El parto de los montes y las lenguas

Resulta a todas luces increíble que, en pleno siglo XXI, con todo lo que está cayendo, la tarea prioritaria del Gobierno de España en la UE se dirija a conseguir que catalán, vasco y gallego (especialmente el catalán) sean reconocidas como lenguas oficiales en la UE. Al menos eso es lo que nos transmiten en los medios de comunicación, puesto que, afirman sin ambages, eso es decisivo en las relaciones entre Pedro Sánchez y Junts, dado el ultimátum de Puigdemont, que exige tal acción del Gobierno de España para mantener a su presidente en la Moncloa, amenazando con una táctica de acoso y derribo en caso contrario.

El problema está servido. Para poder llegar a establecer conclusiones acerca del tratamiento que Europa, a través del Consejo de Europa y la Unión Europea, otorga a las lenguas regionales o minoritarias, tenemos que tener en cuenta que con la integración europea hemos configurado un sistema jurídico multinivel, en el que las normas jurídicas de los Estados se insertan, teniendo en cuenta sus disposiciones constitucionales, en un marco que define los criterios básicos que determinarán las regulaciones jurídicas internas.

Destacamos, al respecto que, en relación con la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias, en España los ámbitos de compromiso cubiertos por tal norma se han cumplido con creces, incluso desde antes de que tal texto entrara en vigor, yendo más allá del propio texto de la Carta, pues en materia de enseñanza no sólo se garantiza el conocimiento de tales lenguas sino que la enseñanza se imparte efectiva y casi exclusivamente en las lenguas co-oficiales, pese a que la Carta no obliga a ello y que, de hecho, lo que se está haciendo en algunas comunidades autónomas es discriminar a quienes pretenden que la lengua oficial, el español, sea también vehicular en la enseñanza, sancionar la rotulación de comercios y negocios en español, negar un puesto de trabajo sin acreditar un alto conocimiento lingüístico de la lengua catalana o dificultar cada vez más el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en aras de forzar un monolingüismo social reduccionista que está siendo un obstáculo a la libre circulación de personas, especialmente en los ámbitos laborales.

A ello añadiré que, en el marco de un “relato” completamente falso, se nos dice que catalán, vasco y gallego son oficiales en España, cuando no lo son sino que son co-oficiales y solo en el respectivo territorio en el que su Estatuto de Autonomía les otorga ese rango de lengua co-oficial. Pero no en el conjunto de España, donde la Constitución es muy clara: Tras afirmar que el castellano es la lengua española oficial del Estado (sic), dispone que las demás lenguas españolas (otra vez sic) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía (art. 3 CE).

Están utilizando asimismo el argumento de que casi nueve millones de catalanes (hasta 20 millones de hablantes de “lenguas oficiales” dice el Sr. Illa si sumamos el vasco y el gallego…) son discriminados por la UE (por culpa del muy antipatriota Partido Popular afirman), al no oficializar en ella su lengua, cuando existen Estados miembros con mucha menor población cuya lengua sí tiene carácter oficial en las Instituciones de la UE. Cierto, se trata de Estados miembros que lógicamente tienen su lengua oficial, sea cual sea su tamaño poblacional y, por ello, de acuerdo con las normas europeas en vigor, esa lengua tiene carácter de oficial en las instituciones europeas. Si al número de hablantes tuviéramos que referirnos como criterio para la oficialización de una lengua, tendríamos que oficializar el árabe, el turco o el ruso, porque son millones quienes, en el seno de la UE tienen alguna de esas lenguas como lengua materna; para lograrlo sería necesario encontrar un Estado miembro que se prestara a ello.

“Las lenguas co-oficiales no pueden tener mayor valor que el que les da la legislación interna española”

Ciertamente, las lenguas constituyen, además, por expresa disposición de los Tratados de la UE, un patrimonio cultural de primer orden que debe ser preservado y promovido, tanto por los poderes públicos como por los particulares. De ahí que, sobre el uso concreto de las lenguas dentro de las instituciones de la UE, se adoptó el Reglamento del Consejo No 1, en 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la entonces Comunidad Económica Europea, que actualmente es vinculante para la Unión y sus Estados miembros, sobre el uso de las lenguas, considerando como lenguas de trabajo a las lenguas oficiales de los Estados miembros.

Tal reglamento se ha ido modificando con las sucesivas ampliaciones de la Unión de tal manera que en la actualidad, establece un régimen lingüístico en el que cabe destacar que las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco (art. 1).

Además, en el art. 8 se establece, para los casos de co-oficialidad de lenguas en uno de los Estados miembros, que por lo que respecta a los Estados miembros donde existan varias lenguas oficiales, el uso de una lengua se regirá, a petición del Estado interesado, por las normas generales de la legislación de dicho Estado. Queda, pues, claro que las lenguas co-oficiales, que lo son en los territorios que así se reconozca en su Estatuto de Autonomía, no pueden tener mayor valor que el que les da la legislación interna española, sin que sea posible extrapolar per saltum la co-oficialidad a la Unión Europea.

Con ello se ha ido generando un marco plurilingüe que permite un cierto uso, conforme a la legislación interna de los miembros de la UE, de todas las lenguas que sean oficiales en el Estado. Al respecto, hay que señalar que, en 2005, como respuesta a una petición del Gobierno de España, que pedía la reforma del Reglamento precitado para incluir a las lenguas co-oficiales, oficializándolas, el Consejo tomó el acuerdo de que para que éstas pudieran ser utilizadas ante las instituciones y órganos de la UE, tendrían que ser canalizadas mediante un convenio regulador, siempre y cuando el coste de su utilización fuera sufragado por el correspondiente Estado miembro.

«Nunca el nacionalismo va a obtener tantas prebendas como con el presidente del Gobierno que tenemos»

En este contexto y en desarrollo de este Reglamento del Consejo, han sido firmados varios acuerdos administrativos entre España y el Comité de las Regiones (21 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social (7 de junio de 2006 y 7 de abril de 2025), la Comisión Europea (21 de diciembre de 2005), el Defensor del Pueblo Europeo (30 de octubre de 2010) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (27 de abril de 2009). En cuanto al Parlamento Europeo, no se ha formalizado ningún acuerdo administrativo, pero por Decisión de la Mesa de 3 de julio de 2006, se estableció que los servicios de traducción del Parlamento Europeo se encargarían de las traducciones necesarias para que éste puede responder a la ciudadanía en la lengua de la comunicación original, aunque se tratara de una lengua regional o minoritaria, sin que ello, en ningún caso derivara en la posibilidad de que los Diputados y Diputadas del Parlamento Europeo puedan utilizar las lenguas co-oficiales en sus intervenciones en los plenos del Parlamento Europeo.

Así las cosas, ahora, como consecuencia de los pactos habidos, vaya Vd. a saber dónde, entre el Gobierno y los nacionalismos, especialmente con Puigdemont, a los efectos de obtener la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y, sobre todo, para mantenerlo en la Moncloa porque de otro modo se perderían los votos de Junts, se pretende que catalán, vasco y gallego sean lenguas oficiales en el Consejo, contrariamente a lo que dispone el Reglamento de la UE antes explicado. Evidentemente, nunca el nacionalismo va a obtener tantas prebendas como con el presidente del Gobierno que tenemos, pues la dependencia de éste de estos grupos es palmaria, no sólo para lograr la investidura sino para aprobar leyes orgánicas, adoptar los presupuestos o tomar determinadas decisiones.

Para conseguir ese “primordial” objetivo, la oficialización del catalán en el Consejo especialmente, debido a los chantajes de Puigdemont (aunque vasco y gallego se incluyen como comparsas) se realizan todo tipo de acciones y se presiona con todos los argumentos posibles al resto de los Estados miembros, especialmente a aquéllos en los que España mantiene acciones, por ejemplo, en defensa, como es el caso de los Bálticos, que temen que las tropas españolas puedan disminuir en efectivos si no se pliegan a las exigencias de oficialización de tales lenguas.

Amén de las insinuaciones que se realizan en torno a soslayar las obligaciones de aumentar el gasto en defensa, o de las acusaciones de falta de solidaridad con que acusan a quienes no desean convertir la UE en una Torre de Babel. Además de converger dialécticamente con el soberanismo ultraderechista de Orban, quien considera que el uso de las lenguas oficiales dentro de las instituciones europeas debe poder ser decidido políticamente por el Estado concernido al margen de las disposiciones legales de la UE. Populismo puro y duro en concordancia con el mejor antieuropeísmo.

“Las ‘dudas jurídicas’ no se van a resolver si no se modifican los Tratados y el reglamento regulador de las lenguas oficiales”

Pero, he aquí que, visto el escaso entusiasmo que la propuesta española despierta, tal despliegue se ha ido convirtiendo en un repliegue: al final lo que el Gobierno de España estaba dispuesto a aceptar es conseguir que, a partir de 2027, se tradujeran a las lenguas co-oficiales las normas europeas que tengan valor de reglamento (alrededor del 3% de la producción normativa de la UE), financiando España la traducción. Fuegos artificiales de lo más vistosos, porque ahora mismo, como deriva de la normativa y el conjunto de los acuerdos que se han suscrito con órganos e instituciones europeas, no hay nada que lo impida.

Pero ni eso. España ha tenido que pedir a la presidencia rotatoria polaca que retire el asunto de la votación “por las dudas jurídicas y económicas” de varios países. Lo cual, en lenguaje europeo viene a significar que si te he visto no me acuerdo, puesto que reintroducir el tema para una futura decisión, por más que el ministro de Exteriores se empeñe en seguir proponiéndolo, es harto complicado. Las “dudas jurídicas” no se van a resolver si no se modifican los Tratados y el reglamento regulador de las lenguas oficiales. Y las “dudas económicas”, pese a la afirmación española de que lo pagaremos nosotros, no dejan de expresar el temor de que, a la larga y a la luz del ejemplo español, una vez puestas en marcha las primeras previsiones, se vayan intensificando los ámbitos a traducir y acabemos con varios centenares de cabinas en el hemiciclo para los traductores/intérpretes, pagados entonces ya por el presupuesto europeo.

De todos modos, no se preocupen demasiado. Lo volverán a intentar y volverá a suceder lo mismo. Hoy olvidan que la reivindicación y el aplazamiento para decidir este tema, casi a nivel de mantra, como reducto procesista, lo llevamos aparejado hace largo tiempo. Cabe también preguntarse si realmente los proponentes se creen lo que han propuesto o si, simplemente, lo que están haciendo es el teatrillo, necesario y suficiente, para que Puigdemont no se les desmadre y los descoloque. Se conjurarán, volverán a montar todo tipo de espectáculos, a cual más exagerado, mientras continúe la dependencia gubernamental de los votos de Junts. El ruido quizás se asemeje al producido por lo que se suele denominar gráficamente rayos y centellas.

Pero, por ahora, los montes parieron un ratón, ciertamente.