El apagón y la mordaza

Hoy se cumplen cuatro semanas y un día desde que se fuera la luz en toda la Península Ibérica por causas todavía desconocidas, aunque sí sabemos que el origen del apagón tuvo lugar en la red eléctrica española y que el efecto dominó tumbó la portuguesa al mismo tiempo. Francia se libró al desenganchar sus líneas de interconexión con la península apenas tres segundos antes del incidente, por utilizar el desafortunado sustantivo técnico que eligió Red Eléctrica para describir el blackout en su, hasta hoy, única nota de prensa. Red Eléctrica Española (REE) es la empresa responsable de la operación del sistema eléctrico español desde 1985 y, como tal, es el decano de todos los operadores de la Unión Europea.

La Ley del Sector Eléctrico de 2013 dice en su artículo 30 que “el operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte” y “ejercerá sus funciones […] bajo los principios de transparencia, objetividad, independencia y eficiencia económica”. Por tanto, desde el pasado 28 de abril, a las 12 horas 33 minutos y 34 segundos, todas las miradas estaban puestas en ella, empezando por la del Gobierno, al que REE rinde cuentas porque el servicio público que presta es de titularidad estatal.

A pesar de la gravedad extrema del apagón, que no tiene precedentes en suelo europeo, en estas cuatro semanas estamos asistiendo a un espectáculo insólito («shocking» en palabras de una de mis alumnas del IE) en el que Red Eléctrica ha hecho mutis por el foro, y hasta su breve y única nota sobre el incidente ha desaparecido también de los titulares de su página web. Ya solo contamos como única fuente de información pública con la nota de prensa de Entsoe (la asociación europea de operadores de sistemas eléctricos), en la que se detalla la cronología de los eventos previos al apagón y la creación del panel de expertos que dilucidará, en un plazo de seis meses, las causas del incidente.

Tenemos que agradecer al operador de la red eléctrica francesa RTE que mantenga en su página web toda una batería de “preguntas frecuentes” que tratan de explicar la complejísima gestión de las redes eléctricas europeas y, por tanto, la dificultad para identificar las posibles causas de un apagón como el que hemos sufrido.

No es un gran consuelo comprobar que el mutismo de Red Eléctrica se aplica también a sus accionistas: ningún hecho relevante de su empresa matriz Redeia aparece en la página web de la CNMV, que tampoco parece haberle exigido (como le autoriza la ley del mercado de valores) la publicación de un comunicado sobre el apagón. A lo mejor la CNMV y Redeia no creen necesario explicar a los accionistas que, por ejemplo, con la ley del sector eléctrico en la mano, el Gobierno podría llegar a sancionar a REE con una multa de hasta 60 millones de euros por la comisión de una infracción muy grave.

«REE estaba al tanto de los riesgos que los cambios tecnológicos derivados de la transición energética traen consigo»

No sabemos cómo se estarán asesorando los miembros de su consejo de administración, empezando por el consejero delegado, sobre cómo mejor cumplir sus obligaciones como administradores de una empresa cotizada. Lo que sí sabemos es que estaban al tanto (Informe Anual de 2024) de los riesgos que los cambios tecnológicos derivados de la transición energética traen consigo, entre los que constaban: las “desconexiones de generación que podrían llegar a ser severas por alta penetración de renovables”; y la “pérdida de prestaciones de generación firme” -capacidad de balance, fortaleza e inercia- asociada al cierre de centrales de generación convencional de carbón, ciclo combinado y nuclear. Riesgos ambos que se presentaron al menos en el suroeste peninsular el día de autos, y cuya mención ahora parece incomodar sobremanera.

Del mismo modo que todos nos hemos congratulado por la eficacia y la profesionalidad con la que los técnicos de REE restauraron el fluido eléctrico a todo el país en menos de 16 horas, del mismo modo, digo, hay que congratularse del dinamismo con el que la llamada sociedad civil se ha enfrentado al telón de acero informativo que ha caído sobre ella. Las redes sociales profesionales están en plena ebullición tratando de identificar, con mayor o menor acierto, las debilidades de nuestro sistema eléctrico que pudieran explicar el apagón. Incluso reputados especialistas extranjeros se unen al esfuerzo escrutador.

La Real Academia de Ingeniería nos brindó hace unos días una magnífica exposición del catedrático Antonio Gómez Expósito sobre la nueva realidad de las redes de transporte y subtransporte eléctrico y de cómo el despliegue de las energías renovables supone un reto y también una oportunidad en la gestión de las redes eléctricas. Pero como no disponía de información pública alguna sobre el comportamiento de la red española, ¡tuvo que recurrir como mejor aproximación a las medidas de frecuencia y tensión del operador portugués en la ciudad fronteriza de Faro! justo antes del apagón.

El esfuerzo de precisión y transparencia que se aprecia en los intentos de la sociedad civil por entender lo que pasó contrasta con los balones fuera de la primera intervención pública de la presidenta de Redeia el pasado día 22. No es aceptable escudarse detrás de la “complejidad” de la “caja negra” ni de los “millones de datos”, ni en que REE sea “solo una parte más de la investigación”.

«El operador tiene que rendir cuentas no solo a las autoridades sino también a la opinión pública»

Todo el mundo sabe que serán sus técnicos los que tendrán que dilucidar lo que ocurrió, porque ni en el Ministerio ni en la CNMC hay tanta experiencia acumulada como en Red Eléctrica. Por eso el operador tiene que rendir cuentas no solo a las autoridades sino también a la opinión pública. Si el “fundido en negro” de estas cuatro semanas se alargara mucho más en el tiempo, corremos el riesgo de que la credibilidad del operador quede seriamente dañada, arrastrada por un Gobierno que ha decidido empañar el legítimo debate sobre el apagón con invectivas hacia los siempre sospechosos “operadores privados” y los “ultrarricos” que los dirigen.

“La transición energética es un vasto proceso de aprendizaje social que está mediado por la política […] y sería una triste ironía española que la sencilla y valiosa lección que pone a nuestra disposición el blackout peninsular pueda desatenderse por un puñado de votos”. Esta acertadísima reflexión aparecía en un artículo reciente del catedrático Manuel Arias Maldonado.

Aunque el Gobierno mantuviera amordazados a los técnicos de REE, el que suscribe, que inició su andadura profesional en el entonces jovencísimo operador del sistema, quiere creer que sus técnicos no dejarán pasar esta valiosa oportunidad de aprendizaje. La prudencia con la que están operando el sistema desde el día después del apagón, aumentando el despacho de restricciones técnicas, es una buena muestra de ello. Esperemos a mayores que se aseguren de que el aprendizaje lo sea para todos, y que el proceso lo lleven a cabo con la transparencia, la objetividad y la independencia que les exige la ley y su propia deontología profesional.