Falseando hasta que sea real

El presidente del CIS, José Felix Tezanos, fue agraciado recientemente con un cheque regalo (en forma de real decreto), por el que el reputado sociólogo socialista fue elevado de rango en la milicia sanchista, pasando de director general a subsecretario. El ascenso conlleva también un generoso aumento de sueldo y discrecionalidad para contratar a un equipo de asesores. Sin duda se trata de un merecido premio a su esforzada dedicación a la ‘militancia demoscópica’ y a la creación de climas electorales artificiales, después de una prolongada carrera profesional de fallos en la predicción de los resultados electorales.

El último año (2024), sin ir más lejos, el CIS erró gravemente con sus pronósticos en tres de las cuatro elecciones que se disputaron en España. En los comicios europeos dio la victoria electoral a los socialistas, por delante del PP, partido que finalmente ganó los comicios con el 34,2% de los votos (entre 4 y 6 puntos más de lo que había previsto el instituto demoscópico). Tampoco tuvo suerte en los comicios autonómicos vascos. En su último sondeo antes de las elecciones, el CIS dio ganador a EH Bildu, que al final fue derrotado por el PNV.

En las elecciones gallegas sí acertó con el ganador (el pulpo Paul también lo habría hecho tratándose de Galicia), pero se obstinó en cuestionar que los populares fueran a revalidar la mayoría absoluta. La explicación a tanto esfuerzo de creatividad estadística tal vez esté en un reciente editorial de la revista Temas (diciembre de 2024), que dirige el propio Tezanos, en la que se sostiene en una pieza titulada Bulos, infundios y patrañas, que “el bulo tiene por fin último influir y condicionar el resultado electoral”.

Pero el CIS no es el único organismo que en estos años ha renunciado voluntariamente a su aura institucional para integrarse en la maquinaria de guerra del Gobierno. También lo ha hecho el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, convertido en la depuradora de las aguas tóxicas (ERE, Otegi, amnistía, etc) que el Ejecutivo vierte sobre el Estado de derecho.  En esa vanguardia también están la Abogacía General del Estado (un servicio doméstico para la familia Sánchez) y Don Álvaro o la fuerza del sino, el heterodoxo fiscal general del Estado y acreditado artista del borrado de móviles. El arsenal se completa con el Banco de España, el Consejo de Estado, el INE, la CNMV, la CNMC o el asalto a empresas públicas como Telefónica. 

Tampoco se esconden algunos apóstoles de los medios públicos de comunicación. Hay responsables de programas en RTVE que faltando a la obligada neutralidad que exige una cadena pública imparten lecciones de deontología profesional e incluso pontifican sobre quién es un “pseudoperiodista” y qué es un “pseudomedio”. Hay otros, antiguos paladines de la libertad de expresión y excombatientes de los “viernes negros”, que sacan pecho por llamar “delincuente confeso” a un imputado, mientras naturalizan los acuerdos del Gobierno con partidos cuyas cúpulas sí han sido condenadas en firme.  Sin embargo, no hay nada heroico en repetir las consignas que cocinan en el departamento de ‘agitprop’ del Palacio de la Moncloa.

Al final, toda la tropa sanchista responde a un mismo patrón: fidelidad incondicional y descaro infinito. Algunos se envuelven en un halo de progresismo y en las cruzadas contra lo facha, pero otros ni siquiera tratan de disimular. Les da lo mismo. Saben por qué están ahí, para qué los han nombrado y cumplen a plena satisfacción con el encargo de su cliente. 

Pero el descaro ya no solo se limita al uso y abuso de todo lo público, sino que con el estallido del cisma con el grupo Prisa se entra en una nueva fase de bandolerismo político. Si ya es grave que un Gobierno decida crear una nueva televisión para reforzar su ventaja electoral frente a los rivales políticos, lo es aún más que trate de deponer al principal accionista del grupo mediático que rechaza el proyecto porque no cree en su rentabilidad económica.

El propio presidente del grupo, Joseph Oughourlian, lo ha denunciado sin eufemismos: “Sería inaceptable que cuando estamos recordando que hace 50 años murió el dictador Franco, alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”. El presidente del Gobierno que quería pasar a la Historia por sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, comparado con el dictador por el dueño del grupo de prensa que continúa siendo el principal aliado mediático del Gobierno. A ver qué guionista es capaz de superar este thriller de directivos infiltrados, ofertas que no se deben rechazar e intentos de okupación de una empresa ajena. 

Sin embargo, todo lo anterior palidece si se compara con la decisión presidencial de gobernar orillando las funciones constitucionales del Parlamento. El artículo 1.3 de la Constitución declara que “la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”, mientras que el 134.3 establece “la obligatoriedad de presentar los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Esta era también la doctrina del Pedro Sánchez mientras estaba en la oposición. Ahora, como las uvas están verdes, arguye que la economía va bien y que los Presupuestos vigentes, que datan de 2023, ya son suficientemente buenos. Lo de siempre, la típica propaganda de raíz trumpista: falseando hasta que lo inverosímil parezca real. 

Pero la gran cuestión es cómo se enfrenta desde la democracia a un gobernante que está dispuesto a saltarse las reglas del juego para perpetuarse en el poder. Naturalmente, con más democracia. Y en eso debería andar la oposición. No hay más antídoto que un sólido proyecto nacional de regeneración y fortalecimiento institucional que restituya el papel que los padres de la Constitución pensaron para las instituciones ahora abusadas.

Sí, más régimen del 78, pero actualizado y mejorado. Explorando, por ejemplo, una limitación de mandatos para la presidencia del Gobierno, la obligación de mayorías aún más cualificadas para ciertos nombramientos, el control efectivo de toda la corte de los asesores inútiles, el blindaje absoluto de las competencias del Estado, así como afinar la elección y los procedimientos de los órganos de control. Pero no basta con legislar, las democracias que buscan la excelencia tienen reglas no escritas, esas que tienen que ver con una idea ética del poder. Y la primera de todas es convocar elecciones cuando no se tiene la mayoría de las Cámaras para sacar un Presupuesto o modificar la política de defensa.