Algunas amenazas preocupantes a la libertad de expresión
«Es muy posible que Luisgé Martín no sea todo lo sensible que uno hubiera deseado con las víctimas. ¿Eso significa que su libro no debería publicarse?»
Dtención de la joven Rumeysa Ozturk. | Reuters
Así se comporta una dictadura.
El vídeo parece de la Rusia de Putin. Una joven es rodeada por varios individuos encapuchados y con pañuelos cubriendo la cara. Uno de ellos se le acerca y le dice algo, presumiblemente que la vienen a detener. La joven, Rumeysa Ozturk, una estudiante de doctorado turca en la Universidad de Tufts, se resiste y desespera. Finalmente la esposan y se la llevan. Quien graba el vídeo, desde una ventana, exige a los «secuestradores» que se identifiquen. No lo hacen, pero pronto se descubre que son trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
A Ozturk no se le explicó por qué era detenida, y fue enviada a un centro de detención de inmigrantes en Louisiana. Su abogado no supo el motivo de su arresto hasta que un portavoz oficial emitió un comunicado en el que decía que Ozturk había «participado en actividades de apoyo a Hamás, una organización terrorista extranjera que disfruta con el asesinato de estadounidenses». No aportó ninguna evidencia de ese «apoyo a Hamás», pero la prensa ha descubierto que Ozturk coescribió un artículo en el periódico de su universidad, The Tufts Daily, en el que pedía que esa institución se implicara más en contra del genocidio en Palestina.
Después de publicar ese artículo, la organización anónima Canary Mission, que hace listas negras de individuos anti-Israel en Estados Unidos, la incluyó en su lista. Ahora el Gobierno dice que ha retirado su visa de estudiante y que la deportará. Es un ejemplo más de una cada vez más larga lista de inmigrantes en Estados Unidos deportados o amenazados con la deportación por sus ideas políticas.
Así se comporta una democracia degradada.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene un largo historial de desprecio a la prensa crítica. Quizá el momento álgido fue justo hace un año, cuando Pedro Sánchez escribió una carta a la ciudadanía en la que atacaba a la prensa por siquiera atreverse a investigar los negocios de su mujer. Pero su guerra viene de muy atrás, y se proyecta muy en el futuro. Hoy está inmerso en un conflicto por el control de Prisa, un grupo mediático que ya es en ocasiones obscenamente afín al Gobierno.
A través de su control de Telefónica (cuyo presidente, Marc Murtra, es muy próximo al PSC), está intentando forzar la salida del máximo accionista, presidente del grupo y ahora también de El País. Como ha explicado Álvaro Nieto, este intervencionismo es preventivo: busca garantizarse el apoyo de Prisa en el supuesto de que Sánchez desaloje el poder. De lo contrario resulta inexplicable que el Gobierno quisiera intervenir tan radicalmente en un grupo que ya lo apoya radicalmente.
Así se comporta una opinión pública iliberal.
La editorial Anagrama ha suspendido indefinidamente la publicación del libro El odio de Luisgé Martín, sobre el parricida José Bretón. Lo hace a la espera de la resolución de varias demandas contra él, tanto de la Fiscalía de Menores de Barcelona como de la Fiscalía General del Estado. Un juez rechazó la demanda del Ministerio Público y la Fiscalía volvió a recurrir. En este conflicto hay un debate legal entre los límites de la protección de una víctima y los límites de la libertad de expresión.
La ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen considera que es una intromisión ilegítima cuando hay una «utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas». Y como ha recordado el jurista Germán Teruel, lo más importante «es que tiene que haber una humillación o menoscabo de la dignidad de las víctimas. No cabe cualquier molestia o la genérica afirmación de que este tipo de obras ‘revictimizan’ y causan dolor».
Y el relato que está prevaleciendo es el ambiguo de la «revictimización»: ¿cómo se mide? Es muy posible que Luisgé Martín, un autor enamorado de sí mismo que escribió discursos para Pedro Sánchez, no sea todo lo sensible que uno hubiera deseado con las víctimas. ¿Eso significa que su libro no debería publicarse? El objetivo del autor no era dañar a las víctimas, igual que el objetivo de Anónimo García no era humillar a la víctima de La Manada cuando hizo la web satírica Tour de la Manada (al contrario, buscaba criticar el sensacionalismo periodístico). Y, como ha escrito Daniel Gascón, «el dolor, por atroz y comprensible que sea, no puede ser la medida de la responsabilidad jurídica ni el límite de la libertad de expresión, pese a lo que sostengan grupos o ministros».
