La última ocurrencia

Escribo este artículo durante la tarde del miércoles y le pongo por título “La última ocurrencia”… de Pedro Sánchez, naturalmente. Pero puede ser que al publicarse ya sea la penúltima: a este vertiginoso ritmo actúa nuestro Gobierno cuando de ocurrencias se trata. 

En todo caso, me refiero, como habrán adivinado ustedes, queridos lectores, al anuncio e inmediata puesta en marcha de una consulta ciudadana sobre la opa del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) al Banco de Sabadell, anunciada casi hace un año y que no acaba de resolverse. 

Prescindo de explicar que es una opa, no soy el más indicado para hacerlo dado mis escasos conocimientos en esta materia. Baste solo decir que se trata de una oferta pública de adquisición de acciones (de ahí las siglas) a otra empresa, es decir, de una relación entre particulares que por su importancia o envergadura precisa de la autorización del Estado, de acuerdo con determinados procedimientos reglados, debido a sus implicaciones con los intereses generales. 

Es obvio que una opa cuya finalidad es la fusión de dos grandes bancos afecta a cuestiones relacionadas con la libre competencia entre entidades financieras y con la necesidad de empresas bancarias de gran volumen necesarias para poder competir en el actual mercado global. Decidir sobre este dilema -libre competencia / tamaño del banco resultante- es función únicamente del Gobierno español tras determinados trámites establecidos en las leyes, el principal de los cuales es el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que fue emitido hace unos días.

Ahora bien, esta opa no es neutral, sino que está politizada en el mal sentido: los partidos nacionalistas catalanes consideran que el Banco de Sabadell debe conservar su autonomía y no ser absorbido, como empresa menor, por el BBVA. Entre estos partidos nacionalistas debe incluirse en lugar prominente el PSC, el partido socialista catalán, hermandado con el PSOE, al frente del cual está el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ministro de Sanidad durante el Gobierno Sánchez de la época de la pandemia y que hoy ejerce en Cataluña el mismo papel que en otros tiempos llevaba a cabo CiU cuando actuaba como lobby del empresariado catalán en Madrid. 

Por tanto, entre los innumerables pactos entre el Gobierno de Sánchez con ERC y Junts, sea en el Congreso de los Diputados, en Waterloo o en Ginebra, también figura la opa del BBVA al Sabadell, la cual no debe prosperar pues Cataluña se quedaría sin banca en el caso de que fracasen los actuales intentos de asalto al grupo Caixabank (que incluye La Fundación La Caixa y el grupo industrial Criteria, estos de nuevo con sede social en Barcelona) por parte del nacionalismo catalán. 

Una nación debe tener un banco como mínimo, un Estado debe tener más de uno, recuerden que el Procés sigue, bajo formas distintas al período 2012-2017, pero sigue: los independentistas no cejan en su empeño, los socialistas les secundan por convicción nacionalista y para complacer a Pedro Sánchez. 

Así pues, la opa no es una mera operación financiera sino que tiene un claro trasfondo político. ¿Cómo salvar al presidente Sánchez? Este es el objetivo de los independentistas catalanes desde hace siete años, y con más intensidad desde las elecciones de 2023 porque “la izquierda a la izquierda del PSOE” se debilita e, incluso, se distancia de los socialistas. Sánchez les ayuda en todo, ahora en salvar al Sabadell de ser absorbido por el Bilbao Vizcaya. Por supuesto, Illa, Puigdemont y Junqueras también ayudan en todo a Sánchez. 

Sin embargo, la última e inesperada treta, esta insólita consulta pública, no parece tener visos de prosperar. En primer lugar, no tiene cobertura legal. La audiencia a los interesados está permitida expresamente en las leyes para las disposiciones de naturaleza reglamentaria, incluso son frecuentes y tienen apoyo constitucional (art. 105 CE), pero no las decisiones propias del Consejo de Ministros que, en todo caso, sólo tendrían justificación legal, según la Ley de Defensa de la Competencia, si afectaran al interés general, entendiendo por tal, según esta ley, cuestiones que afecten a la Defensa y la seguridad nacional, la salud pública, la libre circulación de bienes y servicios, el medio ambiente, la promoción del I+D o los objetivos de regulación sectorial. 

«Las garantías de que el proceso sea limpio son casi inexistentes, especialmente por la participación en el mismo de los ciudadanos»

Ninguno de estos seis criterios parece tener relación con la dichosa opa que nos ocupa y, por tanto, el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida por las razones dichas que vamos a resumir. Primero, el dictamen de la CNMC ha sido aprobado por unanimidad y el Gobierno no puede apoyarse en las razones expuestas en algún voto particular; segundo, los criterios que afecten al interés general, única razón por la que puede oponerse a la opa, no parecen tener relación con la misma; tercero, cualquier otra decisión que adopte vulneraría el principio de legalidad, ya que el Consejo de Ministros no es libre de adoptar cualquier decisión, sino que debe estar, como cualquier otro órgano público, autorizado expresamente por una ley; cuarto, y último, en este supuesto no tiene competencias para convocar una consulta pública.

La consulta, obviamente, es una trampa. Establece varias preguntas que pueden ser contestadas por “ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que pueden verse afectados por la operación”. Las garantías de que el proceso sea limpio son casi inexistentes, especialmente por la participación en el mismo de los ciudadanos. La pregunta principal de la consulta es la siguiente: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puedan verse afectados por la operación BBVA-Banco de Sabadell?”. 

No imagino a los ciudadanos afectados -¿cómo se comprueba ese misterioso censo?- contestando a ésta y otras preguntas. Sí imagino, en cambio, a ciudadanos -y hasta organizaciones, asociaciones y agentes económicos- cometiendo fraude legal para votar lo que les manden los políticamente interesados. 

Así pues, la demagogia puede llegar a ser infinita. Esta última ocurrencia de nuestro presidente del Gobierno y sus asesores es el colmo de la demagogia, crea inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores internacionales de un país con un Gobierno nada serio. 

En La escapada (Il sorpasso), la célebre película de Vittorio Gassman y Trintignant dirigida por Dino Risi, el automóvil cae inevitablemente al precipicio. Las ocurrencias se pagan.