgados que desde la Moncloa se producen conductas punibles. No es un hecho puntual, sino que es una forma de actuar organizada y mantenida en el tiempo. También es verdad que hay toda una estructura jerarquizada en la que están involucrados funcionarios de presidencia, personal de confianza del presidente, que ostentan altos cargos en los poderes del Estado y actúan de forma coordinada y organizada. La destrucción sistematizada de pruebas pone, más que en evidencia, la existencia de una estructura que impone pautas de conducta a todos sus miembros. Para que no falte ninguna de las características asociadas a una organización criminal, desde la Moncloa y el partido se persigue y amedrenta a los jueces instructores y a periodistas, cuando no se amenaza, como hizo el Fiscal General del Estado con usar informaciones que tiene por su condición. Reiteración del delito de revelación de secretos.

Todo esto pasa porque la organización tiene un jefe. La «X» de la banda. Su perfil es el de alguien que manda mucho, premia y castiga a los que trabajan en la organización. Tiene poder para hacerlo a través de nombramientos. Siempre aparecen sus personajes cubriendo los puestos necesarios para poder seguir actuando. Todos se someten a él. Ningún juez se ha atrevido a poner nombre y apellido al responsable máximo. Es obvio. El aforamiento debe servirle de protección. Eso que no tienen ni Begoña ni David. La mujer y el hermano del presidente.