Somos una democracia, y ese es el problema

Ha llegado el momento de reconocer que hemos fracasado. O que ellos han fracasado, quienes pensaron y negociaron la Constitución española; el «régimen del 78» que nos aflige. Nos ha permitido medio siglo de turnismo sin guerras civiles ni revoluciones. Bien está. Pero no se parece a un Estado de derecho. Y no sólo permite, sino que ampara el poder sin límite de Pedro Sánchez. Carece de límites, con la excepción de ciertos automatismos del sistema judicial. Fuera de eso, tan libre es él como esclavos podemos serlo el resto de los españoles. 

Pedro Sánchez no tiene ataduras personales. No le constriñe sentido alguno de la moral, o del deber. Las leyes carecen para él del valor sagrado que han de tener las normas sociales. Son datos del mundo exterior, que entran en su desmesurado esquema de fines y medios. Lo somete todo a una ambición desmedida. Es normal. La política favorece que ese tipo de personas escale hasta llegar a lo más alto. «Por qué los peores llegan a lo más alto» se titula un capítulo de Camino de servidumbre, de Friedrich A. Hayek. El porqué, por cierto, está en la falta de escrúpulos. 

Precisamente porque es normal, porque el poder atrae a quienes quieren utilizarlo sin cortapisas, hemos aprendido a limitarlo. Eso lo hace menos atractivo (¿quién querría ser primer ministro de Suiza?), y también menos peligroso. Polibio lleva dos milenios diciéndonos lo razonable que es tener una constitución mixta, en la que el principio de la monarquía, el de un hombre ejerciendo todo el poder, debía combinarse con el del gobierno de los mejores, aristocracia, y ambos con el del pueblo; la democracia. Después de siglos de reparto del poder, como ideal o como realidad institucional, Montesquieu lo interpretó como separación de poderes. Y en eso estamos. En eso estamos casi todos. No los españoles, por cierto.

Pedro Sánchez ha colocado a varios miembros de su banda a controlar las instituciones que forman parte del Estado. Así, ha puesto a exministros socialistas en Paradores (Raquél Sánchez), Hispasat (Pedro Duque) y, sí, Red Eléctrica (Beatriz Corredor). Y a exsecretarios de Estado en el INE (Elena Manzanera), Correos (Pedro Saura), Efe (Miguel Ángel Oliver), Renfe (Raúl Blanco) o el CNI (Esperanza Casteleiro). Y a ex asesores y militantes del PSOE: CIS (José Félix Tezanos), Correos e Infraestructuras de Transporte Terrestre (José Manuel Serrano), RTVE (Concepción Cascajosa), y Casa Árabe (Irene Lozano). Ha puesto los resortes de la Administración a su único servicio. Y no pasa nada.

Le ha cogido el gusto a gobernar por decreto. El colmo es cuando modificó por Real Decreto-ley 47 leyes, cuando las Cortes estaban disueltas. No hay ocasión en que comparezca ante los diputados y que responda a las preguntas que le hace la oposición. Desprecia al Congreso, a los diputados y a los votantes. Ya ni cumple con la obligación constitucional de presentar unos presupuestos. La última vez que compareció ante el Senado fue en enero de 2023. Y no pasa nada. 

«Huyó cobardemente de Paiporta, y abroncó al Rey por no ser tan cobarde como él, o por no cubrir su huida. Y no pasa nada»

Para desprecios los que hace constantemente a la Corona. Fue el primero en irse en la recepción de la Fiesta Nacional en 2018, como si fuera él y no Felipe VI el anfitrión. Repitió su actitud en 2022 y 2023. En 2022, además, se retrasó. Cuando amagó con dimitir, se reunió con el Rey sólo para utilizar la reunión como parte de su teatro de dimisión, que por supuesto nunca se produjo. Huyó cobardemente de Paiporta, y abroncó al Rey por no ser tan cobarde como él, o por no cubrir su huida. Y no pasa nada.

Encerró a los españoles en sus casas, y detuvo el proceso que nos permite progresar, que es la producción y el intercambio. Dijo que lo hacía basándose en el mejor consejo de un comité científico que, en realidad, nunca existió. Violó la Constitución, y sólo la designación de unos agentes políticos en el Tribunal Constitucional le permite decir que no lo hizo. Y no pasa nada.

Sí, ha hecho suyo el Tribunal Constitucional. Y Cándido Conde-Pumpido, Darth Vader de la justicia española, ha intentado convertir al TC, órgano político en manos del PSOE, en la cabeza del sistema judicial español. Una cabeza borradora, dicho sea en homenaje a David Lynch. Pero no es la última instancia del sistema judicial, ni puede reclamar tener la última palabra frente a las decisiones judiciales europeas. Pero eso también lo ha intentado. Con el Constitucional, el Gobierno ya ha borrado las penas del mayor caso de corrupción de la historia española: los ERE de Andalucía. Y no pasa nada. 

Ha hecho lo mismo con la Fiscalía, que ya no es un órgano de la justicia al servicio del ciudadano. Ni siquiera está al servicio del Estado. La Fiscalía está al único servicio del presidente. Nombró a una ministra como fiscal general, y luego colocó a su número dos. Desde esta posición se ha sumado a la persecución personal y política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, única oposición operativa al Gobierno de Sánchez. El actual fiscal general está imputado por un delito de revelación de secretos. Y no pasa nada. 

«Sánchez asume un lenguaje divisor, y le niega a una parte de la sociedad española todo derecho de participar en las instituciones»

Ha mercadeado la facultad de conceder indultos a cambio de apoyos políticos. Y los ha repartido entre quienes se alzaron contra la Constitución española, y contra la misma continuidad histórica de nuestro país. Colma de beneficios a una región, mientras que lucha denodadamente contra otras, como Madrid o Andalucía, sólo porque los votantes han optado por dejar al PSOE en la oposición. Sánchez asume un lenguaje divisor, y le niega a una parte de la sociedad española todo derecho de participar en las instituciones, sólo porque son «ultraderecha». Y no pasa nada. 

Los casos de corrupción en torno a la persona de Sánchez son tantos que es imposible hacer una relación de los mismos y explicar sucintamente en qué consisten, y no dedicar un texto tan largo como este artículo para poder hacerlo. Delcygate, Mascarillas, Hidrocarburos, Bolsas con dinero en el PSOE, ADIF, Jésica, David Sánchez Pérez-Castejón, y los múltiples casos de corrupción vinculados a la esposa del presidente (caso Barrabés, caso Complutense, caso Globalia). Y no pasa nada.

Sánchez ha señalado a las únicas realidades que se le oponen: un conjunto de jueces empeñados en aplicar la ley antes de que Conde-Pumpido borre las penas por los delitos de los amigos de Sánchez. Y un conjunto de medios de comunicación que actúan al margen de los designios del Gobierno. Una actitud que facilita los centenares de millones de euros que reparte Sánchez a los medios afines. Y no, no pasa nada porque Sánchez adopte un discurso bolivariano, progresista, contra jueces y periodistas. 

Nada le ha detenido. Las instituciones españolas no tienen ningún mecanismo que modere al poder, que lo sujete, que evite las más graves violaciones de la ley, los preocupantes ataques a las propias instituciones. Hoy sabemos que Sánchez podría crear unos GAL sin miedo a que sus peones acaben en la cárcel. Su único límite es su imaginación y su voluntad. 

No es así como debían responder nuestras instituciones. Debiéramos ser un Estado de derecho, un sistema político con contrapesos, con el poder dividido, separado e independiente. Pero somos una democracia, somos sólo una democracia, y ese es el problema. Lo único que asegura la Constitución española es que gobernará quien más votos concite en el Congreso de los Diputados. Es la regla de la mayoría. Y la mayoría puede ser tiránica.